La Cámara Federal de Casación Penal de Argentina ratificó que la empresa Petróleo Brasileiro S.A. (Petrobras) no puede invocar inmunidad de jurisdicción ante los tribunales argentinos, según lo resolvieron los jueces Carlos A. Mahiques, Juan Carlos Gemignani y Diego G. Barroetaveña. La decisión confirmó el fallo previo del titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 2, Pablo Yadarola, que rechazó el pedido de la compañía.

El caso, identificado como CPE 1432/2015, se originó tras una denuncia presentada por la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), que acusó a Petrobras de ofrecer valores negociables de manera fraudulenta y consignar datos falsos en sus balances contables. Los hechos estarían vinculados a la red de corrupción destapada en Brasil en la causa conocida como Operación Lava Jato, que incluyó el pago de sobornos y manipulación de contratos.

La empresa había argumentado que, en virtud de la Ley 24.488, que establece la inmunidad de los Estados extranjeros en tribunales argentinos, no podía ser sometida a juicio en el país. Sin embargo, el juez Mahiques determinó que esta inmunidad no es aplicable a Petrobras debido a sus características particulares.

El fallo destacó que Petrobras no es un “Estado” en los términos del artículo 1 de la Ley 24.488 ni de la Convención de las Naciones Unidas sobre las inmunidades jurisdiccionales de los Estados y sus bienes. La empresa cuenta con personalidad jurídica propia, opera en el ámbito privado y tiene un capital social que no es completamente estatal, ya que incluye accionistas particulares tanto nacionales como extranjeros.

Además, se subrayó que Petrobras nunca informó al público inversor argentino que podría invocar inmunidad en caso de reclamos o denuncias relacionadas con su actividad financiera en el país.

La resolución también indicó que la Ley 24.488 no contempla inmunidad de jurisdicción en el ámbito penal, una conclusión respaldada por otras normativas internacionales como la Foreign Sovereign Immunities Act de Estados Unidos y la State Immunity Act del Reino Unido.

La decisión permite que la Justicia argentina investigue y juzgue a Petrobras por los delitos denunciados, en el marco de los vínculos con el escándalo de corrupción transnacional más grande de la región.

La Operación Lava Jato (Lavado de Autos) fue una investigación judicial que comenzó en Brasil en 2014 y destapó un esquema masivo de corrupción que involucraba a altos funcionarios gubernamentales, empresas estatales y privadas, así como a políticos de varios países de América Latina. El caso tomó su nombre de una red de estaciones de servicio y lavaderos de autos que se utilizaban para lavar dinero proveniente de actividades ilícitas.

El caso salpicó a múltiples presidentes y líderes políticos de Brasil, incluidos Luiz Inácio Lula da Silva y Dilma Rousseff, así como a mandatarios y altos funcionarios de otros países de la región. También expuso la corrupción en diversos sectores privados y estatales, desatando crisis políticas en varias naciones de América Latina.

Entre los países involucrados se encontraron Argentina, Perú, Colombia, México, Venezuela, Ecuador y República Dominicana, donde empresas como Odebrecht admitieron haber pagado sobornos para asegurarse contratos de infraestructura.