La privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) incorporó un nuevo factor de incertidumbre a partir del conflicto diplomático entre Argentina y Brasil. El motivo es que dos de las empresas que aparecen entre las interesadas en participar del proceso son brasileñas y analizan presentarse junto con socios locales para competir por el control de la compañía.

Se trata de Sabesp y Águas do Rio, dos compañías con experiencia en el sector de agua y saneamiento en Brasil. Ambas forman parte del grupo de operadores internacionales que pueden asociarse con empresas argentinas para cumplir con los requisitos establecidos en el pliego de privatización.

Sabesp (Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo) es la empresa de agua y saneamiento más grande de Brasil y de América Latina. La compañía opera la red de San Pablo y abastece de agua potable y alcantarillado a unos 27 millones de personas en cientos de municipios del estado paulista.

La otra firma brasileña interesada es Águas do Rio, una empresa concesionaria de saneamiento básico operada por el grupo privado Aegea Saneamento. La compañía presta servicios de agua potable y alcantarillado a millones de personas en decenas de municipios del estado de Río de Janeiro, luego de ganar una histórica subasta pública en 2021.

La presencia de estos operadores brasileños tomó relevancia porque el proceso de privatización de AySA exige un nivel específico de experiencia técnica. El pliego establece que el operador técnico debe contar con antecedentes comprobables en la operación y gestión de empresas prestadoras de servicios públicos de agua potable y de recolección de desagües cloacales.

Durante el proceso, una consulta publicada en el data room preguntó si el operador técnico debía acreditar experiencia en ambos servicios o si alcanzaba con antecedentes en uno de ellos. La respuesta oficial aclaró que debía contar con experiencia en agua potable y desagües cloacales. El data room es el espacio al que acceden las empresas que adquirieron el pliego y manifestaron interés en participar. Allí pueden consultar documentación del proceso, acceder a información técnica y realizar visitas a las instalaciones para elaborar sus propuestas.

Según fuentes de AySA consultadas, los interesados locales por sí solos no reúnen las condiciones exigidas por los pliegos. Por ese motivo, Grupo Roggio y Mauricio Filiberti, dueño de Transclor, avanzaron en conversaciones con operadores internacionales para conformar presentaciones conjuntas.

Roggio es el operador actual de Aguas Cordobesas y el jugador local con mayor trayectoria específica en el rubro del agua. El conglomerado también participa en otros sectores de servicios e infraestructura, como la operación del ramal Urquiza de trenes a través de Ferrovías y el subte porteño.

Además de las compañías brasileñas, otro de los nombres que aparece entre los interesados es Veolia, una multinacional francesa fundada en 1853 bajo el nombre de Compagnie Générale des Eaux. La empresa es líder mundial en gestión del agua, tratamiento de aguas residuales, desalinización y reutilización de recursos hídricos para ciudades e industrias.

Desde AySA mantienen una mirada optimista respecto del impacto que puede tener el conflicto diplomático con Brasil sobre la licitación. En la empresa consideran que todavía existe tiempo para que la situación se modifique y señalan que es probable que alguno de los oferentes solicite una extensión del plazo para presentar propuestas, algo que consideran habitual en procesos de esta magnitud. En principio, hay tiempo para presentar ofertas hasta el 27 de agosto, fecha en la que se abrirían los sobres.

Según esa evaluación, una eventual prórroga permitiría sumar alrededor de un mes al cronograma y dar margen para que disminuya la tensión entre ambos países. En AySA sostienen que, si baja la intensidad del conflicto político, no debería existir un problema con la participación de compañías brasileñas. De todos modos, está pendiente un encuentro entre el titular de AySA, Alejo Maxit, y el canciller Pablo Quirno para analizar si la confrontación política alcanzó también los niveles comerciales y de gobierno.

Entre empresarios locales también consideran que el impacto de la tensión bilateral puede ser limitado por las características del negocio. Según fuentes del sector, si una compañía ingresa en un contexto político complejo pero obtiene una concesión por 30 años, el horizonte de largo plazo puede tener mayor peso en la decisión. Al mismo tiempo, esas fuentes señalaron que no observan a ningún gran grupo internacional completamente decidido a presentarse.

En los últimos días se percibió una cierta frialdad en el contacto entre las firmas locales y las brasileñas, pero no queda claro que ello se haya debido al conflicto diplomático entre ambos países.

El proceso contempla que el comprador adquiera el 90% de las acciones de AySA, mientras que el 10% restante permanece en manos de los trabajadores mediante el programa de Propiedad Participada (PPP). La empresa se venderá en funcionamiento y con un plan de objetivos y metas que deberá cumplirse durante el primer ciclo tarifario de cinco años.

Desde AySA explican que, al adquirir una compañía con ese esquema ya validado por el organismo de control, la principal posibilidad para mejorar la rentabilidad estará vinculada con la generación de eficiencias operativas. Entre esas variables mencionan mejoras de gestión y reducción de costos. “Cuando la actual gestión tomó la empresa en 2024, AySA contaba con 7.800 empleados. Desde entonces, 1.500 trabajadores se retiraron mediante retiros voluntarios”, precisaron.

Entre los cambios destacados por la compañía aparece la reducción de la morosidad, que bajó de 16% a 11%, aunque remarcan que debería estar en 4%. En la empresa vinculan esa evolución con el cambio de la cultura de pago del servicio. También remarcan la recuperación tarifaria, con un incremento del 300%, para que la operación pueda cubrirse con ingresos propios y no mediante aportes del Tesoro Nacional.

El pliego de privatización, conocido el 15 de mayo, autorizó la venta sin una base ni un precio mínimo público establecido de antemano. El documento indica que el resultado dependerá de la competencia efectiva entre los oferentes.

El contrato de concesión fija inversiones por USD 1.940 millones durante el primer quinquenio y USD 2.030 millones durante el segundo, con un total previsto de USD 15.040 millones durante los 30 años de vigencia.

Entre los objetivos establecidos para los primeros diez años, figura el aumento de la cobertura de agua potable de 75,3% a 78,9% y de cloacas de 63,9% a 65,3%. También contempla mejoras en la presión del servicio, con un incremento del porcentaje de mallas con prestación satisfactoria del 58% al 61% en el primer ciclo y al 67% posteriormente.

El esquema incluye además la instalación de 100.000 medidores por año y la renovación de 500 kilómetros de redes de agua y 125 kilómetros de cloacas por ciclo. Entre las obras previstas para los primeros períodos figuran la terminación de Río Sur Tramo 1, la Impulsión Malvinas más Noroeste 1, la ampliación de la planta de Bernal y el cierre del Plan de Transición.

Aysa es una de las empresas sanitarias más grandes de América Latina y da servicios a 14 millones de usuarios entre la Ciudad de Buenos Aires y 26 distritos del conurbano.