La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York rechazó una medida extraordinaria que había solicitado Burford Capital, el bufete inglés que es el principal demandante contra Argentina en el caso por la expropiación de YPF.

Burford, que había conseguido un fallo en primera instancia de la jueza Loretta Preska, que obligaba al país a indemnizarlo con unos USD 18.000 millones, recibió un fallo adverso en marzo y quedó como el principal perdedor de esta contienda jurídica que lleva unos 10 años y que se originó por el reclamo de una serie de accionistas luego de expropiación de la petrolera, en 2012, cuando Cristina Kirchner era presidenta.

Luego del fallo adverso de Cámara, el bufete que cotiza en Nueva York y Londres, y cuyas acciones se desbarrancaron luego de esa decisión, le había pedido al pleno de la Cámara –y no solo a los tres jueces que fallaron en su contra, Denny Chin, José Cabranes y Beth Robinson– que revea la sentencia.

En fallo de pocas líneas, firmado por la Clerk (una suerte de secretaria del tribunal) de la corte Catherine O’Hagan Wolfe, rechazó lo que técnicamente se denomina apelación “en banc”. Una medida que solo se acepta en casos excepcionales.

Ahora, Burford sólo tendrá la opción judicial de apelar a la Corte Suprema de Justicia de EEUU. Y, como anunció, acudir al Ciadi, el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones del Banco Mundial.

“Tras esta decisión, Burford tiene 90 días para intentar el último recurso disponible en EEUU: un pedido de revisión a la Corte Suprema (virtualmente cero chance de que eso prospere)”, dijo en X el ex subprocurador del Tesoro del gobierno de Alberto Fernández, Sebastián Soler.

“Esta decisión confirma lo ya decidido, evitando para nuestro país un pago de 16.000 millones de dólares más intereses. Para YPF es un capítulo muy relevante porque nos permite consolidar nuestro Plan 4x4, impulsar las exportaciones, proyectarnos hacia el 2031, y posicionar a la Argentina como un proveedor confiable de energía para el mundo. Esto nos impulsa a seguir trabajando con determinación y confianza en el futuro de YPF, generando valor para la compañía y sus accionistas”, dijo en la misma red social, Horacio Marín, presidente de YPF.

En un comunicado posterior al fallo de marzo, Burford aseguró que la medida fue “muy decepcionante” y que analizaba llevar el caso a la Corte Suprema de EEUU y al Ciadi.

LE 27 de marzo pasado, la Corte de Apelaciones de Nueva York revocó el fallo de primera instancia contra Argentina por la expropiación de YPF y dejó sin efecto una condena que superaba los USD 16.000 millones. Era el mayor juicio que enfrentaba el país en un tribunal del exterior y la demanda más grande en la historia de Estados Unidos contra un Estado soberano.

El impacto del fallo también se vio en el mercado: la acción de Burford Capital, el principal beneficiario esperado de la sentencia de primera instancia, cayó más de 43% tras conocerse la decisión, mientras su capitalización bursátil pasó de unos USD 3.500 millones en septiembre de 2023 a USD 809 millones.

El tribunal del Segundo Distrito de Nueva York devolvió además el caso para que continúen las actuaciones de acuerdo con su criterio. En su resolución, los jueces afirmaron: “Revocamos la sentencia dictada por el tribunal de distrito a favor de los demandantes en sus reclamos por incumplimiento de contrato contra la República, confirmamos la desestimación por parte del tribunal de distrito de los reclamos contra la República y YPF, confirmamos la sentencia dictada por el tribunal de distrito a favor de YPF y devolvemos el caso para que se realicen los procedimientos ulteriores de conformidad con esta opinión”.

La votación fue dos a uno: Cabranes se pronunció a favor de los demandantes, según el texto fuente. A grandes rasgos, la Cámara aplicó la ley argentina y concluyó que la Ley de Expropiación aprobada por el Congreso en 2012 prevalece sobre el estatuto de la empresa.

El núcleo de la decisión fue que las pretensiones de los accionistas no podían sostenerse en los términos planteados. El tribunal de alzada de Estados Unidos señaló: “Sostenemos que las reclamaciones de los accionistas por daños y perjuicios derivados del incumplimiento de contrato contra la República Argentina y la empresa no son admisibles conforme al derecho argentino, y que las demás reclamaciones de los accionistas contra la República Argentina y la empresa carecen de fundamento”.

Eso significa, en términos directos, que la condena quedó completamente revertida y que Argentina no debe pagar la suma fijada por la jueza Loretta Preska en primera instancia. Ese escenario era el más favorable para el país entre las alternativas que evaluaba el Gobierno después de la audiencia de octubre pasado.