En medio de las disputas internas dentro de la Casa Rosada, el PRO criticó al Gobierno por los nuevos recortes en el área de Discapacidad en el proyecto del Presupuesto 2027 y señaló que “se equivocó”. A pesar de las críticas, el partido que lidera Mauricio Macri seguirá acompañando la iniciativa que enviaron al Congreso de la Nación y se adjudican los cambios que pesentaron los libertarios en el proyecto.

A través de un mensaje que publicaron en sus redes sociales, el partido amarillo señaló: “Desde hace tiempo venimos señalando los errores del Gobierno con la misma claridad con la que acompañamos las decisiones que consideramos correctas. El PRO no está para aplaudir todo ni para oponerse a todo: está para defender el cambio y los valores en los que creen millones de argentinos”.

Y añadió: “En el manejo de la política de discapacidad, el Gobierno se equivocó. Y volvió a hacerlo al incluir en el proyecto de Presupuesto 2027 cambios que debilitan herramientas fundamentales para garantizar prestaciones y pensiones”.

En tanto, el comunicado remarcó que “la discapacidad debe ser abordada como una verdadera política de Estado, con previsión, responsabilidad y respuestas sostenidas” y completó: “Ordenar las cuentas es indispensable, pero nunca puede significar abandonar a las personas con discapacidad y a sus familias. Acompañar y blindar el cambio también implica marcar límites. Este, para el PRO, es uno de ellos”.

El origen de la disputa se remonta al envío del proyecto al Congreso, que incluía recortes en el área de discapacidad que distintos sectores —dentro y fuera del oficialismo— consideraron inconsultos y políticamente riesgosos. La tensión alcanzó su punto más visible cuando Patricia Bullrich, titular del bloque de senadores del PRO, salió públicamente a cuestionar la falta de consulta previa sobre esa decisión presupuestaria.

Según pudo reconstruir Infobae, el recorte, que en la Casa Rosada atribuyen al Ministerio de Economía que conduce Luis “Toto” Caputo, desató una crisis al interior de la Mesa Política del oficialismo. Las críticas internas, en general expresadas en voz baja, apuntaron a que el área económica no evaluó con suficiente atención las consecuencias políticas y sociales de la medida antes de incluirla en el proyecto.

El efecto inmediato fue que La Libertad Avanza quedó en una posición de debilidad frente a sus propios aliados legislativos, que se vieron fortalecidos ante un oficialismo que debió ceder más de lo que tenía previsto. La dinámica resultante fue precisamente la que los hermanos Milei procuran evitar: negociar desde un lugar de desventaja en un tema que involucra a uno de los grupos sociales más vulnerables del país.

Presionado por las circunstancias, el Gobierno dio marcha atrás con los recortes presupuestarios y presentó un nuevo proyecto ante los bloques aliados, en una reunión encabezada por el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Del encuentro participaron Oscar Zago (MID), Javier Sánchez Wrba (PRO), Pamela Verasay (UCR), Fernanda Ávila (Elijo Catamarca), Nancy Picón Martínez (PyT), Oscar Herrera Ahuad y Bernardo Biella (Argentina Federal) y Karina Maureira (La Neuquinidad).

La nueva propuesta, según establece su artículo 1, tiene como objetivo “fortalecer de forma permanente la previsibilidad, transparencia y eficiencia de las políticas públicas destinadas a las personas con discapacidad, reafirmar y asegurar los derechos de las personas con discapacidad, la continuidad de las prestaciones”. En términos concretos, el texto incorpora actualizaciones por inflación de manera mensual para las pensiones no contributivas por discapacidad y garantiza el acceso a un programa médico de atención y cobertura de salud para los beneficiarios.

Uno de los puntos más sensibles del debate había sido la posible eliminación del nomenclador universal de prestaciones y del arancel unificado, ya que su supresión hubiera habilitado a cada obra social, prepaga o provincia a fijar sus propios valores. La nueva propuesta ratifica ambas herramientas tal como están previstas en la actual ley de Emergencia en Discapacidad. Además, la pensión pasará a ser compatible con un empleo registrado, siempre que la remuneración no supere el equivalente a dos salarios vitales y móviles, y quienes contraten personas con discapacidad por tiempo indeterminado accederán a beneficios impositivos.

En tanto, el vocero presidencial, Adrián Ravier, defendió la posición del Ejecutivo y aseguró que “ninguna persona con discapacidad se quedó sin el beneficio” desde que Javier Milei asumió la presidencia, en contradicción con testimonios directos de afectados que circularon en los días previos. También sostuvo que “para este gobierno las personas con discapacidad son una prioridad”. En paralelo, desde el bloque de LLA minimizaban el alcance de las concesiones: “No estamos condicionados por Patricia. Siempre supimos que íbamos a tener que negociar”, afirmaron, aunque reconociendo que la situación le permitió a la oposición encuadrar al Gobierno en una posición de “crueldad” ante la opinión pública. El debate en comisión, que definirá el dictamen que llegará al recinto, tiene lugar este miércoles.