El proyecto de Reforma Laboral que el Senado tratará este miércoles 11 de febrero encendió alarmas en el sector audiovisual argentino. En su versión original, la iniciativa incluía artículos que eliminaban de forma inmediata las asignaciones específicas que financian al Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), poniendo en riesgo el funcionamiento del Fondo de Fomento Cinematográfico, uno de los pilares históricos del cine nacional.

Los artículos 210 y 211 del proyecto de reforma planteaban eliminar las fuentes específicas que sostienen al INCAA: el impuesto del 10% sobre las entradas de cine, el 10% sobre la venta o alquiler de videogramas y, principalmente, el 25% de la recaudación del ENACOM, considerado el ingreso más importante del Fondo de Fomento.

Sin embargo, tras intensos reclamos públicos, movilizaciones y negociaciones políticas de último momento, el Gobierno y bloques de la oposición acordaron una modificación clave: la eliminación de esos recursos no será inmediata, sino que se postergará hasta el 1° de enero de 2028.

La medida trajo alivio parcial, aunque el debate de fondo permanece: ¿Qué pasará con el cine argentino cuando el financiamiento deje de ser autárquico y dependa exclusivamente del presupuesto nacional?

Esa pregunta fue respondida en Infobae en Vivo por Carlos Pirovano, presidente del Instituo Nacional de4l Cine y Artes Audiovisuales (INCAA).

Carlos Pirovano, presidente del INCAA, explicó que el debate se instaló con un tono dramático que no necesariamente refleja lo que ocurrirá. “Siempre se dramatiza mucho. El financiamiento estatal viene de una discusión democrática que es el presupuesto”, sostuvo.

Para el funcionario, el cine no quedaría sin apoyo, sino que dejaría de contar con impuestos específicos y pasaría a depender de rentas generales. “El Fondo de Fomento no desaparece. La única diferencia es que antes se financiaba con recursos específicos, y ahora vendría de rentas generales”, remarcó.

Durante la entrevista, una de las declaraciones que más repercusión generó cuando Pirovano dijo que “los argentinos no tienen tiempo de ver 250 películas al año”.

Con esa afirmación, Pirovano buscó señalar que el problema no pasa únicamente por la cantidad de películas realizadas, sino por la necesidad de discutir criterios de eficiencia, público y sostenibilidad. En su visión, “el cine argentino no puede funcionar bajo una lógica en la que se financien decenas o cientos de proyectos sin garantizar que efectivamente lleguen a las audiencias o generen impacto cultural y económico”.

Para el funcionario, esto refleja un sistema que durante años priorizó la acumulación de estrenos por sobre la demanda real del público, alimentando críticas sobre subsidios anticipados y falta de control en el gasto.

Desde la industria audiovisual, el temor principal no es solo perder recursos, sino perder previsibilidad. Actualmente, el INCAA se sostiene con un esquema autárquico: recauda fondos propios y los administra sin depender directamente del Tesoro.

Muchos plantean que si esos impuestos desaparecen, el cine deberá competir dentro del presupuesto nacional con otras áreas como salud, educación, seguridad o infraestructura.

Pirovano respondió que ese planteo es “un error conceptual”, porque todo el gasto estatal proviene, directa o indirectamente, de impuestos. “Vos pagás ese impuesto igual. La Argentina tiene más de cien impuestos. Ningún país moderno funciona así. Hay que eliminarlos y discutir prioridades en el presupuesto”, argumentó.

Aunque la postergación hasta 2028 evita un impacto inmediato, no es una solución definitiva. Durante 2026 y 2027 el cine seguirá funcionando con el esquema actual, pero el sector deberá volver a negociar antes de que llegue el nuevo plazo.

Por eso, organizaciones audiovisuales mantienen la movilización convocada para este miércoles a las 15 desde el Cine Gaumont, en defensa del financiamiento cultural.

La discusión, además, se da en un contexto político donde el Gobierno libertario expresó su rechazo a las asignaciones específicas para cualquier organismo público.

Pirovano también se refirió a la reorganización interna del Instituto. Confirmó que se redujo el personal y se bajaron costos de funcionamiento. “El decreto del presidente Milei establece que no podemos gastar más del 20% de nuestros ingresos en estructura, y estamos en ese número”, señaló. También explicó que dejaron de alquilar varios edificios y solo se quedaron con los propios, como el Cine Gaumont y la Escuela Nacional de Experimentación y Realización Cinematográfica (ENERC).

Según el funcionario, el objetivo es garantizar un uso más eficiente de los fondos públicos.

Otro punto central del debate es el sistema de subsidios. Pirovano sostuvo que el modelo actual debe respetar la ley de cine: el INCAA no debería financiar películas por adelantado sin retorno.

“La ley establece subsidios sobre la taquilla. Lo que se hizo antes era un anticipo ilegal: se daba plata antes de filmar y después no se recuperaba”, criticó.

Según explicó, el sistema correcto es el subsidio “ex post”: una vez estrenada la película, el Estado devuelve un porcentaje según su desempeño y su interés cultural.

“El riesgo es privado. El cine no es una actividad estatal, es una actividad privada con fomento público”, afirmó.

El debate abrió una discusión más amplia sobre el futuro del cine argentino: qué modelo de producción se busca, cómo se financia y qué rol debe cumplir el Estado.

Pirovano mencionó alternativas modernas como el “cash rebate”, un sistema usado en Europa y Estados Unidos donde las provincias devuelven parte de la inversión para atraer rodajes y generar empleo local.

“Las provincias ya están dando millones de dólares al año en incentivos. Es una herramienta mucho más moderna”, destacó.

Si se aprueba la reforma laboral tal como está planteada, uno de los cambios más visibles para el público podría estar en el precio de las entradas de cine. Actualmente, cada ticket incluye un impuesto del 10% que se destina directamente al Fondo de Fomento Cinematográfico del INCAA. Es decir, una parte del valor que paga el espectador ayuda a financiar la producción nacional.

Con la reforma, ese impuesto específico se eliminará desde el 1 de enero de 2028. En teoría, esto implicaría que las entradas podrían volverse más baratas, ya que dejarían de cargar con ese porcentaje adicional.

Actualmente, una entrada general de cine (salas 2D) ronda entre$10.500 y $13.000, mientras que las salas 3D o 4D pueden superar los $20.000. También existen descuentos importantes, con precios de mitad de semana (lunes a miércoles) que rondan los $6.500.

“Si vos pagás el 10% de la entrada, pagás setecientos pesos más cara la entrada. Va a bajar la entrada”, enfatizó Pirovano.

Más allá de la explicación de Pirovano, los especialistas advierten que el impacto real podría no ser tan directo. El valor final del ticket depende también de otros factores como la inflación, los costos operativos de las salas, los acuerdos con distribuidoras y la situación económica general. Por eso, aunque el impuesto se elimine, no hay garantías de que la reducción se traslade automáticamente al bolsillo del espectador.