El subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, fue con los tapones de punta a defender el presupuesto universitario en la Cámara de Diputados. Amparado por un fallo judicial de último momento que mandó a revisar la cautelar de la Ley de Financiamiento Universitario, el “Galleguito” se jactó de que el Gobierno estaba “a derecho”, acusó a los universitarios que movilizaron el jueves pasado de llamar a “una insurrección popular” y cuestionó a los rectores por pedir mayor presupuesto.  

El cruce se produjo en medio del debate en comisiones del Presupuesto 2027 en la Cámara de Diputados. Martín Menem pretende aprobar la iniciativa el 18 de noviembre y encadenar la negociación con la eliminación de las PASO, que aguarda su tratamiento en el Senado pero dependerá del toma y daca del Presupuesto y de los acuerdos políticos provinciales. Dado que Luis Caputo y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, anticiparon que no participarán del debate, la defensa del Presupuesto de Javier Milei quedó en manos de sus segundas líneas. 

“Para el Ejecutivo, la ley (de Financiamiento Universitario) incumple la ley de administración financiera, que establece que una ley que no asigna los fondos adecuados se suspende en el acto. Eso se hizo, fue recurrido por el CIN y actualmente se encuentra el debate de la cuestión de fondo y la cautelar está hoy en la cámara”, arrancó el “Galleguito” Álvarez, que aprovechó el fallo de la Cámara Contencioso Administrativo Federal para jactarse: “El Ejecutivo está a derecho. Como siempre ha estado”. 

El bloque libertario aplaudió. El fallo judicial había llegado como anillo al dedo para un Gobierno que se resiste a cumplir la totalidad de la Ley de Financiamiento Universitario. Durante días, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, se negó a cumplir con la sentencia del juez Martín Cormick, quien exigió actualizar salarios docentes y garantizar fondos a becas. El martes a la mañana, sin embargo, la Cámara hizo lugar a la apelación del Ejecutivo y ordenó a la Justicia a especificar si la cautelar sobre la ley de financiamiento continúa o no vigente.

“Los funcionarios estamos siempre a tiro de denuncia, pero todavía no ha habido ninguna denuncia sobre incumplimiento de esta ley. Estoy esperando”, provocó Álvarez, y fue subiendo la temperatura del discurso. A menos de una semana de la Marcha Federal Universitaria, que terminó en represión, el subsecretario acusó a los manifestantes de tirar piedras, ocupar edificios públicos y “llamar a la insurrección popular por la república”. 

El financiamiento universitario es uno de los capítulos más delicados del Presupuesto. Cuando fue su turno de hablar, el secretario de Educación, Carlos Torrendel, negó que fuera un presupuesto de ajuste y cuestionó a los rectores del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que reclaman $11 mil billones para que las universidades puedan funcionar el año próximo. El Presupuesto prevé solo $7,3 mil billones. “Una dirigencia aislada sólo acuerda para pedir más recursos, no se compromete con un cambio de paradigma que beneficie a los estudiantes. Es un acuerdo corporativo, es un acuerdo de casta”, se quejó Torrendel. 

Álvarez, sin embargo, fue más allá. Se quejó de que el presupuesto reclamado por los rectores fuera solo para solventar “los aumentos salariales que piden los sindicatos”. “Piden más salario, todavía más por encima de lo que el Estado ha asignado. Es un privilegio”, aseguró. Los sueldos docentes, en algunos casos, no superan los $200 mil mensuales.

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MCM/CRM