La identificación días atrás del comisario Gustavo Antonio Gauna, director general de Organizaciones Criminales de la Policía Federal, como uno de los efectivos que disparó vestido de civil durante la represión del 6 de agosto frente al Congreso reabrió una pregunta que se repite desde el 10 de diciembre de 2023, cuando entró en vigencia el protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich: quién da la orden, quién la ejecuta y quién responde por ella cuando un operativo termina con manifestantes heridos.

La reconstrucción de esa cadena de mando avanza de manera desigual. No existen identificaciones nominales oficiales de la primera etapa del protocolo y hay que apelar al trabajo de organizaciones civiles para hallar a las caras detrás de cada acción represiva, una reconstrucción que se aceleró de manera colectiva a partir del ataque a Pablo Grillo, el 12 de marzo de 2025.

Ese día, un disparo de gas lacrimógeno del cabo primero de Gendarmería Héctor Jesús Guerrero hirió gravemente al fotógrafo, que perdió parte de la masa encefálica. Guerrero fue identificado días después y hoy está procesado por lesiones gravísimas, con juicio oral pendiente, y transita sus días cumpliendo funciones en Santiago del Estero, según supo elDiarioAR.

Pero la causa no terminó en él: la querella de la familia Grillo pidió investigar también a los gendarmes Hernán Ariel Kozak y Jorge Luis Reyes, que estuvieron junto a Guerrero cuando disparó en un ángulo prohibido y no lo frenaron –en los videos se ve a Kozak señalarle hacia dónde tirar y darle una palmada de aprobación después–; al jefe del Destacamento Móvil 6, comandante principal Néstor Germán López; al jefe del Primer Escuadrón Contradisturbios, alférez Gonzalo Gabriel Goulart, y al entonces director nacional de Gendarmería, Claudio Miguel Brilloni, que llegó a la zona después del ataque y, según la querella, no ordenó bajar la represión.

En ese mismo operativo aparece por primera vez, de manera documentada, un nombre que se repite en casi todos los casos relevados: el comisario inspector Gerardo Ariel Perillo Scampini, jefe del Departamento Cuerpo Guardia de Infantería de la Policía Federal, con sede en Cavia. Perillo Scampini llegó al cordón de gendarmes minutos antes del disparo de Guerrero y actuó dando órdenes en el terreno, con el deber de controlar a los efectivos a su cargo.

No es la primera vez que su nombre queda ligado a un operativo cuestionado: en septiembre de 2024, un proyecto de resolución presentado en la Cámara de Diputados por el Frente de Izquierda (Vanina Biasi, Nicolás del Caño y otros) ya pedía su destitución –junto a la entonces ministra Bullrich, la secretaria de Seguridad Alejandra Monteoliva y el jefe de la Policía Federal, Luis Rolle– por el operativo represivo del 11 de septiembre de ese año, en el que un agente roció con gas pimienta a una niña de 10 años frente al Congreso. Es decir: la identificación pública de Perillo Scampini como responsable operativo en el terreno es anterior al caso Grillo, aunque haya sido este último el que instaló el patrón de reconstrucción de imágenes que usa hoy el Mapa de la Policía.

El legajo personal de Perillo Scampini, al que accedió elDiarioAR, muestra una carrera hecha casi por completo en infantería y control de manifestaciones: ingresó como cadete en 1992, pasó por el Cuerpo Guardia de Infantería desde 2002, fue nombrado jefe de sección de ese cuerpo en 2015 y 2017, y llegó a jefe del Departamento en noviembre de 2022. Su último ascenso, con fecha retroactiva al 31 de diciembre de 2022, fue formalizado por el decreto 75/2023, firmado por el entonces presidente Alberto Fernández y refrendado por el ministro de Seguridad Aníbal Fernández, en base a un pedido elevado por la jefatura de la Policía Federal.

El legajo también registra una carrera con roces disciplinarios, aunque de otro tipo: no hay sanciones por violencia contra manifestantes, sino una seguidilla de faltas administrativas –de entre dos y ocho días– por llegadas tarde y negligencia en la confección de expedientes, que en 1998 le valieron una calificación de “apto para el servicio con observación” con severa exhortación por reiteración de faltas. El antecedente más serio data de 2014: como jefe de servicios de un grupo operativo del Departamento de Operaciones Urbanas de Contención, no dejó constancia de la desafectación de personal policial que era enviado a eventos deportivos por servicio adicional, lo que derivó en una causa por presunta defraudación contra la administración pública.

La Justicia penal lo sobreseyó en octubre de 2015, pero la fuerza igual lo sancionó administrativamente con cinco días de arresto en 2016. En paralelo, acumuló distinciones: al menos cuatro diplomas “al mérito” entre 2010 y 2021, y una condecoración por su “compromiso con la seguridad de los ciudadanos” en septiembre de 2024, ya durante el gobierno de Javier Milei. Un mes después, en el acto por el 203° aniversario de la Policía Federal, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, lo distinguió en persona, en un acto encabezado por el Presidente, por su desempeño “en los servicios donde habitualmente se desarrollan manifestaciones de gran magnitud y complejidad”.

El tirador de civil Gauna, en cambio, es comisario inspector y está al frente de la Dirección General de Organizaciones Criminales, un área que depende de la Superintendencia de Investigaciones Federales –hoy a cargo del comisario mayor Martín Leonardo De Cristóbal– y que, según el Estatuto de la PFA, tiene la misión de investigar delitos federales y organizaciones criminales complejas en articulación con juzgados, fuerzas provinciales y agencias de narcotráfico: un puesto pensado para el trabajo de inteligencia, no para el control de manifestaciones.

Según pudo reconstruir el colectivo de identificación Áncora, que releva sistemáticamente estos casos, Gauna fue promovido de subinspector a inspector en marzo de 2003 y de inspector a principal en abril de 2009, ambos ascensos publicados en el Boletín Oficial. Entre 2010 y 2023 fue jefe de la División Homicidios y después pasó a estar a cargo del área de Trata de Personas, dos destinos que lo mantuvieron lejos, al menos en el organigrama, de las tareas de infantería y contención de manifestaciones que sí forman parte de la función de Perillo Scampini.

Su perfil público lo muestra, además, con exposición mediática y cercanía a la conducción política de la fuerza: en 2024 apareció junto a la entonces ministra Bullrich al frente de la mesa de investigaciones unificadas por el caso Loan, opinó como “experto” en Infobae sobre el asesinato de Lucas González, jugador de Barracas Central, y participó de una capacitación conjunta con la ANMAT. Según el relevamiento de Áncora, también fue fotografiado en la represión del 19 de febrero contra la reforma laboral con un arma del mismo calibre que la usada el 6 de agosto –aunque en esa ocasión con una identificación visible colgada del cuello– y estuvo presente en el operativo de detención de Juan Grabois en el Instituto Perón, donde figura entre los efectivos atendidos por heridas en el hospital Churruca, junto a su jefe directo, De Cristóbal. Ese historial es lo que llevó a Áncora a preguntarse por qué el jueves apareció con una posición más protagónica que la de Perillo Scampini, el jefe de calle habitual de estos operativos.

A la lista de agentes identificados en la represión del 12 de marzo de 2025 se suman, además de Guerrero: el prefecto Sebastián Martínez, de la Agrupación Guardacostas, que disparó e hirió en un ojo a Jonathan Navarro y fue citado a indagatoria en agosto de ese año; L. L. Núñez (no se conoce su nombre completo), de la Policía Federal, identificado por herir a Rodrigo Troncoso ese mismo día y que reapareció en la represión del 6 de agosto pasado por la Ley de Propiedad Privada; Nicolás Emanuel Céspedez, procesado por el golpe a la jubilada Beatriz Blanco.

De otros operativos aún se busca la identidad de un agente del Departamento de Operaciones Urbanas de la Policía de la Ciudad que fracturó el tobillo de la fotoperiodista Cintia Castellanos en junio de 2025.

Según Maximiliano Ledesma, sociólogo e integrante de la organización Mapa de la Policía, el reparto de tareas entre fuerzas federales y porteñas sigue un patrón en cada operativo: las tres fuerzas nacionales –Policía Federal, Gendarmería y Prefectura– despejan primero la plaza del Congreso, y recién después la Policía de la Ciudad “terceriza” el control del resto del perímetro del microcentro, desde Sáenz Peña y avenida de Mayo hacia Plaza de Mayo, y desde Mitre hacia avenida Corrientes.

Ese reparto quedó a la vista el 6 de agosto pasado, cuando un hidrante porteño circuló en contramano por Avenida de Mayo. En la Ciudad, ese operativo recae en buena medida sobre las comisarías de la zona: la Comisaría Comunal 1 Sur, con sede en Perú 1050 y a cargo del comisario inspector Raúl Damián Antonio Niz, y la Comisaría Vecinal 1A, en Suipacha 1156, a cargo del comisario Daniel Enrique Ferreyra, además de la Dirección de Operaciones Urbanas de Contención de la Superintendencia de Orden Urbano, que conduce el comisario inspector Hugo Gabriel Infante.

Sobre el número de efectivos movilizados no hay una cifra única. Para las marchas de jubilados de marzo de 2025 se habló de hasta 1.500 efectivos federales; en la protesta por la reforma laboral, en febrero de este año, distintos medios contaron cerca de 2.000 agentes entre fuerzas nacionales y porteñas combinadas, y en operativos puntuales se documentó un esquema de aproximadamente 720 de la Policía Federal y 400 entre Gendarmería y Prefectura, a los que la Ciudad sumó 900 uniformados y 600 agentes de tránsito.

El CELS documentó de forma sistemática cada operativo. Según un informe publicado en julio pasado, el Ministerio de Seguridad destinó más de $2.000 millones a los operativos de las protestas de jubilados frente al Congreso. Las fuerzas federales participaron de 43 operativos entre enero y diciembre del año pasado, con un promedio de 915 efectivos por jornada. Cada operativo demandó un gasto promedio de $48.535.094, cifra que contempló combustible y equipamiento, aunque el CELS sostuvo que el monto informado no refleja el costo total de los despliegues: “Esta cifra es conservadora”.

Hoy, la cadena de mando comienza con Alejandra Monteoliva como reemplazante de Bullrich al frente del Ministerio de Seguridad en diciembre pasado. Luis Rolle sigue como jefe de la Policía Federal pese a haber estado a un paso de la renuncia en 2024, cuando se supo que fue él quien filtró un video adulterado para desligar a la fuerza del ataque con gas pimienta a la nena de 10 años; Claudio Brilloni continúa al frente de la Gendarmería Nacional y Guillermo Giménez Pérez de la Prefectura Naval. La Policía Federal es la fuerza a cargo del comando unificado, con Perillo Scampini al mando en el terreno.

En la Ciudad, bajo la jefatura de gobierno de Jorge Macri, el ministro de Seguridad porteño es Horacio Giménez, el secretario de Seguridad es Maximiliano Piñeiro y el jefe de la Policía de la Ciudad es Diego Ariel Casaló. Son, en definitiva, los nombres que están detrás de cada decisión operativa que termina, con demasiada frecuencia, con manifestantes heridos frente al Congreso.

El contraste salarial es uno de los datos menos difundidos de estos operativos. El sueldo de gendarmes y prefectos cayó un 31% en términos reales desde que asumió Milei, sin ningún aumento en lo que va de 2026 pese a una inflación acumulada de al menos 9% solo en el primer trimestre. La bronca escaló a un hecho inédito: en abril las cinco fuerzas de seguridad federales –Policía Federal, Gendarmería, Prefectura, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Servicio Penitenciario– convocaron por primera vez de manera conjunta a una protesta con un abrazo simbólico al edificio Centinela de Retiro, sede de Gendarmería. A la par, la obra social de las fuerzas de seguridad –separada este año de la de las Fuerzas Armadas tras el vaciamiento de Iosfa– arrastra un colapso que golpea también al Hospital Churruca, el centro de referencia médica policial.

En la Ciudad el cuadro es distinto: el sueldo de un oficial recién egresado de la Policía porteña ronda el millón y medio de pesos netos, muy por encima del de sus pares federales, algo que el propio Jorge Macri exhibe como argumento para captar postulantes. Es, en definitiva, la otra cara de la saturación de agentes en cada movilización: policías de a pie que reprimen reclamos salariales y jubilatorios ajenos mientras los suyos cayeron por debajo de la línea de pobreza.

MC