El juez en lo Contencioso Administrativo Federal Martín Cormick impuso este miércoles una multa (astreinte) de 100 mil pesos por día a la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación, por el “incumplimiento verificado” de una medida cautelar que ordenó actualizar salarios docentes y no docentes, además de garantizar el fondo para becas en base a lo que establece la Ley de Financiamiento Universitario.

La decisión judicial se tomó tras dos advertencias previas hechas al Gobierno y a sólo horas de la quinta Marcha Federal Universitaria, que se realizará este jueves en reclamo de que se cumpla con la Ley.

“En concordancia con lo proveído en el marco de la causa principal, atento el incumplimiento verificado, corresponde hacer efectivo el apercibimiento dispuesto en fecha 30/9/2026 y disponer la aplicación de astreintes diarias al funcionario titular de la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación Argentina”, cargo que ocupa Diego Santilli, resolvió el juez en la resolución a la que accedió Infobae.

Cormick fijó en una primera etapa la suma de $ 100.000 diarios “pudiéndose modificar los funcionarios alcanzados y el monto”, advirtió.

La decisión se tomó en el marco de una medida cautelar que sigue vigente, pese a que el expediente principal donde se debate la validez de un Decreto que condicionó la aplicación de la Ley está bajo estudio de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal.

Cormick concedió la apelación del Estado Nacional contra el fallo que declaró inconstitucional la cláusula del decreto 759/2025, con la que el Poder Ejecutivo condicionó la puesta en marcha de la ley de Financiamiento Universitario, rechazó un planteo de “reposición” del Gobierno y elevó el expediente al Tribunal de Apelaciones.

Al fijar las multas, el juez hizo lugar ahora a un planteo del Consejo Interuniversitario Nacional, desde donde se sostuvo que “el Estado Nacional continúa sin cumplir la medida cautelar” que fue “confirmada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el 25 de junio de 2026”.

Cormick había intimado al Estado por el plazo de cinco días, que se cumplieron el 22 de septiembre pasado, bajo apercibimiento de fijar las multas, advertencia que se prorrogó por igual plazo después. “Este plazo está vencido y los pagos aún no se registraron”, sostuvo la demandante y por eso pidió que “se haga efectivo el apercibimiento y se apliquen las astreintes diarias y progresivas por cada día de demora”.

La Ley de Financiamiento establece adecuar “las remuneraciones del personal docente y no docente de las universidades públicas en septiembre de 2025 para reflejar la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) entre enero de 2023 y julio de 2025″. Ello implicaría otorgar un incremento salarial del 40,25 % sobre los básicos liquidados en julio de 2025”.

De manera adicional se dispone que las remuneraciones sean actualizadas mensualmente conforme el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Sobre las becas estudiantiles deben recomponerse y actualizarse.

El Gobierno sostuvo en su apelación que se afecta el normal funcionamiento del Estado Nacional porque se lo obliga a afrontar “pagos compulsivos sin que se hayan determinado con precisión las sumas presuntamente adeudadas ni el alcance concreto de la obligación”. Por ese motivo, pidió que la apelación sea concedida con efecto suspensivo, algo que rechazó el juez.

Según planteó, la cautelar le impone una carga económica indeterminada, ya que la resolución no establece qué monto o porcentaje debería abonar para considerar cumplida la medida, que quedó firme en junio de 2026. Afirmó además que ya presentó, el 21 de septiembre, un informe sobre lo hecho para cumplir con la decisión judicial.

Al respecto, señaló que desde diciembre de 2023 se otorgaron aumentos en las partidas destinadas a los salarios del personal universitario. Indicó que, con la suba del 21,33 % dispuesta en junio de 2026, el incremento acumulado llegó al 226,80 %, por encima del 226,40 % que —según su interpretación— correspondía para el período comprendido entre diciembre de 2023 y agosto de 2025.

También remarcó que, una vez firme la cautelar, convocó a la paritaria trimestral prevista en la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria (LFEU). En ese marco, detalló que se propuso una recomposición del 3 % para septiembre de 2026, complementaria de otra suba del 3 % acordada en junio, con impacto en los haberes de octubre. Para el Gobierno, ambas medidas proyectaban una actualización superior al 6 % y respondían al piso de recomposición vinculado con la inflación del período junio-agosto.

Por último, cuestionó la interpretación que llevaría a exigir un aumento salarial acumulado del 312,19 % entre diciembre de 2023 y junio de 2026. Consideró que ese criterio contradice la Ley de Presupuesto 2026, que no contempló fondos para una suba de esa magnitud, por lo que —afirmó— el Estado no cuenta con partidas aprobadas por el Congreso para afrontarla.