El Gobierno, con el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger a la cabeza, prepara el envío al Congreso de un proyecto de desregulación de más de 144 páginas. Según el anteproyecto al que accedió Infobae, el texto se estructura en 11 títulos y abarca modificaciones profundas en áreas como el régimen de corretaje, el sector agroindustrial, el mercado de capitales, la logística portuaria y la comercialización farmacéutica.

Una de las iniciativas centrales es la digitalización integral en diversos sectores. El texto promueve la transición digital, permitiendo la venta de medicamentos a través de canales digitales, la representación de valores negociables mediante tecnología blockchain o registros distribuidos y la creación de un Sistema Federal de Registro de Garantías digital e interoperable. Esta herramienta unificará la publicidad de prendas y warrants en todo el país, facilitando los trámites y la transparencia en operaciones financieras y comerciales.

Ante la consulta de Infobae a fuentes oficiales del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado afirmaron que no pueden corroborar que se trate de la versión final. “El proyecto de ley está en revisión y hay ajustes, cambios y modificaciones haciéndose constantemente. Cuando se envíe el proyecto al congreso vamos a dar todos los detalles necesarios”, sostuvieron sin negar el borrador al que logró acceder este medio.

El anteproyecto prohíbe de manera explícita cualquier intervención estatal sobre precios, volúmenes o márgenes de rentabilidad en sectores como el gas licuado de petróleo (GLP). Además, elimina restricciones al ejercicio del corretaje, suprimiendo la fijación de aranceles mínimos, comisiones con pisos o topes máximos. Estas modificaciones buscan fortalecer la libre competencia y reducir la injerencia estatal en la regulación de actividades económicas.

Por último, el borrador al que accedió este medio incluye la declaracaión de la emergencia pública en materia administrativa por seis meses y otorga al Poder Ejecutivo facultades delegadas para eliminar barreras de entrada, cuotas de producción, licencias comerciales y cualquier restricción que distorsione la libre competencia en actividades no reguladas como servicios públicos. Sin embargo, en el Gobierno aseguran que esa iniciativa quedó totalmente fuera de la discusión.

El sector farmacéutico figuran entre los más afectados, el proyecto apunta a la desregulación de los punto de venta de los medicamentos. Es decir, que aquellos que sean de venta libre puedan ser comercializados en establecimientos distintos a las farmacias. Incluso a través de canales digitales siempre y cuando se garantice la trazabilidad y seguridad mediante una serie de requisitos técnicos de la autoridad sanitaria. Lo que se pretende es que las farmacias usen plataformas de terceros para exhibición, gestión de pedidos, pagos y logística de medicamentos que no sean de expedido restringido para habilitar el envío a domicilio de productos farmacéuticos.

Otro punto de que se busca es la flexibilidad de la propiedad. En caso de que el proyecto se apruebe, las farmacias van a poder constituirse bajo cualquier figura jurídica y las droguerías podrán despachar recetas al público si se constituyen como farmacias. Ademas de establecer la obligación de los archivos digitales para el recetario y el control de estupefacientes y psicotrópicos.

En cuanto al campo, el ministro Sturzenegger quiere potenciar el uso de certificados de depósitos y warrants sobre productos agrícolas, ganaderos y forestales, permitiendo que el productor se constituya como depositario. También se propone derogar la Ley de Arrendamientos y Aparcerías Rurales aunque se establece que los contratos vigentes mantienen su régimen hasta la finalización.

Para el sector de la carne se pretende eliminar las contribuciones obligatorias al Instituto de la Promoción de la Carne Vacuna Argentina (Ipcva) a partir de octubre de 2027 y que pasen a ser voluntarias.

En el ámbito logístico, el proyecto habilita a buques de bandera extranjera a realizar actividades de cabotaje nacional, es decir, el transporte de carga y pasajeros entre puertos argentinos. Siempre y cuando se cumplan con las escalas progresivas de tripulación argentina (desde 0% los primeros 90 días hasta 75% en el primer año).

A su vez, se propone un alícuota de 0% a la importación de buques de hasta 20 años que se incorporen a la bandera nacional y se exime del impuesto al combustible naval de cabotaje. Y establecer una distinción entre la dotación mínima de seguridad y de explotación operativa para que el armador tenga libertad a la hora de fijar el número de tripulantes comerciales según el plan de negocios. Con esta disposición, el Gobierno apunta a incrementar la competitividad logística y facilitar la operatoria portuaria.

El régimen de instrumentos financieros y de garantía también experimenta cambios relevantes. El proyecto moderniza el régimen de Warrants y Prenda con Registro, habilitando que activos virtuales sean utilizados como garantía y facilitando la negociación de facturas de crédito electrónicas y otros títulos en plataformas digitales directas, sin intermediación obligatoria. Este apartado busca fortalecer el mercado de capitales y ofrecer nuevas herramientas de financiamiento para empresas y particulares.

El documento, al que tuvo acceso Infobae, incluye además capítulos específicos sobre el régimen de gas licuado, el régimen de libro y doblaje, el régimen de traductores públicos y aspectos vinculados a la navegación y el comercio de cabotaje. Cada uno de estos apartados presenta reformas orientadas a eliminar regulaciones consideradas innecesarias o restrictivas para la actividad privada.

La propuesta oficial se diseñó para facilitar el desarrollo de los mercados, modernizar la administración y promover la innovación tecnológica en los registros públicos. Según Infobae, la iniciativa contempla una transición digital de gran parte de los trámites y la apertura de sectores históricamente regulados, lo que representa un cambio de paradigma en la gestión estatal.