Tarde o temprano, un caso como éste iba a pasar. El fenómeno casi imparable de la morosidad en Argentina, -con argentinos que piden a uno para pagarle al otro, que le deben al banco, a la empresas de microcrédito, a los esquemas de préstamos en las billeteras virtuales y, finalmente, al usurero del barrio- inevitablemente, iba a trenzarse con el delito, con el deudor como victimario, o como víctima.

El lunes pasado, el Departamento Antisecuestros Sur de la Policía Federal detuvo a tres sospechosos en Villa Ballester y Villa Melo, en la zona norte del Conurbano bonaerense, con una causa en su contra a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado, el fiscal Rodolfo Domínguez y el auxiliar Facundo Bahit.

El relato en el expediente es particularmente revelador. Los sospechosos, según la acusación en su contra, se dedicaban, precisamente, a la usura barrial, con un esquema de préstamos en villas de la periferia de Munro y San Martín como la Melo, la Loyola o La Rana.

Entregaban, según la acusación, montos pequeños, pero tasas que cobraban eran exorbitantes, préstamos leoninos para desesperados. Un detective del caso asegura: “Si les pedías $200 mil, a los 15 días tenías que devolver el doble. Dos semanas después, tenías que pagar $700 mil”. Y si un deudor no pagaba, desde ya, había consecuencias.

Una mujer de Munro, de 34 años, ex empleada de una conocida cadena de comidas rápidas, sin empleo en blanco ni planes sociales siquiera, le pidió prestado al trío. Ya acarreaba una deuda de casi 200 mil pesos a un sitio de préstamos, marcada en el sistema bancario con un bordó casi irrecuperable desde febrero último, lo que la convertía una paria para cualquier préstamo serio. Ya le debía a otros prestamistas. El trío de Villa Melo fue su última opción. Así, pidió, y no pagó.

El sábado 11 de abril, la mujer fue citada por la banda a través de un contacto en común, cerca de las 19 horas. Se reunieron. No fue para tomar un café, precisamente. Según la imputación, la capturaron al instante, la ocultaron y la mantuvieron en movimiento, como en un clásico secuestro exprés. Así, la banda negoció la liberación con la familia de la víctima: debían pagar un rescate de un millón y medio de pesos.

En paralelo, los familiares de la mujer raptada llamaron al 911 y reportaron el hecho. El Departamento Antisecuestros Sur de la Federal intervino de inmediato, con la jueza Arroyo Salgado en turno. Los captores negociaron con la intensidad clásica de un secuestro extorsivo. La víctima gritaba del otro lado de la línea, como prueba de vida.

Finalmente, se acordó el pago: el millón y medio debía ser entregado en un sobre a las 4 de la mañana del domingo 12, bajo una camioneta en Villa Mitre, estacionada a dos cuadras de la cancha de Chacarita.

La familia fue a la cita, dejó el dinero y esperó. La PFA esperaba junto a ellos. Pero nadie recogió el rescate. Algo pasó. Tal vez, se les entibió la sangre a los secuestradores. La víctima fue liberada a pocas cuadras de distancia del punto de pago, media hora después.

Entonces, la PFA comenzó a rastrear a la banda de usureros convertidos en secuestradores.

El perfil de la banda es un tanto curioso. La primera en caer el lunes último fue J. G., de 33 años, capturada en su casa de Villa Ballester, acusada de mentirle a la víctima para entregarla a la banda y así concretar el secuestro. Le incautaron seis teléfonos, dos tarjetas de débito y crédito de bancos estatales y una pequeña moto Gilera 110.

Julieta G. se había registrado tres años atrás como mensajera en la ex AFIP, de acuerdo a informes previsionales. Hoy, cobra la Asignación Universal por Hijo. Julieta, también, es una morosa color bordó. Le debe 90 mil pesos hace meses al Banco Nación, una suma ínfima de cara al drama general.

Luego, la Federal arrestó a W. A. y D. D., señalados como los presuntos autores materiales del secuestro y los responsables de negociar el rescate que nunca se cobró. El grupo GEOF rompió su puerta en la zona de Villa Melo. Allí, los investigadores hallaron cuatro teléfonos que podrán ser peritados, anotaciones de interés para la causa y un Volkswagen Up, que, creen los investigadores, fue usado para trasladar a la víctima.

W. A., de 33 años, es poco más que un fantasma para el sistema. Sin altas impositivas, planes sociales o siquiera un monotributo, solo tuvo un empleo en blanco en su vida en una empresa limpiadora de edificios, años atrás. D.D., una mujer de de 27 años, también cobra planes, como la AUH, o el Programa Hogar para acceder a una garrafa. Trabajó en blanco unos meses para una empresa de logística el año pasado.

Sin embargo, la inspiración para el secuestro podría venir de su familia. Un primo materno del acusado, preso en el penal de Ezeiza, fue condenado a diez años de cárcel en 2021 por el mismo delito, como parte de la banda del temible Carlos Insaurralde, la misma que baleó en la cara al comisario Gustavo Santos Díaz de la PFA.

La morosidad se disparó en los primeros meses de 2026, de acuerdo con informes del sector. Según cálculos de la consultora 1816, la irregularidad en préstamos a familias trepó al 11%, el mayor nivel desde la crisis de 2001-2002. En el sector de las billeteras virtuales, las cifras rondan el 27 por ciento.

Esta crisis ya se siente del lado de los imputados. María Celeste Nellen, de 36 años, tesorera de la sucursal del Banco Nación en San Pedro, es acusada en la Justicia federal por robar, literalmente, fajos de dinero del tesoro del lugar, con un monto calculado en $40 millones de pesos por el fiscal federal Matías Di Lello. Debe mucho más: su perfil de deudas en el BCRA arroja un monto de $90 millones entre bancos y billeteras.

Matías Alejandro Vizgarra, efectivo de la tropa UTOi de la Policía Bonaerense, acusado de matar al docente. Cristian Pereyra, que lo llevaba en un auto de aplicación en Virrey del Pino, acumuló deudas por más de $1,7 millones, con créditos del Banco Provincia, billeteras virtuales y firmas de microcréditos, según descubrió Infobae en sus registros crediticios. Le debía, también, otros $190 mil a otra firma de préstamos.