A partir de este miércoles 13 de noviembre, la libertad de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner y su futuro político están en manos de la Corte Suprema de Justicia, un tribunal que atraviesa una de sus crisis más profundas. Crisis cuya resolución depende de las decisiones políticas del gobierno de Javier Milei y del Senado.

La Cámara Federal de Casación confirmó esta mañana la sentencia a Fernández de Kirchner en el caso Vialidad, por la que la exmandataria está condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La condena por administración fraudulenta en perjuicio de la Administración pública fue dictada por el Tribunal Oral Federal número 2 en diciembre de 2022 y fue revisada por la Sala IV de la Casación, máximo tribunal penal del país.

A partir de ahora, tanto la defensa de CFK como los fiscales que intervienen en el expediente acudirán a la Corte para pedir modificaciones en la sentencia. Los abogados de la exmandataria plantearán su absolución mientras que el Ministerio Público Fiscal (MPF) pedirá agravar su pena y condenarla también por asociación ilícita.

La sentencia de los jueces Diego Barroetaveña, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky fue dividida en dos puntos del fallo. Si bien los tres jueces confirmaron por unanimidad las condenas y absoluciones dictadas hace casi dos años por el tribunal oral, no estuvieron de acuerdo en torno a un punto central para Fernández de Kirchner: su absolución por el delito de asociación ilícita.

Los jueces estimaron que entre 2003 y 2015 los condenados colaboraron en la sustracción de más de $ 84.835 millones de las arcas del Estado a través del direccionamiento de la obra pública de la provincia de Santa Cruz hacia las empresas de Lázaro Báez, socio y amigo de la familia Kirchner.

Además de confirmar la condena a CFK, los jueces confirmaron las penas contra Báez, José Francisco López, Nelson Guillermo Periotti, Juan Carlos Villafañe, Raúl Gilberto Pavesi, José Raúl Santibañez, Raúl Osvaldo Daruich y Mauricio Collareda, todos por el mismo delito: administración fraudulenta en perjuicio de la Administración pública. Las penas oscilan entre los seis años de prisión –pena máxima para ese delito- y tres años y seis meses.

En la sentencia sostuvieron que se había comprobado “un aceitado engranaje para aparentar el cumplimiento de la ley y presentar como válidos procesos licitatorios de obra pública vial manifiestamente irregulares”.  

“Se determinó que la excepción se transformó en la regla y ello se debió a un único motivo: perpetrar un plan criminal de inusitada envergadura mediante la utilización de medios lícitos y valiéndose de las facultades otorgadas a través de los diversos cargos públicos que tenían la mayoría de los imputados”, afirmaron los jueces de Casación.

En la sentencia se le dedicó un apartado al “lawfare”. “Sólo surgiría como una nueva teoría conspirativa”, “cuyo destino no parece ser otro que el de transformarse en una coartada”, aseguraron los magistrados.

La Sala IV de Casación también resaltó la conexión entre las licitaciones públicas otorgadas a Báez y la conexión del flujo de dinero con las empresas de la familia Kirchner. “Los incontrovertibles beneficios obtenidos por el empresario no agotan las ventajas económicas que reportó la defraudación juzgada, ya que parte del dinero erogado por el Estado tenía como destino final las empresas familiares de la expresidenta”, sostuvo el tribunal en un comunicado.

“Todo lo que se toma y se gestiona del Estado como si fuera propio, son fondos que no se asignan donde corresponderían. Son necesidades sin subsanar, derechos sin atender. Hablamos de una tragedia de la que no dimensionamos su real magnitud. Nunca sabremos cuántas personas habrán muerto por todas aquellas rutas y caminos que jamás se arreglaron ni se hicieron pero algo que nos deja la presente investigación es que el dinero correspondiente para arreglarlas o construirlas sí existió, pero no fue utilizado para sus fines específicos”, dice la sentencia. 

Los jueces plantearon: “Este es el real daño ocasionado con la inusitada maniobra criminal cometida por ex Presidentes de la República Argentina y algunos de sus funcionarios”. 

Cuando se dictó la sentencia de primera instancia en diciembre de 2022, los tres jueces del tribunal oral votaron en unanimidad por la condena por administración fraudulenta pero existió una disidencia con respecto a la absolución por asociación ilícita.

Entonces, el juez Andrés Basso había sostenido que cuatro de los imputados, entre ellos Fernández de Kirchner, debían ser condenados por este segundo delito, de penas más graves, de hasta diez años de prisión. Sin embargo, la exmandataria fue absuelta por asociación ilícita por decisión de los otros dos jueces, Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu.

Los fiscales Diego Luciani y Mario Villar se presentaron ante la Casación para plantear que se revierta esta absolución parcial. Sólo el juez Hornos les dio la razón este miércoles, por lo que la situación judicial de CFK quedó igual.

Hornos sostuvo que la expresidenta, Báez, López y Periotti debían ser condenados por el delito de asociación ilícita y votó, también en minoría, disponer el aumento de la pena de decomiso.

El juez Hornos escribió un voto aparte por este punto de la sentencia y sostuvo que “el modelo de corrupción no se limitó a la manipulación de unas pocas licitaciones irregulares, sino que constituyó una asociación ilícita con una estructura organizada y jerárquica que operó durante más de 12 años con una clara estrategia de saquear los recursos del Estado”, de acuerdo a un comunicado al que accedió elDiarioAR. 

Además, el magistrado afirmó que “la figura de asociación ilícita es esencial para hacer frente a este tipo de crímenes complejos, que requieren una respuesta judicial clara y contundente, sin el riesgo de impunidad que conlleva el desconocimiento de la magnitud de la estructura criminal que se desarrolló bajo los mandatos de los Kirchner”.

La expresidenta no estuvo presente en la lectura del fallo. Minutos antes de las 11, publicó un video y un post en la red social X en la que anunció que mientras el tribunal se preparaba para la lectura de la sentencia, ella se dirigía a la localidad de Moreno, en la provincia de Buenos Aires, a una actividad con 400 mujeres. Finalizó enviando “besitos”.

El martes por la tarde, Fernández de Kirchner publicó un texto de cinco páginas, titulado “Los Copitos de Comodoro Py”, en el que daba por hecho que su condena sería confirmada por la Casación y criticaba al Poder Judicial.

Tanto las defensas como la fiscalía tienen un plazo de diez días para presentarse ante la Corte Suprema con sus planteos. El máximo tribunal del país no tiene plazos para expedirse, pero deberá decidir sobre al menos tres puntos: si confirma la sentencia contra Fernández de Kirchner y el resto de los involucrados, si los absuelve o si agrava la pena contra la expresidenta ampliando la condena por asociación ilícita.

ED/MG

El periodismo que hacemos en elDiarioAR está en un momento difícil. En medio de tanta incertidumbre y fake news, trabajamos todos los días para ayudarte a entender qué ocurre y tomar decisiones con información. 

Somos transparentes: nuestros recursos provienen de la contribución voluntaria de socios y socias que valoran nuestro trabajo y nos permiten seguir ofreciendo contenidos de acceso libre. Por eso necesitamos de tu apoyo económico. Contamos con vos. Sumate acá.