La camioneta amarilla de “Espacios Públicos” estacionó en la esquina de Viamonte y Montevideo del centro porteño. Un patrullero de la policía de la ciudad frenó detrás. Aquel 16 de julio por la noche, Ricardo Mora (30) y Mónica Gutiérrez (43), una pareja en situación de calle que duerme en esa esquina hace cinco años, salieron de su pequeño refugio hecho con nylon y plástico. 

La denuncia la había hecho un puesto de diarios al lado de esa esquina: un vecino cansado de que estén ahí. Cinco funcionarios del Gobierno porteño y cuatro policías rodearon a la pareja. Les exigieron sus colchones y el carro donde junta cartón para venderlo. También les ordenaron desalojar la esquina. Mónica, paciente psiquiátrica e insulina dependiente, se negó. Un efectivo la tomó del brazo y la estrelló contra el puesto de diario, ya cerrado. La cara de Mónica contra el verde metálico y frío del puesto. Ricardo saltó a defenderla: terminó detenido en la comisaría 1-B de la calle Tacuarí. Entre las pertenencias de la pareja que se llevaron los funcionarios porteños esa noche, estaba la insulina de Mónica. “Me dijeron que era una droga ilegal y se la llevaron a la comisaría”, cuenta ella. La escena se repetirá tres veces más a lo largo de agosto y septiembre. La bajada del Gobierno porteño es clara: de la calle también pueden desalojarte. 

Según el último informe de la Asamblea Popular por los Derechos de las Personas en Situación de calle, hubo un aumento de la violencia institucional contra los ‘sin techo’ de la ciudad. El informe describe que entre agosto del 2023 y 2024, hubo 104 situaciones de violencia por parte de funcionarios porteños, un aumento del 37% respecto al año pasado. La Ciudad de Buenos Aires –describe el informe– es el distrito con más hechos de violencia. A esos hechos, explica la investigación, hay que sumarle 125 detenciones, requisas y secuestros de pertenencias sin orden judicial, conforme al artículo 103 del Código Contravencional.  

“Venimos registrando relatos de hostigamiento de personas en situación de calle desde hace muchos años, pero lo que vemos ahora es un aumento significativo de una política pública explícita y represiva contra esos ciudadanos”, explica Jorgelina Di Iorio, doctora en psicología, investigadora del CONICET y una de las autoras del informe. Por un lado, señala Di Iorio, el Gobierno porteño muestra más dispositivos de asistencia temporal al que no todas las personas quieren o pueden acceder y por el otro los expulsa violentamente del espacio público. “Si a una persona a la que le robaron las pertenencias en un parador decide no volver más, el Gobierno lo responsabiliza por querer vivir en la calle. En lugar de problematizar por qué no quieren recibir la asistencia que ellos promueven, deciden culpabilizarlos”, apunta la investigadora. 

elDiarioAR recorrió durante tres noches la Ciudad, junto a la organización “Amigos en la Calle”, dedicada a la asistencia de alimentos y ropa. En al menos ocho testimonios, los ciudadanos rechazaron ir a un parador por robos, maltratos o porque simplemente no los dejaban entrar con todas sus pertenencias. Silvina Iglesias, fundadora de la organización, señaló que desde el Gobierno le piden que ella recomiende la asistencia de los paradores. “¿Por qué tengo que recomendar algo que no conozco? Las historias que nos llegan hablan de un mal funcionamiento”, detalla Iglesias. “Les tiran sus pertenencias por un lado y los invitan a dormir en sus dispositivos por el otro. Cada vez vemos más hechos de violencia”, señala la fundadora de “Amigos en la Calle”. 

El secretario de Seguridad y jefe de la Policía de la Ciudad, Diego Kravtez, declaró en una entrevista radial con FM Milenium que la mitad de las personas que están en situación de calle “tienen antecedentes penales y son peligrosas”.

“Hay mucha gente en situación de calle que es oportunista de la situación, que le gusta vivir en ranchadas. Es una forma de vida. Cuando vos le ofrecés un parador, ellos prefieren quedarse en la calle con sus amigos. A veces son más bravas las ranchadas de las mujeres, que de los hombres”, sostuvo el funcionario.

Entre las últimas requisas por parte de la policía porteña, retoma Di Iorio, “se registraron contravenciones ridículas” por el uso indebido del espacio público. “Vivir en la calle no es un delito. Sin embargo, las fuerzas de seguridad labraron actas por tenencia de armas no convencionales, como los fierros largos que usan los recicladores urbanos para buscar entre la basura u otras herramientas de trabajo, como sus carros”, destacó la especialista.

En el mes de junio, la jueza Natalia Ohman, a cargo del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas Nro. 17 de la ciudad, recibió 126 comunicaciones policiales vinculadas con detenciones, requisas y secuestros sin orden judicial. Las misma estaban motivadas por la portación de armas no convencionales en la vía pública.

Al analizar los casos, la magistrada llegó a la conclusión de que esas detenciones y secuestros eran arbitrarios y se realizaron sin orden judicial, vulnerando garantías básicas sobre personas en situación de calle. Dada la cantidad de casos, Ohman resolvió declarar la nulidad de todas esas detenciones y requisas llevadas a cabo por las fuerzas de seguridad. Además, la magistrada alertó de la situación a la Defensora General, a cargo del Ministerio Público de la Defensa de la ciudad, como también al Fiscal General a cargo del Ministerio Público Fiscal del distrito. Sin embargo, a principios de septiembre, la Sala IV de la Cámara de Casación y Apelaciones en lo Penal, Penal Juvenil, Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos resolvió apartar a la jueza y revisar todo lo actuado.

Los operativos sobre personas en situación de calle son parte de la estrategia de Jorge Macri para intentar mostrar una Ciudad mas ordenada, quien desde que llegó a la jefatura de Gobierno porteña –en diciembre pasado– busco mostrarse menos tolerante que su antecesor. A los desalojos a las personas en la calle, se sumaron también los manteros que llegan a las plazas empujados por la crisis económica.

La estrategia no siempre le resultó efectiva. En abril, Macri terminó pidiendo disculpas cuando difundió en sus redes un video en el que personal de la Ciudad “limpia” a las personas en situación de calle.

Es un jueves de octubre por la noche. Bajo el letrero abandonado de la cervecería ‘Hans’, en la esquina de Viamonte y Montevideo, Mónica y Ricardo juegan a las cartas sobre un colchón.  Ayer, cuenta Ricardo, volvió la camioneta amarilla de Espacio Público con la policía a llevarse sus cosas. “Ya estamos cansados. Nosotros no molestamos a nadie. Todos los vecinos nos conocen y nos ayudan”, dice Ricardo, que nació en el barrio de Caballito. “A mi me pone muy mal cuando nos quieren sacar las pocas cosas que tenemos. Me llevaron mi insulina la última vez”, cuenta Mónica, oriunda de Santiago del Estero. “Algunos te tratan muy mal. Nos verduguean por defender lo poco que tenemos. ¿Cómo no voy a pelear por mis cosas?”, agrega ella.

A unas cuadras, en la plaza frente al Teatro Colón, sobre la calle Tucumán, Ariel López, de 44 años, descansa a la par de su carro de reciclador. Duerme por la zona hace unos tres años y, desde que Espacio Público, recorre las calles, tiene que andar escondido. “Ni bien los veo, levanto mis cosos y me voy. A veces me meto detrás de los conteiner para taparme”, cuenta Ariel. La última vez, una tarde de agosto, no pudo escapar. Lo encontraron durmiendo a mitad de cuadra y le confiscaron su único elemento de trabajo. “Ahora estoy más atento. No me van a enganchar”, confiesa el reciclador urbano.

A Oscar Gómez, de 55 años, le ocurrió lo mismo. Paraba con su carrito de supermercado por las inmediaciones del Teatro Colón cuando la camioneta de Espacios Públicos estacionó a su lado. “Me llevaron todo”, dice Oscar. “Con mi edad, ¿quién te da trabajo en esta ciudad? Encima vienen con la policía para amedrentarte”,  denuncia Oscar. 

FLD/MG