La muerte de Alejandro Zalazar, residente del Hospital Rivadavia, por una sobredosis de propofol y fentanilo, expuso una oscura trama en torno al uso indebido de drogas hospitalarias en fiestas privadas. El hecho desencadenó una causa judicial que tiene a dos jóvenes profesionales imputados: Hernán Boveri y Delfina Lanusse, quienes enfrentan cargos por administración fraudulenta de drogas en el contexto de fiestas privadas y son investigados por organizar presuntos “viajes controlados” con insumos hospitalarios.

Hernán Boveri es un anestesiólogo con una sólida trayectoria en el Hospital Italiano. Su nombre aparece asociado a espacios de formación y actividades científicas de primer nivel, como TIVAmérica y EuroSIVA, lo que le daba relevancia dentro de la comunidad profesional.

Además, se desempeñó como referente en temas de anestesiología y participó en jornadas nacionales e internacionales del sector. Sin embargo, a raíz de esta investigación, fue apartado de su cargo en el hospital tras quedar vinculado a la causa.

Delfina Lanusse es una joven médica residente de tercer año en el Hospital Italiano, donde ingresó en septiembre de 2023, y egresada de la Universidad Austral. En su perfil académico se destaca un paso inicial por carreras de negocios en la Universidad Di Tella y San Andrés antes de volcarse de lleno a la medicina.

En la Austral acumuló experiencia laboral entre 2021 y 2023 en prácticas clínicas, tutorías académicas y procedimientos anestésicos. Conocida en su entorno como “Fini”, también realizó tareas de extensión en Fisiopatología e Inmunología.

Ambos imputados fueron indagados por el fiscal Lucio Herrera: Lanusse el 18 de marzo y Boveri el 25. Declararon vía Zoom y negaron los hechos, anticipando la presentación de escritos en su defensa. La Justicia les prohibió la salida del país mientras avanza la investigación.

El caso se conoció el 20 de febrero, cuando Alejandro Zalazar, médico anestesiólogo de 34 años, fue hallado sin vida en su departamento de Palermo. La escena, según el parte policial, presentaba indicios claros de intervención médica: una vía conectada en el pie derecho, marca de catéter en el izquierdo y descartables para inyecciones a su alrededor. La autopsia señaló congestión, edema pulmonar y meningoencefálico, pero la hipótesis principal gira en torno a una sobredosis fatal con propofol y fentanilo, potentes anestésicos.

Días después, el Hospital Italiano denunció faltantes de anestésicos, y la investigación quedó en manos del juez Martín Sánchez Sarmiento. El 12 de marzo se realizaron tres allanamientos que resultaron positivos: los fármacos encontrados en lo de Zalazar provenían efectivamente del hospital.

En paralelo, comenzó a circular un audio de WhatsApp que mencionaba la existencia de fiestas privadas – bautizadas “Propo fest”–, donde un reducido grupo de médicos consumía anestésicos con fines recreativos y sexuales. Allí, según el testimonio viralizado, se practicaba lo que después se describió como “viajes controlados”: quienes pagaban una suma de dinero podían experimentar un estado de relajación extrema bajo la vigilancia de un “controlador”, encargado de intervenir ante emergencias.

La Fiscalía investiga ahora si, además de la administración fraudulenta de drogas, hubo comercialización de estos “servicios”, en un circuito cerrado de médicos y allegados. Aunque el audio aún no forma parte oficial de la causa, fue clave para orientar las pesquisas hacia las fiestas y prácticas privadas.

La instrucción judicial, con el fiscal Herrera y el juez Sánchez Sarmiento al frente, avanza sobre el origen y el destino de los anestésicos tangibles y la eventual red de consumo y venta ilegal entre médicos.

Por ahora, Hernán Boveri y Delfina Lanusse permanecen en el centro de la escena, imputados formalmente mientras la Justicia busca dilucidar si hay más responsables detrás de la muerte que conmovió al ámbito hospitalario porteño.