YPF anunció el inicio de la construcción del oleoducto Vaca Muerta Sur, un proyecto atravesado por un fuerte reclamo de las comunidades costeras de Río Negro y Chubut. Tiene una extensión de 437 kilómetros que busca transportar crudo desde el yacimiento a la costa pagónica. La polémica principal es que el puerto de Punta Colorada está sobre las costas del Golfo San Matías, ubicado a apenas unos 30 kilómetros de la Península Valdés, Patrimonio de la Unesco y una zona protegida de la provincia. 

La petrolera estatal –ahora bajo la gestión libertaria– se unió en lo formal a la empresa Vaca Muerta Oleoducto Sur (VMOS), un consorcio de compañías que incluye a Vista Energy Argentina, Pampa Energía y Pan American Sur. La intención es comenzar la construcción del oleoducto de manera inmediata para que esté operativo en julio de 2027. 

El proyecto quedó en medio de una polémica en su momento porque el Golfo San Matías, destino final del oleoducto que nace en la Cuenca Neuquina, fue un área protegida por ley hasta septiembre de 2022, cuando las autoridades cambiaron la legislación para poder hacer posible este proyecto. En agosto pasado hasta la Iglesia se metió en la discusión, con una carta enviada por el Roberto Álvarez, obispo de Rawson, al gobernador de Chubut, Ignacio Torres, haciéndose eco de las inquietudes de ciudadanos y ambientalistas.

Para poder comenzar con la obra, las autoridades ambientales de Neuquén debían aprobar el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) del primer tramo. Según publicó elDiarioAR en su momento, YPF aseguró que tendría todos los permisos ambientales aprobados.

Ahora la compañía dio un paso concreto para llevar adelante el proyecto: informó a la Comisión Nacional de Valores (CNV) la reunión de directorio de VMOS celebrada el viernes pasado, donde se aprobó por unanimidad la construcción del oleoducto. La sede de YPF fue el epicentro del encuentro que reunió a los ejecutivos más importantes de las compañías participantes, como Horacio Marín, presidente y CEO de YPF; Miguel Galuccio, presidente de Vista; Germán Burmeister, presidente de Shell Argentina, Chile y Uruguay; Marcelo Mindlin, presidente de Pampa; Daniel Ciaffone, vicepresidente de PAE; Adrián Vila, gerente general de Pluspetrol Argentina; y Gerald Free, gerente de Planificación y Finanzas para América Latina de Chevron, según consignó el diario Clarín.

La creación formal de Vaca Muerta Sur está atada a la gestión de Javier Milei, ya que el proyecto fue el primero en plegarse al Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI). Se anotó el 15 de noviembre. Según el anuncio oficial, significa una inversión de US$ 3.000 millones.

El proyecto incluye una terminal de carga y descarga con monoboyas interconectadas y una playa de tanques y almacenamiento. Se prevé una capacidad inicial de transporte de 550.000 barriles por día, con potencial para alcanzar los 700.000 barriles diarios. La estatal YPF tendrá una capacidad de transporte comprometida de 120.000 barriles por día.

A mitad de este año, el obispo Álvarez de Rawson se hizo eco del reclamo de diversas ONGs, ambientalistas y vecinos de Chubut y le envió una carta directamente al gobernador donde le preguntaba si la mega obra que impulsa YPF “no perjudicaría algunos ecosistemas propios de nuestro mar territorial y si no incidirá en la Península Valdés que es considerada Patrimonio de la Humanidad”.

“Ni el agua, ni la contaminación respetan fronteras, y prueba de ello es que el Gobierno nacional acaba de adherirse a la custodia de la biodiversidad más allá de los límites soberanos, firmando el acuerdo para la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina. Si nos estamos resguardando más allá de la milla 200, ¿no deberíamos garantizar ese cuidado en nuestra jurisdicción?”, cuestionaba Álvarez en su misiva del 31 de julio.

Una semana más tarde, el 7 de agosto, el gobernador chubutense respondió también por carta a la Diócesis de Rawson que existe un “marco de legalidad y juridicidad para la aprobación y la ejecución” de los proyectos de Vaca Muerta y que está “en estudio la posibilidad de celebrar un convenio interprovincial con Río Negro para el desarrollo de un plan de manejo ambiental conjunto de los ecosistemas conformados por el Golfo San Matías y el Golfo San José a los fines de monitorear los proyectos que sean aprobados”.

La funcionaria que estuvo a cargo de todo el proceso de control de los Estudios de Impacto Ambiental (EsIA) de la obra en Río Negro hasta comienzos de este año era Dina Migani, cuya familia tiene una empresa junto a los Macri que provee químicos a las petroleras de Vaca Muerta, entre ellas, a YPF. En el Golfo San Matías, el puerto de destino del oleoducto estará rodeada por cuatro áreas naturales protegidas —entre ellas Península Valdés— y ubicado en la costa atlántica de Río Negro, donde el transporte de petróleo y gas estaba prohibido por ley hasta septiembre de 2022. 

MC