La oposición se juega a una súper-sesión en Diputados contra el Gobierno. Confirmó este jueves un pedido para que Martín Menem abra el recinto de la Cámara baja el próximo 15 de octubre con un temario de fuerte carga hacia Javier Milei. Intentará voltear el DNU 70/23, que derogó la Ley de Tierras, entre otras medidas desreguladoras, y también apuntan a prorrogar la emergencia en Discapacidad y aprobar una ley por el endeudamiento familiar. La fecha, a su vez, coincide con la quinta Marcha Federal Universitaria.

La nota formal pide la sesión especial para el jueves 15 a las 14 y el temario tiene tres puntos: el Orden del Día 433, que establece una ley de endeudamiento familiar; el Mensaje 0001/24, que es la comunicación del Poder Ejecutivo sobre el DNU 70/23 “de Bases para la Reconstrucción de la Economía Argentina”; y el Orden del Día 350, que prorroga hasta el 31 de diciembre de 2027 la Ley 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad.

El pedido es multipartidario y lleva 32 firmas de ocho bloques distintos. Unión por la Patria aporta 16 y por el interbloque Provincias Unidas firmaron seis. Completan la lista Miguel Ángel Pichetto y Nicolás Massot, de Encuentro Federal; la Coalición Cívica, el Frente de Izquierda; Natalia de la Sota, de Córdoba, la exlibertaria Marcela Pagano, y Jorge Fernández, de Primero San Luis. Junto al peronismo y la izquierda aparecen espacios dialoguistas, que hasta hace pocos días dudaban en ir contra el megadecreto completo, y diputados de provincias cuyos gobernadores negocian con la Casa Rosada.

El detonante fue el fallo de la Corte Suprema que revocó la decisión de un tribunal inferior que había repuesto la Ley de Tierras (26.737). El máximo tribunal resolvió por una cuestión procesal: entendió que la agrupación de excombatientes de Malvinas que había ido a la Justicia no estaba legitimada para pedir la cautelar. En la práctica, el fallo volvió a habilitar la venta de tierras rurales a extranjeros sin los límites que fijaba esa ley. Ante las críticas, este jueves la Corte aclaró que no se pronunció sobre la validez del decreto, que la controversia “no ha sido resuelta” y que la decisión sobre el DNU sigue en manos del Congreso, puntualmente de Diputados.

Ese último punto explica la ofensiva. La Ley 26.122, que regula los decretos de necesidad y urgencia, establece que un DNU solo pierde vigencia si lo rechazan las dos cámaras. El Senado ya lo hizo el 14 de marzo de 2024, en la primera derrota legislativa del gobierno de Milei. Desde entonces, el decreto quedó a la espera de Diputados, donde nunca llegó al recinto. Si la Cámara baja lo rechaza por mayoría simple de los presentes, el DNU 70 queda derogado, aunque la misma ley deja “a salvo los derechos adquiridos durante su vigencia”. Primero la oposición tendrá que conseguir el quórum de 129 diputados.

Lo que está en juego excede la Ley de Tierras. Con su artículo 154, el DNU 70 eliminó el tope del 15% para la titularidad extranjera de tierras rurales y las restricciones sobre inmuebles que contienen o lindan con cuerpos de agua y sobre las zonas de seguridad de frontera. Además derogó la Ley de Alquileres, la Ley de Góndolas, la Ley de Abastecimiento, el régimen de Compre Argentino y la Ley de Sociedades del Estado, y habilitó que las empresas públicas se transformen en sociedades anónimas. También liberó las cuotas de la medicina prepaga, permitió a los trabajadores llevar sus aportes a obras sociales ajenas a su sindicato, quitó topes en el mercado de tarjetas de crédito y abrió la puerta a las sociedades anónimas deportivas, entre más de 300 artículos.

Sin embargo, en la oposición sostienen que buena parte del decreto ya no está en juego. Algunos ítems fueron absorbidos por leyes posteriores aprobadas por el Congreso: lo referido a privatizaciones quedó en la Ley Bases y el capítulo laboral, que la Justicia había suspendido, fue reemplazado por la Ley de Modernización Laboral. Si el DNU cae, el efecto concreto se concentraría en las normas derogadas que no tuvieron reemplazo legislativo, como la Ley de Tierras, la de Alquileres, las de Góndolas y Abastecimiento y la regulación de prepagas.

Los otros dos puntos del temario funcionan, en parte, como imán para el quórum. La emergencia en discapacidad vigente vence el 31 de diciembre de este año. La prórroga la extiende un año más, hasta fines de 2027. Se trata de la Ley 27.793, que el Congreso sancionó en 2025 e impuso tras insistir contra el veto de Milei, y cuya aplicación el Gobierno resistió alegando falta de financiamiento. Si no se renueva, el régimen de emergencia caduca en menos de tres meses, mientras el oficialismo aún negocia una salida intermedia con un nuevo proyecto de ley que está en discusión.

La ley de endeudamiento familiar busca dar respuesta a un fenómeno que el Gobierno minimiza como “un problema entre privados”. Según datos del Banco Central procesados por el CEPA, en junio la mora bancaria de las familias llegó al 12,8% y la de las billeteras virtuales al 30,1%, por encima del pico de la pandemia.

El 15 de octubre será, así, una prueba de fuerza para el Gobierno en la Cámara baja. Si la oposición consigue sentar a 129 diputados, el oficialismo podría sufrir en un mismo día la caída de su megadecreto fundacional y dos leyes que la Casa Rosada rechaza. Si no lo consigue, el DNU 70 seguirá vigente casi tres años después de su firma.

MC