La conducción estatal de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) dejará planteada, antes del traspaso de la empresa a manos privadas el 13 de noviembre, una reforma tarifaria que, de ser aprobada, implicará aumentos para casi dos millones de usuarios residenciales de la ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense. Buscan resolver décadas de ineficiencias en el cobro del servicio.

La propuesta, que se discutirá este lunes desde las 10 en una audiencia pública convocada por el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS), prevé una suba promedio del 22,6% para seis de cada diez usuarios, además de las actualizaciones habituales por inflación. El objetivo declarado por el Gobierno es financiar por esta vía una ampliación de la tarifa social. Su aprobación, la fecha de entrada en vigor y el esquema de aplicación dependerán del regulador.

El impacto será diferente según la ubicación del inmueble y su clasificación actual. De acuerdo con los documentos presentados para la audiencia, 1.998.747 usuarios residenciales pagarían más, 683.927 tendrían una reducción promedio del 14,7% y otros 672.194 mantendrían sus valores por efecto de esta modificación. El reparto sería de aproximadamente 60%, 20% y 20%, respectivamente.

Entre quienes tendrán subas, la factura media mensual pasaría de $29.116 a $35.710, $6594 adicionales, según cálculos de la conducción actual de la compañía. Para quienes recibirán reducciones, bajaría de $27.889 a $23.798. Son importes sin impuestos y a valores de septiembre de 2026. Las próximas boletas dependerán también de las actualizaciones posteriores y del calendario de aplicación.

El cambio central está en los “coeficientes zonales”, uno de los factores que AySA utiliza para calcular las facturas y que busca reflejar la capacidad de pago según la ubicación de cada propiedad. La empresa propone reemplazar once valores definidos en las décadas del 60 y del 80 por cinco niveles, construidos a partir de información del Censo 2022 y de la Encuesta Permanente de Hogares del Indec.

Según la presentación, el esquema vigente dejó a zonas que se valorizaron dentro de categorías bajas. Hoy el 88,8% de la superficie urbana está encuadrada en ese nivel. La nueva clasificación tendrá coeficientes de 0,75 a 2,75. El Censo no releva ingresos: la empresa los estima a partir de características de los hogares y sus viviendas.

Pero el aumento no se explica únicamente por esa redistribución, porque más de la mitad de la facturación adicional provendría de retirar un descuento del 15% que reciben usuarios ubicados en zonas bajas y que perderían esa condición. La eliminación del beneficio explica el 54% de la facturación adicional prevista.

La presentación identifica a 504.044 usuarios residenciales que pagarían más exclusivamente por perder el descuento: el cambio de coeficiente no les generaría una suba. Para ese grupo, la eliminación del beneficio implicaría un aumento de hasta el 17,6%. Sin esa quita, la proporción total de usuarios residenciales con incrementos sería del 45%, en lugar del 60%.

El 22,6% es un promedio: el informe contempla correcciones máximas de hasta el 149%. Las superiores al 100% alcanzarían al 3% del total de los usuarios residenciales. La aplicación sería gradual. Las reducciones se trasladarían completas desde el primer mes. Para quienes pierdan la bonificación del 15%, se propone retirarla en tres etapas: el descuento pasaría al 10%, luego al 5% y finalmente desaparecería. Según la presentación de AySA, eso supone aumentos de “alrededor de 6% por mes” durante los primeros tres meses.

Cuando esos usuarios también deban afrontar una suba por el nuevo coeficiente zonal, esa segunda etapa comenzaría desde el cuarto mes. Para los cargos afectados por la reclasificación, la propuesta establece un límite del 5% mensual acumulativo, equivalente a alrededor del 4% sobre la factura total. Ese mecanismo de transición no reemplaza las actualizaciones nominales periódicas del servicio.

Entre los usuarios que enfrentarán aumentos, el 37% completaría el ajuste en tres meses; el 63%, en seis, y el 96%, en un año. Los últimos casos alcanzarían el valor final en el mes 19. El ERAS deberá resolver tanto la aprobación de los cambios como la fecha de entrada en vigor y su implementación. De todos modos, la audiencia de este lunes no es vinculante.

Con el esquema plenamente aplicado, AySA calcula una facturación adicional de unos $140.000 millones anuales, a valores de septiembre. La empresa propone destinar el total a reforzar la tarifa social. “El ingreso final de AySA no aumenta”, sostiene en la presentación. Los beneficiarios actuales quedarían protegidos: si la reclasificación reduce su descuento, se ajustaría la asistencia para mantener su factura neta.

La empresa informó que el programa de asistencia tiene unos 122.000 beneficiarios. Fuentes de AySA explicaron que su ampliación también busca facilitar la regularización de usuarios con dificultades para pagar. Según señalaron, la morosidad ronda el 12% y hay unos 400.000 usuarios sin pagos registrados en los últimos cinco años. El objetivo es incorporar a quienes cumplan los requisitos al esquema de asistencia y mejorar el cobro del servicio.

La propuesta incluye también un recargo del 10% sobre el cargo variable de cloacas para usuarios con medidor del llamado Radio Antiguo, por el servicio pluvial. Ese componente ya se cobra en el régimen no medido. Además, AySA señala que hoy se puede solicitar un medidor, sin costo de instalación, para vincular la factura al consumo y no a los metros cuadrados del inmueble. No implica necesariamente pagar menos.

La discusión llegará antes del cierre de la venta del 90% de las acciones estatales de AySA, adjudicadas por US$340,2 millones al consorcio integrado por PHX, Rowing, Arcos Saneamento e Participações y Transclor. En fuentes del mercado, se menciona a Teófilo Lacroze, exdirectivo de Shell y Raízen Argentina, para presidir la empresa con sus nuevos dueños privados.

La presentación sitúa la reforma dentro del plan de acción para 2027-2031, que contempla inversiones por $2,92 billones a precios de diciembre de 2025 y la instalación de al menos 100.000 medidores domiciliarios por año. La ubicación y las características del inmueble seguirán pesando en las facturas de quienes no tengan medidor.