“Así que hay extranjeros que viven en Argentina, estudian gratis en Argentina, se atienden gratis en hospitales Argentinos mientras odian a la Argentina? Perfecto. Acabo de presentar un proyecto para arancelar la salud y la educación a extranjeros en la provincia de Buenos Aires”. El diputado libertario bonaerense Agustín Romo no hizo más generar atractivo mediático en medio de la supuesta ola de críticas a estudiantes extranjeros que se burlaron de la Selección argentina en redes sociales tras la derrota en la final del Mundial 2026. Pero su proyecto de ley para arancelar la atención en hospitales públicos y los estudios de grado en universidades estatales de la provincia a los extranjeros no está oficializada en la Legislatura y se basa en datos falsos o erróneos.

La iniciativa, que Romo mostró en sus redes, lleva la firma de 18 de los 20 diputados libertarios y del jefe del bloque del PRO, Alejandro Rabinovich, y consiguió un retuit de Patricia Bullrich. Sin embargo, en el sitio oficial de la Cámara de Diputados bonaerense el último proyecto de ley cargado a nombre de Romo data del 13 de julio y se refiere a una reforma del Estatuto del Docente.

El texto, según la copia que el legislador colgó en su cuenta de X, establece dos regímenes separados. El Título I dispone que los extranjeros sin residencia permanente deberán costear las prestaciones sanitarias en hospitales públicos provinciales mediante seguro de salud, un tercero obligado o pago directo, aunque garantiza que ninguna persona podrá ser rechazada o demorada en casos de urgencia o emergencia con riesgo de vida; el cobro se tramitará recién después de estabilizar al paciente. Quedan exceptuadas las víctimas de trata de personas y todas las acciones de vacunación, diagnóstico y tratamiento de enfermedades transmisibles, por razones de salud pública. Los fondos recaudados irán al Fondo Provincial de Salud, administrado por el Sistema de Atención Médica Organizada (S.A.M.O.). El Título II, por su parte, obliga a las universidades provinciales de gestión estatal a fijar una retribución para los estudios de grado de extranjeros sin residencia permanente, dejando en manos de cada institución los montos y las modalidades de cobro.

Para convertirse en ley, el proyecto debería primero ingresar formalmente al circuito parlamentario y luego sortear el pase por comisión y el recinto. Pero los libertarios bonaerenses no cuentan con mayoría propia y necesitarían el acompañamiento de otros bloques. “No hay chance que pase de ninguna manera porque no tienen número”, aseguró a elDiarioAR una fuente que conoce el día a día en la Legislatura provincial. Además, tanto la comisión de Salud como la de Educación están presididas por diputados de Unión por la Patria, quienes son los que manejan la lapicera y los tiempos.

Romo justificó la iniciativa con una serie de posteos en los que afirmó que “el 51% de los alumnos de la Facultad de Medicina de la Universidad de La Plata son extranjeros” y que en la UBA la proporción llega al 39%. “Mientras un argentino tenga dificultades para acceder plenamente a la salud y a la educación, es una locura que estemos financiando esos servicios para los extranjeros”, declaró el legislador, en un planteo que vinculó explícitamente el proyecto con el enojo viralizado tras el Mundial.

Esas cifras, no obstante, ya habían sido desmentidas. En mayo pasado, durante la marcha federal universitaria, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, había usado casi los mismos números –40% en la UBA y 51% en la UNLP– para cuestionar el financiamiento universitario, y el sitio Chequeado los contrastó con los datos oficiales de ambas casas de estudio: la Facultad de Medicina de la UBA reportó 13.403 estudiantes extranjeros en 2024, el 28% de su matrícula, y la de Ciencias Médicas de la UNLP registró un 23% en el mismo período. Romo repitió, dos meses después y en un contexto distinto, una estadística que la propia gestión de la que forma parte ya había difundido de manera inexacta.

A esa inconsistencia se suma otra que surge de la letra del propio proyecto: la UBA y la UNLP son universidades nacionales, financiadas por la Nación y no por la provincia. El Título II del texto de Romo, en cambio, solo alcanza a las “universidades provinciales de gestión estatal”, una categoría distinta y mucho más acotada –compuesta por instituciones como la Universidad Provincial de Ezeiza o la Universidad Provincial del Sudoeste– que no incluye a ninguna de las dos casas de estudio que el legislador citó para fundamentar la medida. Es decir, los ejemplos que motivaron públicamente el proyecto no serían alcanzados por la ley que ese mismo proyecto busca crear.

El impacto presupuestario de la medida, además, aparece como marginal si se lo mide contra el conjunto del sistema. Según el último informe oficial de la Secretaría de Educación, dependiente del Ministerio de Capital Humano, los estudiantes extranjeros representan apenas el 4,1% de la matrícula de pregrado y grado en universidades públicas de todo el país, una proporción menor a la que los inmigrantes tienen en la población total (entre el 5% y el 6%, según estimaciones citadas por especialistas en migraciones).

Un repaso por el informe de autoevaluación institucional que la Universidad Provincial de Ezeiza (UPE) presentó ante la CONEAU en 2025 refuerza esa desproporción en la única categoría de universidad que el proyecto de Romo efectivamente alcanza. El documento, de 415 páginas, dedica un capítulo completo a analizar la “procedencia estudiantil” de sus 7.510 alumnos regulares (dato de 2024, frente a los 2.947 de 2018), pero esa procedencia se mide exclusivamente por distrito bonaerense de origen –Esteban Echeverría, Ezeiza, La Matanza, San Vicente, Almirante Brown, Lomas de Zamora y Cañuelas–, sin que la nacionalidad o el país de origen figuren como variable en ningún tramo del análisis.

Las únicas menciones a “extranjeros” en todo el informe remiten a convenios de cooperación con universidades de otros países, a un requisito administrativo para “aspirantes extranjeros” en el reglamento de ingreso, a estudiantes de intercambio virtual sin cuantificar recibidos a través de un programa del Consejo Interuniversitario Nacional, y a los asistentes extranjeros de un congreso académico sobre Smart Cities. En ningún pasaje la UPE reporta una cifra de estudiantes de grado extranjeros matriculados, lo que sugiere que, en la universidad provincial que el propio texto legislativo regula, el fenómeno que motiva el proyecto no alcanza siquiera la escala necesaria para ser un dato relevante en su propia autoevaluación institucional.

En salud, el propio ministro de la cartera bonaerense, Nicolás Kreplak, informó en 2024 que en la provincia “solo el 0,2% de las consultas y el 0,8% de las internaciones corresponden a extranjeros”, la jurisdicción exacta que el proyecto de Romo busca regular.

“El proyecto de ley presentado por el legislador Agustín Romo se alinea con una corriente de intolerancia global para vulnerar, una vez más, el derecho esencial de acceso a la salud”, apuntó a elDiarioAR Pablo Maciel, secretario general de la Federación Sindical Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Salud (Fesintras), quien precisó al igual que Kreplak que la población de extranjeros que se atienden en el sistema sanitario público no llega al 1%. “Sin sustento empírico y con premisas falsas, se sostiene que arancelar la atención a extranjeros no residentes resolvería el déficit del sistema público. No obstante, esta población representa menos del 1% de las prestaciones totales, por lo que su impacto presupuestario es insignificante. El verdadero propósito de estas iniciativas es moldear la opinión pública y debilitar el precepto constitucional que garantiza el acceso a la salud a toda persona que habite el territorio argentino”.

El antecedente inmediato de la iniciativa de Romo son las leyes de Salta, Mendoza, Santa Cruz y Jujuy, que desde 2024 cobran la atención médica a extranjeros no residentes, casi siempre invocando la presión migratoria de zonas de frontera. Organizaciones como Amnistía Internacional, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Comisión Argentina para Migrantes y Refugiados (CAREF) y ANDHES cuestionaron esos regímenes por considerarlos contrarios a la Ley de Migraciones, a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y a la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, tratados con jerarquía constitucional en la Argentina.

El caso bonaerense presenta, sin embargo, una diferencia de fondo. Salta, Mendoza, Santa Cruz y Jujuy son provincias de frontera y pudieron justificar el cobro invocando la saturación de sus hospitales por el tránsito de personas que cruzan desde países vecinos para atenderse; Buenos Aires no tiene esa frontera ni ese argumento disponible.

Maciel agrega un argumento más contra la reforma libertaria, justamente poniendo en foco en el impacto del ajuste de Javier Milei: “Esta propuesta de arancelamiento está precedida por un vaciamiento de la salud pública: un severo ajuste a provincias y municipios, el recorte en el PAMI, la desregulación en los precios de los medicamentos y el desmantelamiento de programas nacionales de discapacidad, salud mental y provisión de fármacos”.

Por eso, el cuestionamiento legal que los especialistas y organizaciones le hicieron a las leyes provinciales —por considerarlas contrarias a la Ley de Migraciones y a tratados de derechos humanos con jerarquía constitucional— podría aplicarse con más fuerza todavía al proyecto de Romo, que tampoco podría respaldarse en una razón de saturación fronteriza. La discusión de fondo remite al artículo 20 de la Constitución Nacional, que garantiza a los extranjeros el goce de los mismos derechos civiles que a los ciudadanos argentinos dentro del territorio nacional.

Pese a los datos en contra, Romo lanzó varios tuits buscando defender su proyecto. Uno de esos mensajes en X dice: “El pagador de impuestos argentino no tiene por qué soportarle la salud y la educación a extranjeros que nos odian”.

MC