La Cámara de Diputados de la Nación convocó para este martes 23 de junio a las 14:00 horas a una sesión especial para tratar seis expedientes que apuntan a la posible remoción del jefe de Gabinete de Ministros, Manuel Adorni, en lo que constituiría el primer intento formal de aplicar una moción de censura desde la reforma constitucional de 1994.

La citación, firmada por el secretario parlamentario Adrián Francisco Pagán, fue impulsada por el diputado Germán Martínez de Unión por la Patria, Esteban Paulón del socialismo y un amplio arco opositor.

El temario combina pedidos de informes verbales sobre presuntas irregularidades en el uso de bienes del Estado y fondos públicos con proyectos de interpelación orientados al tratamiento de una moción de censura, el mecanismo previsto en el artículo 101 de la Constitución Nacional que habilita al Congreso a remover al jefe de Gabinete con la mayoría absoluta de los miembros de ambas cámaras. Desde la incorporación de esa figura en la reforma de 1994, el instrumento nunca fue aplicado.

La oposición que firmó el pedido reúne alrededor de 120 diputados, nueve por debajo del quórum de 129 necesario para abrir la sesión. La diferencia depende de que al menos una parte del PRO, la UCR o Innovación Federal presten sus votos. “Estamos cerca pero por lo menos, por ahora, no está el número. Tenemos que seguir conversando”, reconoció un miembro de la oposición frustrado.

El detonante de la crisis fue la declaración jurada patrimonial que Adorni presentó ante la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) y la Oficina Anticorrupción, en la que incorporó activos que no habían figurado en presentaciones anteriores. Entre los bienes incorporados con posterioridad se cuentan USD 300.000 originados en inversiones en Bitcoin realizadas entre 2013 y 2018, una vivienda en el country Golf Club Indio Cuá, préstamos privados y tenencias en moneda extranjera. El contratista Matías Tabar declaró además ante la Justicia haber recibido USD 245.000 en efectivo por refacciones en una propiedad de Adorni que incluyeron una piscina con cascada.

La contradicción entre las declaraciones públicas del funcionario y las rectificaciones posteriores agudizó el conflicto. El 29 de abril, durante su informe de gestión ante la Cámara de Diputados, Adorni había sostenido que sus declaraciones juradas no presentaban irregularidades: "Nunca existió ocultación alguna“, afirmó ante los legisladores. Semanas después admitió en televisión haber acumulado junto a su esposa más de medio millón de dólares en ahorros no declarados durante 2023 y 2024, y justificó la situación al señalar que ”ahorramos en negro, como la mayoría de los argentinos“.

Esa frase generó reacciones adversas incluso entre los aliados habituales del oficialismo. El PRO emitió un comunicado en el que calificó las omisiones de Adorni como “una falta grave” y sostuvo que “un funcionario no puede decirles a los argentinos y al Congreso Nacional que no ocultó nada, y después admitir que sí lo hizo". La Unión Cívica Radical (UCR) fue más tajante: afirmó que las declaraciones del jefe de Gabinete son “incompatibles con la ejemplaridad” del cargo y que “quien le miente al Congreso y a la sociedad no está en condiciones de conducir el Estado”.

Pero estas declaraciones públicas podrían no verse reflejadas en el recinto ya que varios de la oposición desconfían que los bloques del PRO y de la UCR bajen a dar quórum. “Lo mismo de siempre, ponen como excusa que la sesión la pide el peronismo, pero en realidad están a la espera de lo que haga el Senado”, explicó un diputado de la oposición con diálogo con ambos bloques.

El diputado radical Pablo Juliano, de la bancada Provincias Unidas, presentó uno de los proyectos de moción de censura con el respaldo de legisladores de Unión por la Patria, la Coalición Cívica, la Izquierda y otros bloques. Entre los firmantes figuran Martín Lousteau, Maximiliano Ferraro, Cecilia Moreau y Myriam Bregman. También adhirió el diputado cordobés Carlos Gutiérrez, del espacio que responde al gobernador Martín Llaryora, cuya relación con la Casa Rosada atraviesa un momento de tensión.

Reglamento y Constitución

En el caso de que la oposición obtenga los 129 diputados para abrir la sesión se vendrá un segundo debate sobre cuál es el camino que tiene que seguir la interpelación.

Ninguno de los 6 proyectos tiene dictamen de comisión por lo que LLA va a pedir que se consigan los dos tercios para su tratamiento sobre tablas. Esto es hoy imposible para cualquiera de los sectores por lo que con esta jugada el oficialismo busca trabar el debate.

La oposición entiende que podrían votar directamente los proyectos y poner fecha para la interpelación por el artículo 101 de la Constitución que tiene que ver con el rol del Jefe de Gabinete y no con la creación de leyes.

Si no logra zanjar esa diferencia deberá ir por el emplazamiento a las comisiones de Asuntos Constitucionales y Poderes, Peticiones y Reglamento —ambas controladas por La Libertad Avanza— a que dictaminen los proyectos.