El Gobierno salió este martes a intentar precisar la afirmación que Javier Milei dejó en los últimos días sobre el endurecimiento de los controles fronterizos, pero la explicación dejó más interrogantes que certezas. El vocero presidencial, Adrián Ravier, aseguró que desde diciembre de 2025 fueron rechazadas, no admitidas o expulsadas más de 20.000 personas, aunque no pudo sostener que se tratara de “terroristas”, como había planteado el Presidente, y terminó hablando de “posibles” casos dentro de un universo mucho más amplio que incluye extranjeros que simplemente no reunían los requisitos migratorios para entrar al país.

“En relación con el ingreso o el no ingreso de estas personas y las expulsiones que hemos tenido, que se han cuantificado en más de 20.000 personas, en todo caso son posibles terroristas o personas que pueden amenazar la seguridad nacional de alguna manera o, en todo caso, personas que por distintas razones no ingresan”, respondió Ravier ante una consulta durante su conferencia de prensa en la Casa Rosada.

La aclaración estuvo lejos de despejar qué respaldo existe para asociar ese número con eventuales amenazas terroristas. Según el informe del Ministerio de Seguridad Nacional citado por Ravier, hubo 20.630 casos entre el 1° de diciembre de 2025 y el 13 de septiembre de este año. El vocero explicó que entre los rechazados o no admitidos aparecen extranjeros con “perfiles de riesgo”, personas con condenas o antecedentes detectados, pero también quienes no cumplen con las condiciones migratorias exigidas por la Argentina.

Ravier buscó explicar además por qué Milei había hablado de una cifra todavía mayor, cercana a las 30.000 personas. Según sostuvo, el Presidente agregó unos 10.000 casos anteriores al 1° de diciembre de 2025, que quedaron afuera del período contemplado por el último informe. Tampoco en esa explicación precisó cuántos de ellos estaban efectivamente vinculados con investigaciones por terrorismo.

“Es importante que protejamos nuestras fronteras y cuidemos a los argentinos, algo que no pasaba antes y que hoy se está tomando muy en serio”, sostuvo el vocero, que definió el endurecimiento de los controles como “una política de Estado”. Antes había asegurado que hasta diciembre de 2023 las fronteras argentinas eran “un colador”.

Pero las dificultades para precisar los alcances de las afirmaciones presidenciales no quedaron circunscriptas a la política migratoria. Buena parte de la conferencia estuvo atravesada también por las explicaciones del Gobierno sobre cómo deben leerse sus propias estadísticas económicas.

Ravier defendió el desempeño de la actividad y aseguró que la Argentina acumula 28 meses de crecimiento. Al mismo tiempo, puso reparos sobre los indicadores que pueden exhibir una fotografía menos favorable de la economía.

“Los indicadores desestacionalizados pueden estar dando datos raros producto del cambio de estacionalidad que estamos experimentando por el cambio estructural que hoy vive la Argentina”, afirmó. Y ante el señalamiento de que esos cuestionamientos no aparecían cuando los indicadores daban resultados favorables, Ravier insistió en que el Gobierno viene privilegiando desde hace tiempo la Tendencia Ciclo, una serie del INDEC que busca mostrar la evolución subyacente de la actividad económica, atenuando tanto los efectos estacionales como las fluctuaciones irregulares de corto plazo.

Es que el organismo encargado de las estadísticas no pasó desapercibido durante la conferencia. Ravier reconoció que existe “una necesidad de actualización de algunas metodologías” y confirmó que continúa bajo evaluación el proyecto que había elaborado la anterior conducción a cargo de Marco Lavagna. Sin embargo, explicó que el Gobierno decidió no avanzar por ahora con los cambios debido al contexto político.

“El problema es querer hacerlo en el medio de un proceso de estabilización y especialmente acercándonos al año electoral, en el cual puede haber todo tipo de críticas de cambiar la metodología de análisis justamente en un camino en el cual la inflación va bajando”, argumentó.

Según Ravier, “la idea fue no politizar el proceso en este año político que se viene y más bien mantener las metodologías como estaban”. Aunque sostuvo que los cambios deberán realizarse en algún momento, no pudo precisar cuándo: “Quizás no es el mejor momento hacerlo hoy”, dijo. Y sintetizó: “No es oportuno, pero está considerándose”.

Respecto de la pobreza, Ravier reconoció que el indicador, después de haber descendido hasta el 28,3%, volvió a ubicarse en torno al 32%. “Efectivamente eso es así”, admitió. Pero atribuyó el deterioro al impacto inflacionario del “ataque político” que, según la interpretación del Gobierno, sufrió la administración de Milei durante septiembre y octubre de 2025.

El vocero sostuvo que aquel episodio impactó sobre el tipo de cambio, las tasas y posteriormente sobre la inflación, que llegó al 3,4% mensual en marzo. Con el IPC nuevamente en torno al 1,7%, pronosticó que el aumento de la pobreza será transitorio. “Si logramos bajar la inflación va a bajar la pobreza”, afirmó.

En paralelo, Ravier volvió a defender la profundización de la apertura económica como mecanismo para reducir los precios internos. Reconoció que algunos productos continúan siendo caros en comparación con otros países y puso como ejemplo la posibilidad de importar neumáticos “a la tercera parte de los neumáticos de Fate” y la caída de precios de la indumentaria importada.

“No somos insensibles a personas que trabajaban en esos rubros, pero es un proceso necesario”, afirmó. Según su razonamiento, si los bienes transables ingresan a valores internacionales, la principal diferencia entre los precios argentinos y los de países como Chile, Estados Unidos o los europeos debería reducirse prácticamente al costo del transporte.

La seguridad presidencial fue otro de los asuntos de la conferencia. Ravier reveló que los cambios implementados en la Quinta de Olivos obedecen, entre otros motivos, a “amenazas a funcionarios de primer nivel que hemos recibido”. El otro factor, explicó, es la próxima visita del papa León XIV, que obligó a revisar los dispositivos de protección. “Donde el Presidente esté, Casa Militar va a cuidar”, señaló, y reconoció que la reorganización “implicó cambios de personal”.

PL/MC