Un grupo de organizaciones de la sociedad civil, sindicatos de prensa, excombatientes de Malvinas y académicos pidió formalmente a la Cámara de Diputados que abra un ámbito de participación social en el debate del Proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional, la iniciativa que el Poder Ejecutivo envió al Congreso}. El pedido se presentó este viernes ante las autoridades de las comisiones de Defensa Nacional, Relaciones Exteriores y Culto y Legislación Penal, que tienen el proyecto bajo análisis.

La nota, dirigida entre otros a la presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores, la diputada libertaria Juliana Santillán, lleva la firma de 16 organizaciones: el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Amnistía Internacional, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Centro de Ex Combatientes de las Islas Malvinas (CECIM), la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA), el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA), Poder Ciudadano, Fundación Vía Libre, el Instituto Latinoamericano de Seguridad y Democracia (ILSED), el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), ANDHES, Democracia en Red, Fundeps, Fundación Meridiano y el Observatorio de Derecho Informático (ODIA). También firman especialistas en defensa y relaciones internacionales como Luciano Anzelini, Jorge Battaglino, Sergio Eissa, Ezequiel Magnani y Mariana Altieri.

Los firmantes no cuestionan el objetivo declarado de la ley. “Entendemos que la preservación de la soberanía sobre las Islas Malvinas y la protección de los recursos naturales constituyen valores y objetivos estratégicos que convocan al conjunto de la sociedad argentina”, señala el texto. Lo que objetan es que, con el argumento de Malvinas, el proyecto avanza sobre otras áreas del diseño institucional del Estado. Según advierten, esos cambios requieren “una discusión profunda”.

El punto central de la advertencia es conceptual y tiene consecuencias concretas. El proyecto “incorpora la noción de 'seguridad nacional' al ordenamiento jurídico, reemplazando de forma implícita el marco regulatorio vigente de las funciones de defensa, seguridad interior e inteligencia”, sostiene la presentación. Desde la recuperación democrática, el sistema legal argentino se construyó sobre la separación entre esos tres ámbitos. Las leyes de Defensa Nacional, de Seguridad Interior y de Inteligencia Nacional, aprobadas con amplios consensos, limitaron la intervención de las Fuerzas Armadas en asuntos internos. La categoría de “seguridad nacional” remite a la doctrina que esos acuerdos dejaron atrás.

La carta también señala que la iniciativa incluye “modificaciones de relevancia al Código Penal que requieren un amplio debate”. De acuerdo con las organizaciones, el alcance de las reformas impactará “en cuestiones relativas a la soberanía nacional, el debido proceso, la libertad de expresión y la división de poderes”. La presencia de FOPEA y SiPreBA entre los firmantes refleja la preocupación del sector de prensa por el efecto que nuevas figuras penales vinculadas a la soberanía podrían tener sobre la tarea periodística.

El proyecto fue anunciado por Javier Milei después de la cadena nacional del 3 de septiembre y es la principal apuesta del Gobierno en la cuestión Malvinas. Además de crear un Consejo de Seguridad Nacional, amplía la llamada ley Pino Solanas (26.659), que desde 2011 sanciona a las empresas que exploten hidrocarburos en la plataforma continental sin autorización argentina, y extiende las sanciones a la pesca ilegal y a quienes presten servicios a esas compañías. Cancillería ya denunció a unas 60 empresas vinculadas a operaciones petroleras no autorizadas en las islas.