Pasado el trance de la sanción de la ley Bases, la CGT está negociando con el Gobierno, aunque no de manera oficial, la promulgación de los artículos que corresponden al capítulo laboral de esa norma, después de una discusión interna que enfrentó al sector sindical dialoguista con los gremios más duros y que tiene a las masas de trabajadores como motivo principal de preocupación de los dirigentes.

Los jefes de los gremios no quieren pagar el costo político de respaldar la aplicación de normas que resulten regresivas para el sistema laboral, y por eso las conversaciones con funcionarios de La Libertad Avanza se mantienen hoy entre pinzas y con un cuidado hermetismo.

Es un diálogo que algunos de los referentes de la “mesa chica” cegetista tienen abierto con el secretario de Trabajo, Julio Cordero, y del que tampoco informan, por el momento, al resto de los gremios que conforman el Consejo Directivo de la central, según pudo saber elDiarioAR de fuentes al tanto de esos intercambios.

Es que el Gobierno de Javier Milei mostró predisposición para consensuar con los sindicatos los alcances de algunos de los puntos más controvertidos de la ley, de forma tal de no tensar la cuerda con un sector con capacidad de daño en momentos de incertidumbre en los mercados y zozobra económica. De hecho, fue una presentación judicial de la CGT la que el verano pasado tumbó la aplicación de las reformas laborales del DNU 70/2023.

“Cordero tiene buena relación con los gremios desde siempre, pero él no decide, sólo nos escucha; el esquema de toma de decisiones es impredecible en el Gobierno”, confió ante este medio una alta fuente de la central obrera. Proveniente del Grupo Techint, el actual secretario de Trabajo tiene una relación de vieja data con el mundo sindical.

Por el momento, los gremios de la CGT ya resolvieron que se presentarán nuevamente a la Justicia para impugnar la restitución del Impuesto a las Ganancias incluida en el paquete económico de la ley Bases, después de que los trabajadores de la cuarta categoría hubieran quedado exentos de ese gravamen por una modificación que había sido aplicada durante la campaña presidencial del entonces ministro de Economía, Sergio Massa.

“La CGT tiene claro que la reforma laboral es inconstitucional porque está vigente la Convención Interamericana de Derechos Humanos que plantea la no regresividad de los derechos económicos, sociales y laborales”, le dijo a elDiarioAR un sindicalista que participa de las reuniones de mesa chica, y que alertó además que “cualquier reforma de este tipo viola flagrantemente la Constitución, que es el marco que no deben olvidar ningún gobierno ni los legisladores”.

El mismo dirigente aclaró que el hecho de que algún sindicalista en particular “tenga” conversaciones con el Poder Ejecutivo a ese respecto “no compromete” a la central obrera, al asegurar que “oficialmente la CGT no está discutiendo nada”.

Se refiere a representantes de la línea dialoguista como Héctor Daer (Sanidad), Gerardo Martínez (UOCRA) y Andrés Rodríguez (UPCN), entre otros, que ya habían hablado con Cordero sobre algunos puntos de la norma durante el viaje que todos hicieron el mes pasado a Ginebra, Suiza, para participar de la cumbre anual de la Organización internacional del Trabajo (OIT).

Eso sí: en lo formal, Gerardo Martínez, hombre fuerte del sindicalismo y secretario de Relaciones Internacionales de la CGT, denunció en esa cumbre global que la reforma laboral impulsada por el gobierno libertario es “precarizadora y antisindical”.

“Nosotros no vamos a participar de ninguna reglamentación. No es que hay una ‘mesa técnica’. Sí vamos a establecer nuestras visiones en algunos puntos. Nuestra postura es el rechazo”, ratificaron desde la sede de Azopardo 802. Según pudo saber elDiarioAr, algunas de esas conclusiones serán presentadas el miércoles próximo en la reunión de “mesa chica” ampliada a la que convocó la central con la excusa de unificar posturas sobre Ganancias.

Si bien en la central obrera se quedaron con un sabor agridulce tras la sanción de la ley, de la que lograron quitar la mayoría de los artículos del capítulo laboral –el más importante para ellos, el que buscaba limitar los aportes de la caja sindical–, hay algunos puntos que preocupan y sobre los cuales el Gobierno se mostró dispuesto a escuchar. 

Uno de ellos es la penalización a quienes hagas asambleas y concreten bloqueos durante una protesta; otro es el que habilita la figura de trabajador independiente con hasta cinco trabajadores autónomos a su cargo sin considerarse “empleador”, lo que para los sindicalistas profundiza la precarización y contribuye con la deslaborización. También rechazan la ampliación del período de prueba, que pasó de 3 a 6, 8 meses y hasta un año, dependiendo de la cantidad de empleados, y que afecta directamente a las indemnizaciones.

Aunque por fuera de la ley Bases, la CGT también está en contra del programa de “Seguridad Productiva” presentado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, y que consiste en el despliegue de fuerzas federales para asegurar el funcionamiento de alguna compañía que sufra bloqueos. “Eso tiene nombre y apellido: Pablo Moyano”, advierten desde la CGT.

Excluidos por decisión propia de esas conversaciones, los gremios de la línea más dura, entre los que se ubican Camioneros, La Bancaria, SMATA y La Fraternidad, entre otros, advierten sobre las dificultades que tendrán con sus bases los jefes sindicales que se presten a colaborar con la reglamentación de la ley.

Desde ese sector niegan incluso que haya negociaciones en curso, lo que demuestra a su vez la “grieta” que divide a la CGT. “¿Cómo volvés a tu gremio si a tu trabajador le sacan el aguinaldo, las horas extras, la indemnización? La gente no come vidrio”, resumen ante elDiarioAR desde uno de los sindicatos del ala combativa.

Esos gremios, entre los que figuran organizaciones de ramas variadas como las de transporte, industriales y servicios, se reunieron el jueves último en la sede de la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) para analizar nuevas medidas de rechazo a la ley Bases, con eje en la oposición a Ganancias.

Además de Pablo Moyano, estuvieron en ese mitín Juan Pablo Brey (Aeronavegantes), Raúl Durdos (Marítimos) y Sergio Palazzo (La Bancaria), entre otros. Lo más probable es que estos sindicatos terminen plegándose a la estrategia general de la CGT de avanzar con múltiples presentaciones judiciales contra la restitución de Ganancias, con el argumento de que la reposición de ese gravamen obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados pero no fue acompañada por el Senado.

“Esta reimplantación viola la Constitución en tanto y en cuanto esa ley no fue votada por ambas cámaras”, indicaron desde la “mesa chica” de la central.

Mientras tanto, el ala combativa del sindicalismo infla el pecho: “Era una ley ómnibus y ahora es un taxi. ¿No le podemos hacer un piquete a una empresa que no cumpla con los trabajadores? Entonces cortaremos la cuadra”, advierten sin más. Quizás algo de esa idiosincrasia sea la que ahora esté midiendo el secretario de Trabajo.

NP/MG