El cuarto día de paro de los prácticos en los puertos argentinos mantiene frenadas las exportaciones de granos y la distribución de combustibles. En respuesta al reclamo que inició el sábado, el Gobierno intimó a 536 trabajadores a retomar tareas y anticipó sanciones por un conflicto que ya compromete contratos externos, el abastecimiento hacia la Patagonia sur y costos de entre USD 50.000 y USD 100.000 diarios por barco detenido.

Solo este martes se sumaron al polo exportador del Gran Rosario más de 45 barcos a la espera de los servicios de practicaje —las maniobras de ingreso y salida de buques en terminales portuarias—, que se suman a los 140 registrados el lunes. “Si la situación no se resuelve durante la jornada, podrían sumarse otros 30”, advirtió Gustavo Idígoras, presidente de la Cámara de la Industria Aceitera y del Centro de Exportadores de Cereales (CIARA-CEC). El directivo comparó ese sobrecosto con “un taxi” que sigue cobrando entre USD 50.000 y USD 100.000 por día por cada embarcación inmovilizada.

La medida de fuerza comenzó el sábado 1° de agosto, tras la publicación del Decreto 690/2026, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, que modificó el régimen del servicio de practicaje y pilotaje. Este martes, la Prefectura Naval Argentina (PNA) ordenó por edicto el retorno inmediato a la actividad de los profesionales incluidos en un anexo oficial y advirtió que, de no hacerlo, podrían enfrentar sanciones disciplinarias y denuncias penales.

Idígoras sostuvo que el sector agroexportador no mantiene una disputa directa con los trabajadores en huelga porque no existe un reclamo salarial y porque las cerealeras no son la contraparte contractual de los prácticos, que prestan servicios a las agencias marítimas en la vía navegable. También cuestionó que los cambios regulatorios no hubieran sido discutidos antes en una mesa de diálogo con el sector alcanzado.

Idígoras alertó sobre el efecto externo del conflicto y afirmó que la Argentina puede quedar catalogada como un país inseguro para cumplir contratos de exportación, una señal que favorecería a competidores directos como Brasil. El dirigente reclamó que la PNA convoque “en el día de hoy” a una mesa de trabajo para encontrar una hoja de ruta que permita aplicar el decreto y restablecer la actividad. Hasta el momento, el Gobierno no impulsó ninguna instancia de diálogo con el sector: según pudo saber Infobae, la Secretaría de Desregulación evalúa la aplicación de una medida cautelar para destrabar el conflicto por la vía judicial.

La resolución oficial, publicada el viernes pasado, reemplazó un régimen vigente desde 1991. La reforma creó un registro abierto de profesionales bajo la órbita de la PNA, habilitó a los usuarios a elegir libremente prestadores y eliminó barreras de ingreso para nuevos operadores.

El decreto también asignó a la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) la facultad de fijar tarifas máximas y obligó a publicar precios para fomentar la competencia. A la vez, eliminó la segmentación geográfica que exigía cambiar de práctico durante un mismo trayecto, flexibilizó las condiciones de traslado de esos trabajadores y amplió los casos en los que ciertos buques quedan exceptuados de contratar el servicio.

En su conferencia semanal de los martes, el vocero presidencial Adrián Ravier defendió la medida al afirmar que el objetivo es “bajar el costo argentino” mediante competencia. Según dijo, la apertura del mercado permitiría el ingreso de nuevos jugadores, precios más competitivos en el practicaje y una reducción de los costos logísticos con impacto posterior sobre empresas y consumidores.

Ravier agregó que se trata de un “servicio esencial” y sostuvo que quienes hoy operan en ese mercado tienen la obligación de sostenerlo. También aseguró que “habrá castigos” para los responsables del paro, aunque aclaró que al momento de la conferencia no tenía una estimación oficial del costo total provocado por la interrupción.

Los datos que el Ministerio de Desregulación utilizó para respaldar la reforma ubican al practicaje argentino entre los más caros del mundo. Para un buque Panamax, la tarifa en el Río de la Plata más Puerto Buenos Aires asciende a USD 16.903, más del triple que en Gdańsk, Polonia (USD 4.729) o Everglades, Florida (USD 4.476), y entre el doble y el cuádruple de lo que se cobra en puertos británicos como Londres (USD 3.404–8.399) o Southampton y Portsmouth (USD 1.511–3.505). Los puertos argentinos patagónicos cobran USD 11.237 y los no patagónicos, USD 9.364, cifras que también superan ampliamente a sus equivalentes internacionales.

En la tarifa de lancha para el traslado del práctico, Buenos Aires y Quequén cobran USD 2.000, frente a los USD 700 de Ámsterdam, los USD 415 de Southampton o los USD 200 de Everglades. El caso más extremo es Bahía Blanca, cuya tarifa de lancha oscila entre USD 1.189 y USD 5.718, un rango que supera al de cualquier puerto europeo relevado.

La Cámara Argentina de Energía (CADE) informó, según pudo saber Infobae, que las operaciones de todas sus empresas asociadas quedaron interrumpidas y que existe riesgo de dificultades en el abastecimiento de combustible. Los muelles afectados incluyen Campana, Dock Sud, Arroyo Seco, Bahía Blanca, San Lorenzo, Santa Cruz y Caleta Córdova, puntos desde los que se distribuyen nafta, gasoil, fuel oil y crudo hacia las refinerías del país.

Entre las operaciones suspendidas figura la del buque de transporte pesado White Marlin, que debía intervenir en tareas vinculadas al proyecto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), el oleoducto que conectará la cuenca neuquina con la costa de Río Negro. La embarcación quedó fondeada fuera del puerto porque no contaba con un práctico para ingresar.

Fuentes del sector explicaron a este medio que el principal cuello de botella está en el movimiento de combustible entre los puertos más importantes hacia el sur del país, ya que el flujo que sale desde las refinerías de Campana, Dock Sud, La Plata y Bahía Blanca hacia la terminal de Comodoro Rivadavia, desde donde se abastece gran parte de la Patagonia sur, permanece detenido. “Si bien dependerá de la duración del conflicto, ya que hay márgenes, si se extiende, puede haber dificultades en el abastecimiento”, reconocieron desde una petrolera.