El proyecto del denominado Súper RIGI entra en la etapa decisiva de su tratamiento en el Senado. Luego de las exposiciones de funcionarios del Gobierno realizadas la semana pasada, este miércoles se llevará a cabo la última reunión informativa del plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda, Economía Nacional e Inversión y Legislación General, antes de avanzar hacia la firma del dictamen y su eventual tratamiento en el recinto.

El encuentro comenzará a las 16 en el Salón Azul de la Cámara alta y marcará el cierre de la etapa de debate en comisiones. Las reuniones son encabezadas por Agustín Monteverde, en Presupuesto y Hacienda; Martín Goerling Lara, en Economía Nacional e Inversión; y Nadia Márquez, en Legislación General.

Durante la jornada de la semana pasada expusieron funcionarios vinculados al área económica y productiva, entre ellos el secretario de Coordinación de Energía y Minería, Daniel González, y el secretario de Coordinación Productiva, Pablo Lavigne. Los representantes del Gobierno defendieron la iniciativa y respondieron las consultas planteadas por los distintos bloques.

El nuevo esquema que busca atraer inversiones como las del magnate Peter Thiel toma como antecedente al RIGI incluido en la Ley Bases de 2024, pero apunta a un universo de inversiones diferente.

Mientras el régimen original estuvo orientado principalmente a proyectos de infraestructura y explotación de recursos naturales, el Súper RIGI busca atraer mega inversiones en actividades consideradas estratégicas y de frontera tecnológica, entre ellas la inteligencia artificial, la biotecnología y las energías renovables.

El proyecto contempla además actividades que todavía no se encuentran desarrolladas en la Argentina o que atraviesan etapas de experimentación.

Para acceder al régimen se establece un requisito de inversión mínima de US$1.000 millones, una cifra considerablemente superior al piso de US$200 millones establecido por el RIGI original.

A cambio, las empresas que ingresen al esquema tendrán acceso a beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios, además de un período de estabilidad de 30 años en esas materias.

Otra de las diferencias está vinculada con el período para adherir al régimen. El RIGI original contemplaba una vigencia de dos años, con la posibilidad de extenderla por un año adicional, mientras que el Súper RIGI establece un plazo de cinco años, con una prórroga de un año.

El nuevo régimen también resulta más restrictivo respecto de las actividades alcanzadas: quedan afuera los proyectos vinculados con recursos naturales e infraestructura, así como los emprendimientos preexistentes que busquen ampliar sus instalaciones.

Durante la exposición ante los senadores, González Casartelli definió al Súper RIGI como un programa diseñado para generar condiciones para proyectos estratégicos que actualmente “todavía no están en el mapa”.

Lavigne, en tanto, sostuvo que el objetivo de la iniciativa está relacionado con la industrialización de los recursos naturales y con la posibilidad de que la Argentina pueda ingresar a sectores tecnológicos de vanguardia en los que, según explicó, sería difícil competir sin un esquema de incentivos.

El proyecto establece una serie de ventajas para las empresas que cumplan con los requisitos para ingresar al régimen.

Entre ellas se encuentra una reducción de la alícuota del Impuesto a las Ganancias al 15%, junto con un sistema de amortización acelerada de las inversiones: se podrá computar el 60% durante el primer año y el 20% en cada uno de los dos años siguientes.

También se contempla la utilización de certificados de crédito fiscal para cancelar IVA y contribuciones patronales, con una alícuota única del 10%.

En cuanto a los quebrantos, podrán deducirse sin límite temporal. Los dividendos, por su parte, tributarán inicialmente al 7%, aunque esa tasa se reducirá al 3,5% después de cuatro años de permanencia en el régimen.

El esquema incluye además la exención de derechos de importación, la eliminación de derechos de exportación y la supresión de restricciones y cupos para operar.

Uno de los principales beneficios cambiarios está relacionado con la disponibilidad de las divisas generadas por las exportaciones. El proyecto establece un esquema progresivo: a partir del tercer año, los inversores podrán disponer del 100% de los dólares provenientes de sus exportaciones.

Uno de los puntos que generó mayores cuestionamientos durante el debate fue la modificación de las condiciones de contratación de proveedores locales. A diferencia del RIGI original, el proyecto aprobado por Diputados flexibiliza la obligación de destinar un 20% de las compras a proveedores nacionales.

El texto establece que las empresas podrán ser obligadas a contratar firmas locales únicamente cuando estas puedan ofrecer condiciones de precio y calidad equivalentes a las existentes en el mercado internacional. La modificación había sido incorporada a partir de una propuesta del bloque MID y despertó dudas entre senadores de la UCR y de distintos bloques provinciales.

Desde la oposición también se cuestionaron los alcances de los beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios y su posible impacto sobre las empresas locales y la capacidad regulatoria del Estado.

El senador justicialista Jorge Capitanich puso el foco, particularmente, en la falta de precisión sobre cuáles serán las “nuevas actividades económicas” que podrán quedar comprendidas dentro del régimen.

El ex gobernador de Chaco y ex jefe de Gabinete advirtió que el proyecto contempla beneficios para inversiones multimillonarias vinculadas con actividades que todavía no aparecen identificadas de manera concreta en el texto.

El proyecto también incorpora un mecanismo destinado a promover la investigación y el desarrollo tecnológico.

Las empresas que destinen recursos a actividades de I+D o a programas de becas locales, como las Manuel Belgrano, podrán computar esos desembolsos por el doble de su valor real a la hora de alcanzar el monto mínimo de inversión requerido para ingresar al régimen.

El objetivo declarado es incentivar la transferencia de tecnología y generar algún tipo de vinculación entre las grandes inversiones y el sistema científico y educativo local.

La propuesta recibió media sanción en la Cámara de Diputados el 24 de junio, con 130 votos a favor, 106 en contra y siete abstenciones.

La iniciativa también generó cuestionamientos en sectores vinculados con el sistema científico y universitario.

Un grupo de docentes, investigadores y representantes de universidades nacionales y organismos científicos de distintas partes del país difundió una carta abierta dirigida a los senadores en la que expresó su preocupación por los alcances del Súper RIGI.

Los firmantes consideran que el proyecto establece un esquema de beneficios fiscales y estabilidad regulatoria durante varias décadas, acompañado por mecanismos de protección jurídica para grandes corporaciones tecnológicas internacionales.

Según plantearon, el régimen no establece como contrapartida obligaciones suficientes en materia de generación de empleo local, transferencia tecnológica o aportes concretos al desarrollo nacional.

En ese sentido, sostuvieron que la iniciativa implica una cesión de capacidad regulatoria sobre sectores estratégicos durante un período que puede alcanzar a varias generaciones.

La carta reclama que el debate parlamentario tenga en cuenta los efectos de largo plazo que el régimen podría generar sobre el empleo, los recursos naturales, la soberanía tecnológica y la capacidad del Estado para definir políticas de desarrollo.

Los investigadores reconocen la necesidad de atraer inversiones y promover nuevas tecnologías, pero plantean que ese objetivo debería alcanzarse sin resignar de manera permanente herramientas regulatorias ni limitar la capacidad de decisión de las futuras generaciones.

Con información de la agencia NA