El riesgo país es uno de los indicadores más seguidos por los mercados financieros internacionales a la hora de evaluar la solidez económica de un país y su capacidad para cumplir con el pago de su deuda. Para Argentina, ese número tiene una importancia particular: determina a qué costo puede salir a buscar financiamiento externo en un contexto en el que debe enfrentar compromisos de pago por unos USD 9.000 millones en el próximo año.

Al 7 de mayo, el índice elaborado por JP Morgan ubicaba a Argentina en los 519 puntos básicos, el valor más alto de toda América Latina, muy por encima del promedio regional de 256 puntos y a una distancia considerable de los países mejor posicionados de la región.

El dato ubica al país muy por encima del segundo en la lista, Ecuador, que registra 404 puntos, y a una distancia considerable del promedio latinoamericano, que se sitúa en 256 puntos. En el otro extremo del ranking regional se encuentra Uruguay, con apenas 64 puntos básicos, seguido de Chile con 83.

La semana que terminó el 9 de mayo trajo, sin embargo, una señal de alivio: el indicador tocó un mínimo en tres meses después de que la calificadora de riesgo Fitch elevó la nota soberana de Argentina de “CCC+” a “B-”. Con ese impulso, el riesgo país descontó 28 unidades y se acercó a los 510 puntos básicos, un nivel que no se registraba desde el 18 de febrero. A pesar de la mejora, la brecha con el resto de la región sigue siendo amplia.

El resto de los países de la región también tiene mejores calificaciones. Paraguay registra 102 puntos, Panamá 113, Perú 119 y Guatemala 120, por citar algunos ejemplos. También Brasil, con 172 puntos, está en una situación mucho más altentadora que la de Argentina.

Por encima del promedio global —que el índice ubica en 214 puntos— y del promedio latinoamericano de 256 puntos, solo Colombia (243), México (198) y Honduras (194) se acercan más a los valores intermedios de la región, aunque todos ellos están lejos de los 519 puntos que registra Argentina.

El dato positivo es que en los últimos meses, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos colocaron bonos en el mercado internacional, en todos los casos a tasas anuales de un dígito en dólares. La tendencia muestra que, a medida que el riesgo país se reduce, distintos actores del sector público comienzan a explorar oportunidades de financiamiento externo que hasta hace poco resultaban inaccesibles.

El indicador funciona como un termómetro para los inversores, ya que mide la probabilidad de que un Estado incumpla sus compromisos financieros. Se obtiene al comparar el rendimiento de los bonos soberanos con el de los bonos del Tesoro estadounidense de igual plazo, considerados activos libres de riesgo. Cuando la diferencia entre ambos se amplía, refleja desconfianza sobre la estabilidad económica del país y anticipa obstáculos para acceder a financiamiento exterior en condiciones favorables.

El índice de JP Morgan es una referencia para la renta fija de los países emergentes. El indicador estima la sobretasa que los países emergentes deberían pagar respecto de bonos de la misma duración emitidos por Estados Unidos. En términos prácticos, a mayor riesgo país, más cara resulta la deuda para el Estado.

Un índice de riesgo país alto obliga al Gobierno a ofrecer intereses más elevados para captar fondos en los mercados internacionales, lo que encarece la deuda y dificulta el manejo fiscal.

La expectativa financiera de este 2026 se concentra para Argentina en la oportunidad de volver a colocar bonos en dólares en los mercados internacionales. Tasas de financiamiento accesibles permitirían a la vez estirar vencimientos, descomprimir el mercado de cambios local y ofrecer a los inversores señales de previsibilidad que atraerían nuevos capitales a la economía doméstica.

Si el riesgo país de Argentina consigue romper el piso de los 400 puntos básicos, el Tesoro podría financiarse con mayores volúmenes en los mercados internacionales y liberaría las divisas que ingresan a la economía por superávit comercial e inversión extranjera para apuntalar el crecimiento de la actividad.

En ese marco, el Gobierno avanzó en gestiones con organismos multilaterales para mejorar las condiciones de acceso al crédito externo. El Banco Mundial trabaja en una garantía de hasta USD 2.000 millones para ayudar a refinanciar una porción de la deuda de Argentina, reducir costos de financiamiento y crear mejores condiciones para un mayor flujo de inversión privada nacional e internacional. El objetivo central del equipo económico es obtener una tasa de interés cercana al 5%, muy por debajo de los niveles que el mercado internacional exigiría a Argentina en una emisión tradicional de deuda.