Más de treinta organizaciones sociales, políticas, sindicales, religiosas y de derechos humanos presentaron este lunes los resultados del Tercer Censo Popular de Personas en Situación de Calle de la Ciudad de Buenos Aires. La conferencia de prensa se realizó a las 18 en la sede de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro, ubicada en Carlos Calvo 2365.

El relevamiento, realizado entre el 26 y el 28 de junio, contó con la participación de cientos de voluntarios que recorrieron los barrios porteños para relevar cuántas personas viven hoy en la calle. Además, se entrevistó a la población censada para conocer su estado de salud, nivel educativo, situación laboral y trayectoria de vida.

“Con este censo buscamos mostrar una realidad subestimada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que año tras año presenta cifras que no reflejan la magnitud del problema”, señalaron desde la organización del censo. Los censos populares anteriores, realizados en 2017 y 2019, habían arrojado cifras muy superiores a las oficiales.

Según los organizadores, la población en situación de calle “no para de crecer”. Entre las principales causas mencionan la crisis socioeconómica, el deterioro del sistema de salud y la ruptura de redes familiares y comunitarias.

A través de un comunicado, las organizaciones denunciaron: “Existen leyes que obligan al Estado a garantizar derechos, pero no se cumplen”. A nivel nacional, la Ley 27.654 reconoce el acceso integral a la salud, alimentación, educación, identidad y vivienda como derechos básicos, además de prohibir desalojos forzosos y criminalización. En el ámbito porteño, la Ley 3.706 obliga al Gobierno de la Ciudad a actuar con acompañamiento y abordaje personalizado, garantizando el acceso a centros de integración, salud y asistencia social.

“Los programas que dependen del Gobierno Nacional están completamente desfinanciados y los que dependen de la Ciudad son insuficientes debido a que las políticas públicas no se adecuan a la población real que hay sobreviviendo en la calle”, agregaron.

“Exigimos presupuesto acorde, políticas públicas efectivas y respeto por los derechos humanos de quienes hoy no tienen un techo. La calle no es un lugar para vivir y tampoco para morir”, concluyeron.

MM