El oficialismo logró la media sanción en la Cámara de Diputados del nuevo Régimen Penal Juvenil, que tiene entre sus puntos principales la baja de la edad de imputabilidad de los 16 a los 14 años. El proyecto impulsado por Patricia Bullrich cosechó 149 votos a favor y 100 en contra, sin abstenciones. El PRO, la UCR, Provincias Unidas, MID, Innovación Federal, Encuento Federal, Independencia, La Neuquinidad, Producción y Trabajo, y Por Santa Cruz votaron junto con los libertarios.

El peronismo logró mantenerse unido para rechazar la iniciativa al momento de la votación en general. Pero cuando llegó el momento de la votación de los artículos en particular, los diputados del Frente Renovador tomaron distancia y validaron la baja de la edad de punibilidad. Según dejaron trascender, buscaron “respetar la posición histórica del espacio”, que en 2015 presentó un proyecto de Código Penal que ya fijaba el límite en los 14 años

El nuevo Régimen Penal Juvenil no solo baja la edad de imputabilidad a los 14 sino que también establece una pena máxima de prisión de hasta 15 años para delitos graves como homicidios, robos violentos, abusos sexuales o secuestros. Por otro lado, prevé una serie de penas alternativas para los delitos con condenas menores a los 10 años de prisión, por ejemplo: la amonestación, la prohibición de acercamiento a la víctima, servicios comunitarios, monitoreo electrónico, reparación integral del daño, prohibición de concurrir a determinados lugares y la prohibición de conducir vehículos.

A su vez, se pondrá especial énfasis en la creación de institutos especiales donde los menores condenados tuvieran garantizado el derecho a ser educados, a recibir atención médica y tratamiento en caso de adicciones. Todo el personal de los centros de detención deberá estar especializado en infancia y adolescencia. A su vez, queda terminantemente prohibida cualquier tipo de convivencia con detenidos mayores.

Además, se habilitará la suspensión del proceso a prueba y la mediación penal juvenil en infracciones leves, con intervención obligatoria de todas las partes y consentimiento expreso de la víctima.

Otro de los ejes centrales del proyecto es el reconocimiento expreso de las víctimas dentro del proceso penal juvenil. La ley garantiza su derecho a ser informadas, a ser escuchadas, a contar con patrocinio jurídico, a recibir asistencia psicológica y a participar en las instancias relevantes del proceso, incluyendo mecanismos restaurativos cuando corresponda.

Al inicio del debate, la diputada libertaria Laura Rodríguez Machado señaló que la ley actual, sancionada en 1980, “no previene, no resocializa y no repara”, ni brinda respuestas a las víctimas, y afirmó que el nuevo proyecto incorpora estándares internacionales que la Argentina suscribió pero nunca plasmó en una normativa específica.

La miembro informante, que además preside la comisión de Legislación Penal y condujo las negociaciones durante el año pasado, también destacó que el régimen actual deja a muchos jóvenes “en un limbo”, sin debido proceso ni políticas de resocialización, y advirtió que esa situación favorece la captación por organizaciones criminales.

En ese sentido, remarcó que el amplio consenso con sectores de la oposición se logró tras un año de trabajo en un plenario de cuatro comisiones, con más de veinte proyectos analizados y el aporte de más de treinta especialistas.

Desde el peronismo criticaron el proyecto por no abordar la problemática desde un enfoque integral. “La edad la pueden bajar a los cero años. No es un problema de bajar o no bajar la edad”, dijo Juan Grabois. En esa línea, planteó que el eje del debate debería estar puesto en la salud mental y los consumos problemáticos, y reclamó herramientas para la internación de adolescentes en situaciones críticas. “Las madres de los barrios piden un lugar de confinamiento, por lo menos hasta que se desintoxique”, argumentó.

“¿Qué pasa como sociedad que estamos discutiendo bajar la edad para meter a los pibes en una cárcel y no mejorar la educación, los salarios de médicos, no tener centros deportivos, etc.?”, se preguntó el peronista Juan Carlos Molina.

“No va a ser la solución definitiva, pero es una respuesta a los jóvenes que cometen delitos graves para que entiendan que son parte de la sociedad y que tienen que responder por sus actos. Para las víctimas. La gente de su barrio, cuadra y municipio, que un joven que cometió un delito grave no pueda volver. No pueden quedar impunes. ¿Hablan de Estado presente? Esta es una función prioritaria del Estado”, dijo a su turno el libertario Santiago Santurio.

El debate fue seguido con atención desde los palcos por familiares de víctimas de delitos cometidos por menores, como Romina Monzón y Virginia, madre y tía de Jeremías Monzón, el joven asesinado a puñaladas en Santa Fe. También estuvieron presentes Viviam Perrone, Isabel Yaconis de ‘Madres del Dolor’, Adriana Mónica Álvarez de USINA de Justicia (abuela de Uma Aguilera), la familia Sperani de Córdoba (padres de Joaquín Sperani), Laura Fernández de USINA de Justicia (madre de Lara Fernández), Guillermo Bargna (padre de Soledad Bargna) y Marcos Rodríguez (padre de Kim).

En la última versión del proyecto, el Gobierno incorporó un artículo especialmente destinado a los aportes presupuestarios para la implementación del nuevo régimen penal: en total serán $23.739.155.303, que serán $3.131.996.784 para el Ministerio de Justicia y $20.607.158.518 para la Defensoría General de la Nación. El agregado se hizo luego de que los gobernadores amenazaran con no acompañar la iniciativa si todos los costos recaían en las provincias.

“La baja de la punibilidad a 14 años es una medida necesaria y acorde a los estándares internacionales. Pero no seamos hipócritas: sin inversión en establecimientos adecuados y educación, es solo humo para la tribuna. El Estado tiene que dejar de ajustar en lo social si quiere resultados en seguridad”, protestó Miguel Ángel Pichetto.

Minutos antes de votar, la libertaria Laura Rodríguez Machado explicó que la redacción de algunos artículos fue ajustada para que “no se preste a confusión” la prohibición total de que los menores sean detenidos en el mismo lugar que presos mayores de edad.