El Gobierno apelará en los próximos días el fallo del juez federal Martín Cormick que ordenó aplicar la Ley de Financiamiento Universitario y declaró inconstitucional el decreto con el que el Poder Ejecutivo había condicionado su puesta en marcha.

Según pudo saber Infobae, en la Casa Rosada ya trabajan en la estrategia judicial y, en paralelo, analizan otros mecanismos legales para evitar tener que afrontar de inmediato el gasto que implicaría ejecutar la norma.

“Estamos viendo qué hacemos. Aún no está todo perdido”, señaló una fuente de la Procuración del Tesoro, que conduce Sebastián Amerio y es el principal organismo dedicado a planificar los pasos a seguir para evitar que el Poder Ejecutivo tenga que hacer frente a este gasto.

En Balcarce 50 considerán que todavía tiene herramientas para discutir la resolución, y aunque la apelación ya está decidida, son varias las alternativas que se estudian vinculadas con el impacto presupuestario de la medida.

La decisión judicial alcanzó al Decreto 759/2025, mediante el cual el Gobierno promulgó formalmente la Ley de Financiamiento Universitario, aunque supeditó su aplicación a que el Congreso determinara las fuentes de recursos e incorporara las partidas correspondientes al Presupuesto nacional.

Cormick entendió que esa cláusula funcionaba, en los hechos, como un nuevo veto a una norma que había sido ratificada por ambas Cámaras, cuando rechazaron el veto original del presidente Javier Milei.

Por ese motivo, ordenó al Poder Ejecutivo adoptar las medidas reglamentarias y administrativas necesarias para poner en funcionamiento la reforma y cumplir con los aumentos establecidos.

La sentencia responde a los amparos presentados por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y la Universidad de Buenos Aires (UBA), que cuestionaron la suspensión de los fondos. El fallo contempla recursos para salarios, becas, investigación, gastos de funcionamiento y hospitales universitarios.

En el entorno de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, ratificaron que la respuesta será por la vía judicial y descartaron una negociación política con las casas de estudio. “No vamos a tener ninguna reunión con las universidades, vamos a apelar”, remarcó uno de los integrantes de la mesa chica de la funcionaria.

La misma fuente sostuvo que el margen de acción sobre las partidas depende ahora del Parlamento: “El presupuesto nacional para el 2027 ya está enviado, por lo que, si lo quieren cambiar, tienen que hacerlo en el Congreso”.

El argumento oficial vuelve a poner el foco en la ley de gastos y recursos, que el Gobierno envió de cara al año que viene y que todavía debe ser discutida por los legisladores.

El Ejecutivo ya había planteado durante el expediente que la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario demandaría erogaciones superiores a un billón de pesos. Según la posición de los representantes del Estado, ese desembolso comprometería el equilibrio fiscal y requeriría una definición parlamentaria específica sobre su financiamiento.

El juez rechazó esa interpretación. En su resolución, sostuvo que la ley sí establecía mecanismos para afrontar los gastos, al habilitar reasignaciones presupuestarias y contemplar el uso de mayores ingresos de recaudación corriente. También recordó que el Gobierno modificó el Presupuesto mediante decretos y decisiones administrativas en varias oportunidades durante 2025.

En el sector universitario ya anticipaban que la Casa Rosada buscaría resistir el fallo. “Seguramente apelen, pero no estamos seguros porque son impredecibles”, afirmó un rector del interior. En el mundo académico no esperaban una convocatoria para dialogar sobre la ejecución de la ley y consideran que la estrategia oficial será sostener la disputa en los tribunales.

La definición abre un nuevo frente para el Gobierno en medio de las negociaciones por el Presupuesto 2027 y de la convocatoria opositora a una sesión especial en Diputados.

La discusión sobre universidades se suma así a otros temas sensibles que el oficialismo deberá enfrentar en el Congreso, mientras intenta preservar el superávit fiscal como eje de su programa económico.

“Vamos a sostener el reclamo hasta el final, como hicimos con la cautelar que conseguimos antes de este fallo”, advirtió a este medio una de las autoridades del CIN.