El caso Sodalicio y el asedio judicial al periodismo de investigación

Hay una nueva forma del poder para acallar a quienes los denuncian. Se conoce como SLAPP y consiste en accionar legalmente de forma reiterada y continua. La estrategia es intimidar y desgastar. En Estados Unidos, Canadá y Europa ya hay iniciativas para impedirlo como un ataque a la libertad de expresión. Es el caso que tiene al borde la cárcel a Pedro Salinas y Paola Ugaz en Perú.
- 🏛️ Escándalo histórico: el caso del Sodalicio fue uno de los mayores escándalos para la Iglesia Católica en años, con foco en Perú y resonancia en Latinoamérica.
- 📚 Revelaciones clave: Pedro Salinas y Paola Ugaz recopilaron unos 30 testimonios y expusieron el modus operandi de abusos físicos, psicológicos, espirituales y sexuales; el libro Mitad monjes, mitad soldados (2015) marcó un antes y después.
- 💰 Enfoque financiero: Ugaz continuó investigando las finanzas del Sodalicio, consideradas centrales para entender la opacidad de la organización.
- ⚖️ Desenlace institucional: el Vaticano disolvió formalmente al Sodalicio en 2025 tras un proceso largo, con involucramiento del entonces obispo de Chiclayo, Robert Prevost, ante el Papa Francisco.
- ⛓️ Poder persiste: tras la disolución, la red de personas que integraron el Sodalicio continúa operando de forma organizada en política, justicia y la Iglesia.
- 🧑⚖️ SLAPP y desgaste: las demandas judiciales contra periodistas se emplean para desgastar, en lugar de resolver, un fenómeno conocido como SLAPP (Strategic Lawsuit Against Public Participation).
- 🌍 Apoyo y advertencias internacionales: la ONU-ACNUDH y gremios de prensa señalan patrones de estigmatización y advierten que el proceso judicial puede convertirse en castigo.
- 🗣️ Defensa de la libertad de prensa: periodistas como Ugaz y Salinas enfrentan hostigamiento, ataques y denuncias que afectan su vida personal.
- 🗂️ Contexto regional y legal: abogados vinculados al caso, como Raúl Guinea Larco y Percy García Cavero, y disputas locales en Piura (Cura Mori, Catacaos) conectan el Sodalicio con litigios de tierras.
- 🛰️ Violación a la privacidad: en 2024 Ugaz recibió una orden para levantar sus comunicaciones entre 2013 y 2020, un acto que ANP describe como un golpe letal a la libertad de prensa.
- 💬 Lección humana: Ugaz subraya que el daño real recae en las personas y sus familias, no solo en la investigación periodística.
- 🚨 Impulso periodístico: pese a la presión y las denuncias, la labor de investigación sobre abuso de poder y redes de influencia continúa, dejando una marca sobre la rendición de cuentas en la región.
La revelación de los abusos del Sodalicio de la Vida Cristiana (SVC) fue el mayor escándalo para la Iglesia Católica en los últimos años y tuvo su epicentro en Perú. Como suele pasar con nuestros países —hablo de Latinoamérica—, las fronteras geográficas son barreras informativas también: salvo tragedias y elecciones, apenas nos enteramos de qué está pasando en tierras cercanas. Así fue cómo, aún cuando esta historia tuvo a un papa argentino al frente, en Argentina no fue más que una noticia lejana.
Dos periodistas, Pedro Salinas y Paola Ugaz, sistematizaron una treintena de testimonios y revelaron el modus operandi de abusos físicos, psicológicos, espirituales y sexuales. El libro Mitad monjes, mitad soldados (2015) se convirtió en un bomba implosiva para la organización. Años después, Ugaz continuó investigando el capítulo financiero, que siempre es el capítulo principal en estas historias de instituciones sectarias y opacas. El golpe final al Sodalicio se lo dio el Vaticano en 2025, después de un proceso largo en el que el entonces obispo de Chiclayo, Robert Prevost, jugó directamente con el papa Francisco.
Pero la disolución formal del Sodalicio no terminó con su poder. Porque el poder es un tejido permanente, que se mueve entre instituciones y puede anidar en estructuras temporales, pero que no se diluye nunca. Siempre se transforma y se reagrupa. En el caso del Sodalicio, las personas que integraron esa red de poder que le permitió funcionar con impunidad durante medio siglo, siguen operando de forma organizada en los ámbitos en los que siempre estuvieron y de dónde provienen: la política, la justicia y la Iglesia.
Hace unos días publiqué una entrevista con Paola Ugaz en este diario, en la que conversamos sobre su trabajo de investigación y también sobre sus consecuencias: el hostigamiento que le cayó encima cuando abordó las finanzas del Sodalicio. Su caso encarna la paradoja de un periodismo que, tras lograr el escrutinio de una estructura considerada intocable durante décadas, debe afrontar una avalancha de demandas, querellas penales e investigaciones fiscales por lavado de activos, enriquecimiento ilícito y falso testimonio.
No se trata de hechos aislados ni de meros litigios sobre la libertad de expresión, sino de una estrategia deliberada de desgaste que tiene un nombre internacional: SLAPP (por sus siglas en inglés, Strategic Lawsuit Against Public Participation) y que consiste en el pleito estratégico contra la participación pública. Esto quiere decir: presentar demandas judiciales contra periodistas y activistas no para ganarlas sino para desgastarlos en procesos largos y costosos y así conseguir que desistan de sus denuncias.
Como advierte Jane Anttila, jefa de Misión del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) en el Perú, el seguimiento continuo del caso de Ugaz permitió identificar que las querellas y estigmatizaciones forman parte de un patrón sostenido donde “el propio proceso puede convertirse en una forma de castigo”. La premisa la comparten los gremios de prensa nacionales e internacionales. Zuliana Lainez, presidenta de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) y de la Federación Internacional de Periodistas, señala que el 90% de los casos, los informadores llevados a los juzgados terminan absueltos tras procesos que se prolongan por más de cuatro años: “El castigo es el proceso”, sintetiza Lainez.
Desde la perspectiva regional, Pierre Manigault, presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), apoyó el trabajo de Ugaz y alertó sobre la gravedad de instrumentalizar el aparato judicial y convertir la litigación estratégica en una herramienta de control diseñada para desgastar e intimidar a las voces independientes“.
“El lado más humano es el que más se afecta con estas querellas. Están hechas para eso: para que una dedique tiempo yendo al Poder Judicial, acudiendo a la Fiscalía, imprimiendo escritos, hablando con los abogados, pensando cómo defenderte”. dice Ugaz, que estuvo en la Argentina durante la visita de León XIV.
La publicación de la entrevista me puso en el foco de las redes de poder que la hostigan desde hace 8 años y a Salinas desde hace más de una década. Recibí insultos y acusaciones anónimas, lo habitual en las redes sociales, pero también intervinieron directamente las personas involucradas en la estructura sodalicia y en su defensa, que son las que están detrás de las causas judiciales y la usina mediática aun cuando la organización religiosa ya no existe en los papeles. Por ejemplo, responsables de medios de comunicación que difundieron acusaciones descabelladas —llegando a imputarle la dirección de redes de lavado de dinero o tráfico de uranio— que en tiempo récord se tramitaron como denuncias formales por las fiscalías.
Anttila, del ACNUDH remarca que este caso resulta emblemático porque demuestra que la violencia contra los medios de comunicación no siempre emana del aparato represivo estatal tradicional, sino que “también puede operar mediante una red de actores privados con poder económico, político, religioso o mediático, que recurren a denunciantes particulares y activan instituciones estatales, incluido el sistema de justicia”.
Entre los nombres más destacados de quienes sostienen las querellas contra Salinas y Ugaz –y que también se presentan en redes sociales– están los abogados Raúl Guinea Larco y Percy García Cavero. Este último es en la actualidad el cónsul honorario de de la República Federal Alemana en Piura y acaba de publicar un libro alrededor del caso titulado Narrativa y persecución. Sostiene que las querellas presentadas contra Ugaz no buscan enviarla a prisión sino corregir lo que consideran una narrativa difamatoria basada en investigaciones archivadas. Eso no anula el impacto real ni el efecto amedrentador del juicio penal en marcha. Una demanda puede ser legítima en lo formal pero eso no anula la necesidad de evaluar las consecuencias sobre la libertad de expresión.
Es necesario aclarar a lo que García Percy se refiere: la trama del Sodalicio se vincula con lo que el papa León XIV puso sobre la mesa, como antes Francisco, acerca del despojo de territorios de las comunidades campesinas: en la zona de Cura Mori, Piura, la comunidad de Catacaos mantiene reclamos históricos por el presunto despojo de tierras vinculadas a empresas e instituciones como la Asociación Civil San Juan Bautista, parte del Sodalicio y de la que García Cavero es abogado. Esas denuncias, de las que Ugaz dio cuenta antes de que las causas se cerraran, existieron y publicarlas es la tarea del periodismo.
La persecución contra las periodistas de investigación tiene, como sabemos muy bien en la Argentina bajo la era de mayor violencia en la historia contra el periodismo y el ensañamiento en particular del presidente Javier Milei, características particulares: “El foco del ataque no es la investigación: eres tú, tu intimidad, tu familia. Nunca he visto que a un hombre lo cuestionen por cosas así”, señala Lainez. Sobre eso, Ugaz denuncia las agresiones dirigidas al cuerpo, a su vida privada y a sus hijos.
Esta amenaza a la privacidad alcanzó un punto crítico en septiembre de 2024, cuando Ugaz fue notificada de una orden judicial reservada que autorizó el levantamiento de sus comunicaciones telefónicas y electrónicas entre 2013 y 2020. En esos siete años figuraban los testimonios y contactos de las víctimas que habían hablado bajo compromiso de confidencialidad. Frente a esta medida, la presidenta de la ANP, señaló que la violación del secreto profesional es “el golpe más letal para el periodismo” porque vulnera la garantía esencial que permite a las fuentes denunciar abusos de poder sin temor a represalias. “Seguiré adelante impulsada por la máxima de mi mentor, Gustavo Gorriti –-referente del periodismo de investigación peruano–: ‘Que el miedo no se convierta en tu editor’”.
PB / NB

