A menos de 24 horas de que el Gobierno envíe al Congreso el proyecto de Presupuesto 2027 —este martes 15 de septiembre—, un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) sobre la ejecución del gasto público a agosto de este año confirma que la administración de Javier Milei profundizó el ajuste en áreas sensibles como salud, educación y desarrollo productivo. Según el relevamiento, la ejecución total de la Administración Pública Nacional (APN) cayó un 32% en términos reales respecto de igual período de 2023, en pesos constantes.

En ese mismo período, dos excepciones sobresalen en sentido contrario: la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), que depende de la Presidencia, registró un incremento real del 42% en su ejecución, mientras que los Servicios de la Deuda Pública concentraron el 12% del gasto total ejecutado, según el informe.

En salud, el ajuste alcanzó a organismos centrales del sistema sanitario: la Superintendencia de Servicios de Salud cayó 61% en términos reales, el Instituto Malbrán 30% y la ANMAT 38%. Entre los hospitales nacionales, las caídas van del 28% al 51%, y varios programas de atención sanitaria y prevención de enfermedades muestran retrocesos de hasta el 100%. La única excepción es el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI), con un incremento real del 64%.

El área de ciencia y tecnología también sufrió recortes profundos: el Programa de Promoción de la Investigación e Innovación cayó 89%, el CONICET 35% y la CONAE 65%, a los que se suman bajas en el Servicio Geológico Minero Argentino (-30%), la Fundación Miguel Lillo (-31%), la CONEAU (-33%) y el Servicio Meteorológico Nacional (-38%). En educación, Conectar Igualdad y el Fondo Nacional de Incentivo Docente tuvieron ejecución nula (-100%), la asignación de becas estudiantiles cayó 85%, la formación docente 92% y la infraestructura escolar 97%.

El informe de CEPA también identifica retrocesos en seguridad social y desarrollo social —con caídas del 75% en la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia y del 80% en el INAES, además de recortes de hasta el 100% en programas de economía social y primera infancia, y del 62% en comedores comunitarios y merenderos— y en desarrollo productivo y energía, donde se destaca la baja del 34% en la Comisión Nacional de Energía Atómica. A esto se agregan caídas de entre el 20% y el 35% en las fuerzas federales y armadas, recortes de entre el 78% y el 100% en obra pública y transporte, y un ajuste del 98% en la asistencia técnica a municipios, además de la eliminación total del Fondo de Fortalecimiento Fiscal de la provincia de Buenos Aires.

Milei no irá este martes al Congreso para presentar su presupuesto; show que había hecho en 2024 y 2025. El Ejecutivo enviará el texto a la Cámara de Diputados por los canales formales y luego comenzará el debate en comisión. Allí tampoco asistirá el ministro de Economía, Luis Caputo, sino que se espera que exponga ante los legisladores el vice, José Luis Daza.

El proyecto que Milei enviará al Congreso buscará blindar por ley el objetivo de déficit cero. Según trascendió, el texto incluye una regla fiscal —un artículo 11 bis a la Ley de Administración Financiera— que obliga a un resultado financiero equilibrado o superavitario a partir de 2025 en adelante, y establece que, ante cualquier desvío de los ingresos proyectados, el gasto deberá recortarse como mínimo en la misma proporción.

En paralelo, el Gobierno prevé enviar al Congreso, en simultáneo o inmediatamente después del Presupuesto, un proyecto de “shutdown” a la argentina: un mecanismo inspirado en el cierre administrativo de Estados Unidos que suspendería automáticamente el funcionamiento del Estado si se agotan las partidas autorizadas y se avanza hacia el déficit, con jubilaciones, programas sociales, pago de deuda y seguridad y defensa como las áreas que quedarían exceptuadas.

El informe llega además en medio de otro conflicto en torno al Presupuesto: el 30 de agosto renunció Gabriel Esterelles, director de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) desde 2023, a quien todavía le restaban dos años de mandato. Su salida, formalmente atribuida a “motivos personales”, se produjo después de que el oficialismo de La Libertad Avanza restringiera las atribuciones del organismo. En junio, la Comisión Bicameral que supervisa la OPC dispuso que sus áreas técnicas ya no puedan elaborar informes extraordinarios sin autorización previa, luego de que el organismo publicara estimaciones sobre jubilaciones, discapacidad y financiamiento universitario que contradecían los números del Poder Ejecutivo.

Tras la renuncia asumió como directora interina María Eugenia David Du Mutel, funcionaria de carrera de la OPC, hasta que se convoque un concurso público para cubrir el cargo titular por los cinco años de mandato que marca la ley. La transición no estuvo exenta de polémica: en la primera reunión de la Bicameral tras la salida de Esterelles, el 1° de septiembre, los diputados de Unión por la Patria se retiraron en protesta y anunciaron una presentación judicial para frenar los cambios en el organismo.