El próximo jueves, el Gobierno intentará aprobar, por quinta vez, la ley que elimina los límites a la venta de tierras nacionales al capital extranjero. No le sobran los votos: Patricia Bullrich trabaja para tranquilizar a los radicales díscolos y a los provinciales incómodos con la iniciativa, pero la masiva movilización convocada para el 6 de agosto empieza a pesar sobre las negociaciones. La oposición está a dos votos de voltear el capítulo de tierras de la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, y juega a su favor una aliada inesperada: Victoria Villarruel.

La vicepresidenta viene manifestando su rechazo a la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada hace tiempo. En la previa de la última sesión en el Senado, luego de la victoria de Argentina contra Inglaterra, Villarruel se trenzó a los insultos con Bullrich por Whatsapp para evitar que se tratara la iniciativa al día siguiente. “Quieren vender el país. Como se nota que la integridad territorial no les importa nada”, le espetó la vice, que aspira a reciclarse como una “nacionalista” de derecha con algunos sectores del peronismo.

La discusión –que terminó con Bullrich pidiéndole la renuncia por chat– continuó al día siguiente, cuando la jefa del oficialismo tuvo que suspender la sesión y convocar a un cuarto intermedio porque no tenía los votos para aprobar el proyecto. Uno de los culpables fue el propio autor del proyecto, Federico Sturzenegger, quien se rebeló ante una de las modificaciones que había negociado Bullrich para conseguir el apoyo de los gobernadores, el famoso artículo 25 que garantiza a las provincias “jurisdicción plena” sobre sus tierras y recursos naturales.

La senadora logró convencer al ministro de Desregulación la semana pasada, pero para entonces ya era tarde: la campaña de rechazo había comenzado.

Villarruel no es la única que está colaborando con José Mayans, el jefe del interbloque peronista, para boicotear el capítulo que modifica la ley de Tierras, elimina el tope del 15% a la compra de tierra por parte de extranjeros y habilita la venta de tierras en zona de fronteras. La demora en la aprobación del proyecto —que ya fue modificado quince veces e intentó aprobarse en cuatro oportunidades— le dio tiempo a la oposición para instalar el debate en las redes sociales. Lo que hasta hace unas semanas era una discusión casi exclusivamente parlamentaria empezó a traducirse en un costo político para los senadores indecisos.

Según una encuesta de Zubán Córdoba, el 77% de los argentinos está de acuerdo en que hay que ponerle límites a la compra de tierras por parte de extranjeros. El tema, que venía pasando desapercibido, se instaló en la agenda y diversos sectores de la oposición aprovecharon para utilizarlo como bandera contra Javier Milei.

El peronismo se puso al frente, pero también el Comité Nacional de la UCR, que preside Leonel Chiarella, emitió un comunicado pidiéndole a sus senadores que no acompañen el proyecto. Hasta la CGT, que venía dilatando su respaldo a la marcha convocada para el 6 de agosto, anticipó que movilizaría al Congreso en contra de la ley, junto a las CTA y las organizaciones sociales.

El ojo está puesto en el bloque radical y las fuerzas provinciales, que conforman la base de apoyos del Gobierno en el Senado. Bullrich hace números y contabiliza a su favor unos 34 votos firmes a favor: La Libertad Avanza, el PRO, gran parte de la UCR y los provinciales como el correntino “Camau” Espínola, la salteña Flavia Royón y la tucumana Beatriz Ávila. Mayans hace lo mismo y calcula unos 33 votos en contra: el éxito de la maniobra para voltear dependerá de cuántos radicales acompañen la ley y de la interna misionera.

La ruptura del gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, con el líder indiscutido del oficialismo provincial, el mandamás Carlos Rovira, desató una crisis en la red de alianzas del Gobierno. Los dos senadores misioneros, Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, responden a Rovira, que es quien negocia con el Gobierno, pero Passalacqua está presionando para que voten en contra de la iniciativa. Misiones es el ejemplo más extremo de la extranjerización de la tierra: el 11,29% de la provincia ya está en manos extranjeras –en su mayoría de una sola empresa, la forestal chilena Arauco– y más de 30 organizaciones productivas, políticas y sindicatos publicaron un comunicado rechazando el proyecto alegando que iba en contra de las economías regionales.

Passalacqua les hizo saber a Arce y Rojas Decut del rechazo casi unánime al proyecto en la provincia. Hasta ahora, los senadores misioneros acompañaron al Gobierno en casi todas las votaciones –la más importante fue cuando, a pedido del Gobierno, hicieron caer la sanción de la ley de Ficha Limpa–, pero la oposición apuesta a que acompañen la ley en general y, luego, en la votación en particular, ayuden a voltear el capítulo de tierras.

En ese caso, el resultado de la votación dependerá del bloque radical y de un puñado de senadores que integran fuerzas provinciales. El jefe de la bancada, Eduardo Vischi, es socio de Bullrich y acordó negociar algunos puntos de la ley a cambio de los votos del bloque. Fue así que se eliminó el capítulo que habilitaba los desalojos en los barrios populares, y se introdujeron algunos cambios en el capítulo de Tierras, como la limitación a la compra de tierras por parte de estados nacionales y la exigencia de un acuerdo de los gobiernos provinciales para la venta de tierras en zona de frontera.

El Gobierno necesita que al menos 9 de los 10 senadores radicales den quórum y acompañen la ley –el bonaerense Maximiliano Abad ya anticipó que no acompañará el capítulo– y necesita que algunos díscolos, como el catamarqueño Flavio Fama y el pampeano Daniel Kroneberger, se plieguen a la decisión del bloque. Lo mismo ocurre con la chubutense Edith Terenzi, que es radical pero no integra el bloque.

La apuesta de la oposición es que la movilización del miércoles incline a los indecisos antes de la sesión. La cordobesa Alejandra Vigo, por ejemplo, era una incógnita y se apuró a adelantar, vía redes sociales, que ella votaría en contra del proyecto. “Ningún país serio cede su territorio productivo sin restricción”, aseguró, el viernes por la tarde.

El Gobierno necesita llegar a los 36 votos, que es la mitad del recinto. Si no lo consigue, el capítulo de tierras corre riesgo de caerse. Y aun si la votación terminara empatada, el desenlace no está asegurado: Villarruel ya anticipó que desempataría en contra del proyecto, pero el viaje de Milei a Colombia podría dejarla al frente del Poder Ejecutivo y quitarle esa posibilidad. En ese escenario, el voto decisivo quedaría en manos del presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala.

“Tenemos a muchos que nos prometen que votan en contra, pero habrá que ver si lo sostienen cuando aparezca un ATN o un regalo la semana próxima”, ironiza una senadora que participa de las negociaciones.

MCM/MG