Una serie de demandas precisas pesan sobre para la nueva jefa provisional de Venezuela, Delcy Rodríguez. Washington busca, como condición para evitar represalias similares a las que sufrió Nicolás Maduro, un giro significativo en las políticas adoptadas por Caracas en las últimas décadas. El objetivo estadounidense abarca no solo la expulsión de agentes extranjeros y el combate al narcotráfico, sino también la interrupción de envíos de petróleo a rivales geopolíticos, respaldando una reconfiguración completa del alineamiento venezolano.

La Casa Blanca fue clara respecto a lo que espera de Rodríguez y advirtió sobre la posibilidad de una “segunda ola” si esas demandas no son cumplidas. Entre ellos se cuentan la amenaza de nuevas acciones militares, la posibilidad de aliviar sanciones y el control de activos financieros de la funcionaria, cuya ubicación se concentra principalmente en Doha, Catar, según una fuente citada por Politico.

Fuentes cercanas a la administración Trump indicaron a ese medio que también se maneja información sobre recursos presentes en Turquía, y que la mera referencia a negociaciones sobre estos fondos funciona como un factor de coerción significativo.

“El solo hecho de que digamos que hablamos con los cataríes y los turcos sobre su dinero, evidentemente sería una amenaza muy fuerte,” afirmó Elliott Abrams, quien ofició como representante especial para Venezuela durante el primer gobierno de Trump, según Politico.

A corto plazo, el equipo de Trump apuesta por consolidar su influencia a distancia. Aunque el presidente comentó el domingo que evalúa reabrir la Embajada estadounidense en Caracas, la gestión posterior a la captura de Maduro se contempla principalmente desde el exterior. Un funcionario estadounidense de alto nivel, citado por Politico, mencionó que la prioridad es asegurar “que el país se mantenga estable avanzando hacia los intereses de Estados Unidos”, sin detallar las exigencias transmisidas a Rodríguez.

Las directrices para la líder interina, confirmadas tanto por un funcionario estadounidense familiarizado con el caso como por un allegado a las discusiones internas, incluyen tres exigencias inmediatas: reforzar el combate contra el tráfico de drogas, expulsar a agentes iraníes, cubanos y de otras naciones adversas a Washington, y frenar la venta de petróleo a enemigos de Estados Unidos.

Adicionalmente, se espera que Rodríguez allane el camino a unas “elecciones libres” y posteriormente abandone el poder, aunque de momento los plazos para tales pasos permanecen indefinidos y las elecciones no aparecen en la agenda inmediata, según la información recogida por Politico.

El margen de maniobra de Rodríguez es reducido. Personas cercanas a la administración de Trump creen que ella está bajo supervisión estricta y que es posible condicionar su accionar completamente antes de prescindir de ella. Según una fuente anónima, el grupo del presidente “confía en que pueden torcerla en cualquier dirección que necesiten antes de deshacerse de ella y avanzar”.

La sustituta de Maduro, anteriormente vicepresidenta y figura clave del régimen, pasó en cuestión de días de criticar enérgicamente la captura del exmandatario a declarar, el último domingo, su disposición a trabajar con Washington “en una agenda de cooperación”.

Rodríguez debe conjugar la necesidad de condenar la caída de Maduro con la aceptación tácita de la influencia estadounidense y la promoción de políticas poco aceptadas dentro de su entorno político, que durante veintisiete años vio a Estados Unidos como su principal adversario, señaló Ryan Berg, analista del Center for Strategic and International Studies, citado por Politico.

Marco Rubio, secretario de Estado, dio señales sobre la postura estadounidense durante una entrevista con ABC News el pasado fin de semana. Expresó: “Estableceremos las condiciones para que dejemos de tener en nuestro hemisferio una Venezuela que sea cruce de caminos para muchos de nuestros rivales en el mundo, incluidos Irán y Hezbolá, que deje de enviarnos bandas de narcotraficantes, que deje de enviarnos embarcaciones de droga, que deje de ser un paraíso del narcotráfico”.

Antes del operativo militar que culminó en la captura de Maduro, distintos sectores del gobierno estadounidense estudiaron tanto un eventual alivio de sanciones como otras medidas para el día posterior.

Por el momento, la administración no considera levantar sanciones ni enviar ayuda humanitaria significativa, según un funcionario estadounidense y otras tres fuentes citadas por el medio. El clima interno en el gobierno está marcado por la falta de consenso sobre los pasos siguientes, agudizada por los recortes presupuestarios que afectaron al Departamento de Estado y a organismos vinculados a la gestión de crisis.

Otra demanda planteada a Caracas por el equipo de Trump es la liberación de ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela, aunque no existe exigencia alguna -al menos pública- para la excarcelación general de presos políticos venezolanos.

Junto a Rodríguez permanecen en el lugar figuras de peso del círculo madurista, como el ministro del Interior, Diosdado Cabello, y el ministro de Defensa, Vladimir Padrino López. La coexistencia de estos líderes, con sus lealtades y poderes armados diferenciados, configura lo que una fuente denominó “un pozo inestable de víboras”.

Mientras tanto, persiste el interrogante sobre el real margen de autonomía de la líder interina y sobre los caminos que tomará la política venezolana en un entorno permeado por presiones directas desde la Casa Blanca, expectativas de reformas internas y la advertencia latente de una nueva intervención militar, refrendada el domingo por Trump desde el Air Force One, cuando advirtió: “Venezuela, hasta ahora, ha sido muy amable. Pero ayuda tener una fuerza como la que tenemos. Si no se comportan, haremos un segundo ataque”.