Una nueva empresa textil solicitó su concurso preventivo, la herramienta judicial que suspende las ejecuciones de los acreedores y le permite a una compañía negociar su deuda mientras busca una salida a su crisis productiva.

Se trata de IGT33 S.A., la sociedad detrás de las marcas de indumentaria para hombres Rever Pass y Be Rebel, que recurrió a la Justicia con un pasivo de más de $7.000 millones (con el fisco y con bancos) y pérdidas que casi se multiplicaron en un año.

La compañía tiene más de cuatro décadas de presencia en el mercado argentino de indumentaria. Desde 2007 integra en su estructura las tareas de corte, confección, estampería y bordado, además de las áreas comerciales, administrativas y logísticas. Cuenta con más de 100 trabajadores, 13 locales en centros comerciales y una planta industrial propia ubicada en la localidad de Ricardo Rojas, partido de Tigre.

Según reveló la compañía en su presentación judicial, las ventas cayeron de $15.475 millones a $11.814 millones en moneda constante entre los ejercicios 2024 y 2025, una baja de casi 24%. La ganancia bruta se redujo de $8.962 millones a $5.678 millones, mientras que los gastos de comercialización y administración sumaron $8.567 millones. El resultado financiero aportó otros $1.200 millones negativos, y el ejercicio cerrado en noviembre de 2025 terminó con un rojo de $4.365 millones, frente a una pérdida de $515 millones en el período anterior.

Según consta en el expediente judicial, la empresa describe un proceso acumulado desde 2024 que combinó varios factores: la retracción del consumo interno de indumentaria, el avance de las importaciones a través de plataformas digitales internacionales —principalmente de origen oriental—, el aumento de los costos de producción y el encarecimiento del crédito, que llegó a niveles cercanos al 100% anual durante 2025. “Tuvimos que hacer un cambio de matriz, dejar de tener una matriz productiva para adaptarnos a una de producto importado. Cuando se abre la importación, empezamos la readaptación, porque Rever Pass no deja de ser una marca que compite con el mercado internacional”, explicó a Infobae Pablo Sonne, CEO de la compañía.

Uno de los argumentos centrales del escrito presentado ante la Justicia apunta a la asimetría competitiva con las plataformas de venta directa desde el exterior, como Shein y Temu. La empresa sostiene que esas plataformas pueden llegar al consumidor sin mantener una estructura física en el país, mientras que las marcas locales deben absorber gastos de locales, personal, cargas sociales, impuestos y logística. “Empezás a ver que hay una invasión de plataformas internacionales. Se vuelve desequilibrante. Cuando cambian las reglas de juego, tenés que competir contra quienes están más armados que vos hace años. Es una carrera muy desventajosa”, sostuvo Sonne.

En el sector hay una lectura crítica sobre cómo se gestionó la apertura del mercado a las plataformas extranjeras. La visión de muchas firmas es que el problema no es la transformación en sí —que asumen como inevitable— sino la falta de un programa que la acompañe. La comparación que se hace puertas adentro es con sectores como la minería, el agro o el petróleo, que recibieron planes específicos y reducción de retenciones. Para la industria textil y el comercio, según esa lectura, esa atención no llegó: se les pide reconvertirse sin reforma laboral vigente, sin reforma impositiva concretada y sin acceso a financiamiento.

El cambio en los hábitos de compra también presionó sobre el modelo de negocio. El avance del comercio electrónico fue erosionando la rentabilidad de los locales en shoppings, cuyos alquileres, expensas, fondos de publicidad y costos laborales asociados ya no podían cubrirse con las ventas generadas. Eso llevó a la empresa a cerrar puntos de venta en centros comerciales y en la Costa Atlántica, con el objetivo de concentrar la actividad en canales que considera más eficientes. En ese marco, la empresa se plantea pasar de una matriz predominantemente productiva a otra que combine producción local con importación de productos terminados, una estrategia que, según el escrito, permitiría reducir costos y competir en precio con las prendas importadas.

Para sostener la operación, la firma recurrió en los últimos tres años a créditos bancarios destinados a cubrir remuneraciones, indemnizaciones, renovación de locales e incorporación de nuevas líneas de productos. Los propios accionistas y socios fundadores realizaron aportes mediante préstamos extraordinarios, según consta en el expediente. “Te encontrás con ese escenario y con baja de ventas. Vas teniendo un déficit, necesidades financieras. Las tasas empezaron a irse por las nubes. El concurso es una herramienta en donde tratás de llegar a un entendimiento con tus acreedores”, describió el ejecutivo, quien admitió, por otro lado, que todo este plan tiene como objetivo continuar con la marca en el mercado.

El pasivo tiene como principal componente la deuda bancaria, que alcanza unos $3.276 millones. El Banco de la Nación Argentina concentra alrededor de $2.264 millones y el Banco Provincia aparece con unos $866 millones. A eso se suman $975 millones de deuda fiscal, $1.725 millones de obligaciones previsionales y compromisos laborales, sindicales y con proveedores. Al 31 de mayo, la empresa registraba unos $262 millones en cheques diferidos a proveedores, mientras que en el mercado ya figuraban 65 cheques rechazados por algo más de $300 millones. Esos incumplimientos derivaron en embargos sobre las cuentas de la sociedad, que amenazaban con paralizar la operación. “Si bien el escenario sigue siendo muy competitivo, estamos siendo muy optimistas con la colección de verano. Fuimos optimizando proveedores y la propuesta será muy buena, con precios muy competitivos”, cerró Sonne.