El presidente Javier Milei eligió la cuestión Malvinas como la pieza central para sostener, ante la Asamblea General de la ONU, que el organismo “se convirtió en una organización inútil”. Sostuvo que, además de haber fracasado en su tarea de garantizar la seguridad colectiva y los derechos humanos, la ONU “decidió mirar para el otro lado respecto a la situación de las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos circundantes”, pese a haberse propuesto defender la soberanía territorial de sus miembros.

Repitió dos veces la frase “Malvinas es para nosotros una causa nacional” y la presentó explícitamente como evidencia de ese fracaso institucional: “Es también una prueba de la distancia que puede existir entre las palabras de las instituciones internacionales y la realidad sobre la que pretenden actuar”, dijo, un día después de que el primer ministro británico Andy Burnham ratificara ante ese mismo estrado la posición de Londres sobre el archipiélago.

Para sostener ese diagnóstico, Milei recordó que hace 50 años esa misma Asamblea aprobó la resolución 3149, que instaba a las partes a “abstenerse de introducir modificaciones unilaterales” mientras la disputa siguiera abierta, y planteó que medio siglo después “la situación no ha cambiado, pero las modificaciones unilaterales continúan”. Citó como ejemplo concreto el proyecto Sea Lion, que dijo que “avanza hacia la extracción de petróleo en la plataforma continental argentina, correspondiente a la Cuenca Malvina Norte, mediante licencias británicas que la Argentina rechaza por ilegales e ilegítimas”, y sostuvo que toda actuación no autorizada por el país “constituye un acto ilícito” a la luz tanto del derecho internacional —incluida la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar— como del derecho interno argentino. Llevó el argumento institucional un paso más allá con una pregunta retórica dirigida al propio organismo: “¿De qué sirve una resolución si durante décadas la contraparte puede actuar en sentido contrario y esa resolución queda intacta en los archivos, pero impotente frente a la realidad?”. De ahí extrajo su conclusión sobre la ONU en general: “Una institución que no logra que su palabra pese sobre los hechos pierde lo más importante: pierde su autoridad”.

A partir de ese diagnóstico, detalló la serie de medidas que tomó recientemente frente a la explotación de recursos en la zona en disputa: presentación de “notas de desaliento”, uso de “herramientas jurídicas disponibles”, sanciones a “las empresas involucradas y a sus proveedores” y el envío al Congreso de un proyecto de Ley de Defensa de la Soberanía Nacional. Contrapuso esa estrategia a lo que llamó la tradicional “defensa discursiva” de gobiernos argentinos anteriores y la definió —también repitiéndolo dos veces— como “una defensa pacífica, práctica y efectiva”.

Sobre la población de las islas, argumentó que el principio de libre determinación “no aplica en este caso ya que se trata de una población implantada por la potencia ocupante sobre un territorio cuya soberanía se encuentra en disputa”, y que ese principio “existe para liberar a los pueblos colonizados, no para consagrar situaciones derivadas de la colonización”. Desafió además al Reino Unido a explicar “cómo concilia” su interpretación sobre Malvinas “con los debates sobre autodeterminación existentes dentro de su propio territorio”. Pese al tono, reiteró el llamado a Londres a “reanudar las negociaciones para encontrar una solución pacífica a la disputa de soberanía” y a “intercambiar opiniones” sobre la explotación de los recursos naturales en la zona, y extendió una invitación a inversores extranjeros en Vaca Muerta: “Vengan. Inviertan. Desarróllenla. Háganlo con nosotros”. Pero puso una condición explícita: “No seremos indiferentes frente a quienes exploten recursos bajo ocupación externa ilegal”.

El caso Malvinas funcionó, en el discurso, como la puerta de entrada a una crítica más amplia al multilateralismo. Milei acusó a los “supuestos defensores de los Derechos Humanos” de haber “apañado a dictaduras sanguinarias y regímenes que lapidan mujeres en la calle”, de votar “sistemáticamente en contra de Israel” y de guardar “silencio frente al terrorismo islámico y ante genocidios de cristianos en el África”. Describió a la ONU como un “leviatán burocrático” y habló de una “mezcla curiosa de anarquía y tiranía” frente a las agendas del Nuevo Milenio, 2030 y —anticipó que “va a fracasar”— 2045. El pasaje más duro fue para la gestión internacional de la pandemia de Covid-19, que calificó de “experimento global de control social disfrazado de ciencia” y a la que llegó a calificar de “genocidio”; en ese marco recordó la salida argentina de la Organización Mundial de la Salud.

El mandatario ratificó también una serie de definiciones geopolíticas: alineamiento “sin ambigüedades” con Estados Unidos e Israel, repudio a los ataques del régimen iraní contra Israel, designación de la Guardia Revolucionaria Iraní como organización terrorista, búsqueda de justicia por los atentados de 1992 y 1994. Y cerró con un capítulo sobre inteligencia artificial: anunció que la Argentina buscará ubicarse “en la vanguardia de la libertad” en la materia, con “el compromiso de no regular de manera preventiva”, “responsabilidad limitada” para las empresas que operen con agentes de IA y “beneficios fiscales”, en sintonía, dijo, con la visión de Donald Trump.