“Si a Piegari, que tiene 100 empleados, un fallo de $200 millones le genera un problema, imaginate a mí, que tengo 3: me deja fuera de juego”

La voz de Mariana Cademartori, socia mayoritaria (80%) de Naranja Mandarina (el 20% restante es de su socio, Sebastián Martino) una micropyme que al cabo de doce años de una exitosa iniciativa de fabricación y venta de ropa para niños y preadolescentes con un local en Junín y venta en otras localidades bonaerenses, suena enérgica y a la vez angustiada. Es que la empresa afronta hoy un riesgo existencial: un fallo de la justicia laboral de la provincia por una suma impagable ($190 millones) para el tamaño de la empresa y un embargo ($330 millones) que supera largamente su facturación anual y paralizó su giro comercial.

A Naranja Mandarina solo puede salvarla que la Corte Suprema de Justicia bonaerense acepte antes del inicio de la feria judicial el recurso “en queja” que presentó el abogado de la empresa. De lo contrario, la quiebra será inevitable, tras una serie de acciones y fallos y un nuevo absurdo del fuero laboral.

En febrero de 2022, tras más de cinco año de trabajar productos de la marca, que compraba con crédito de la empresa y vendía en una zona exclusiva a los precios que él mismo decidía, un distribuidor se consideró “despedido” y al mes siguiente planteó un juicio laboral.

La empresa alegó que el caso debía tramitarse en el fuero comercial, pero la justicia bonaerense lo enmarcó como un conflicto laboral.

“Arrancamos al año y medio de creación de la empresa. Él ya tenía una zona de trabajo y empezó a llevar la mercadería bajo ciertas normas propias. Nosotros respetábamos su zona. Pero el fuero judicial lo consideró un viajante de Comercio y nos condenaron a pagar $14 millones”, contó Mariana a Infobae.

La suma engordó un 1.257%, a $190 millones, por aplicación del “fallo Barrios”, una sentencia controversial, dictada en el caso de un accidente de tránsito, pero que la justicia laboral aplica con un criterio capaz de llevar a Naranja Mandarina, y a cualquier pyme o micropyme a que se aplique, a la quiebra. A la cuenta se aplicó también una tasa de interés del 6% y multas “que metieron adentro”, según la dueña.

En la Provincia de Buenos Aires, si una empresa quiere recurrir a la Corte Suprema de Justicia provincial debe depositar el monto del fallo en sede judicial. Serían $190 millones líquidos, suma imposible para cualquier micropyme.

El abogado de Naranja Mandarina presentó un recurso extraordinario para que la empresa pueda defenderse, el Tribunal Laboral de Junín impuso una “pericia contable” y mientras corría el lazo para su realización impuso un embargo de cuentas bancarias por más de $330 millones.

El abogado de la empresa fue entonces “en queja” a la Corte provincial, pero con las cuentas embargadas la firma tiene paralizado el giro comercial.

“No podés cobrar, no podés pagar a proveedores ni a empleados, ni impuestos. Todos los cheques te vuelven, el giro comercial está roto. Si nos agarra la feria de enero en esta situación, tenemos que concursarnos”, explicó Cademartori. Y eso, dice ante la pregunta de este medio, a pesar de la buena voluntad de los tres empleados y los más de quince colaboradores indirectos (diseñadores, cortadores, etc.) de la micropyme.

“Ya suspendí la temporada que viene. No puedo asumir compromisos”, afirmó, angustiada, aunque gratificada por el respaldo de la comunidad, de gente del Municipio e incluso “a nivel provincial” que quiere “dar una mano”.

“La gente y los talleres nos bancan, pero la realidad es muy angustiante”, explicó. A Naranja Mandarina le es imposible afrontar un embargo de $330 millones, una cifra que supera largamente no solo sus ganancias, sino también su facturación anual.

Cademartori recordó que en diciembre de 2024 la demanda propuso un arreglo por el equivalente a 30.000 dólares, que rechazaron, porque hubiera sido aceptar que el distribuidor era algo que no era, empleado de la empresa.

La empresaria pyme apuesta a que visibilizar el caso haga que la CSJ bonaerense enmiende un veradero absurdo laboral.

La referencia a Piegari del comienzo del texto es por el caso del empresario Alberto Chinkies, dueño del restaurante porteño, quien recientemente reveló en una entrevista un fallo del fuero laboral que lo condenó a pagar más de $200 millones de indemnización por el despido de un trabajador que durante la pandemia de Covid 2019 se negó a retomar su trabajo como “personal esencial”. Chinkies lo despidió por lo que consideró una causa justificada, pero la jueza laboral en primera instancia dictó un embargo preventivo por $160 millones, maniatando el accionar de la empresa, que tiene cerca de 100 empleados.

También en el fuero laboral las empresas afrontan una “industria del juicio” por accidentes y riesgos de trabajo que entre 2021 y 2025 creció fuertemente: se estima que cerrará este año en cerca de 125.000 presentaciones, a contramano de la caída en los datos de siniestralidad. Lo que sugiere que el fenómeno no se debe a la ocurrencia de accidentes, sino a los incentivos de los sistemas judiciales y periciales.

Un reciente informe precisa además que en los primeros once meses de 2025 la litigiosidad creció 5,1% respecto de igual período de 2024. La provincia de Buenos Aires concentra el 39% de los litigios (más que su peso poblacional), CABA es la segunda jurisdicción más litigiosa (8%) y Santa Fe superó su récord de 2019, con 26% de aumento del número de litigios. Ritmo de por sí alto pero inferior al de Chubut, donde la litigiosidad aumentó de un año a otro un pasmoso 44 por ciento.