El Poder Ejecutivo giró este jueves por la noche al Congreso el proyecto de reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina (BCRA), horas después de que el presidente Javier Milei lo presentara por cadena nacional. El proyecto firmado por Milei, el ministro de Economía Luis Caputo y el jefe de Gabinete, Diego Santilli, propone modificar la ley 24.144 y derogar artículos de la ley de convertibilidad (23.928) y de la ley de administración financiera (24.156).

Según el texto oficial, el objetivo es dotar al Central de “independencia funcional y financiera” y consagrar la preservación del valor de la moneda como su misión única, revirtiendo buena parte de la reforma que impulsó el kirchnerismo en 2012. Los otros tres proyectos que Milei anunció en la misma cadena nacional —el “grillete fiscal”, la reforma del mercado de capitales y la del mercado de seguros— todavía no fueron enviados al Congreso: por ahora existen solo como anuncio.

El primer eje del proyecto sustituye el artículo 3° de la Carta Orgánica para volver a la fórmula original de 1992, antes de que la ley 26.739 le asignara al BCRA un mandato múltiple —estabilidad monetaria, estabilidad financiera, empleo y desarrollo económico “en el marco de las políticas del gobierno nacional”—. Se eliminan las facultades del directorio para orientar el crédito hacia sectores específicos, herramienta que el texto considera propia de la banca de fomento y ajena a un banco central.

Establece causales taxativas para remover a los miembros del directorio —violación de incompatibilidades, incapacidad sobreviniente o falta grave y manifiesta vinculada a hechos precisos— y exige que cualquier destitución sea aprobada por dos tercios de los miembros presentes de ambas cámaras del Congreso, no solo del Senado como ocurre hoy. Además, se elimina la presencia del ministro de Economía en las reuniones de directorio y se deroga la obligación del BCRA de opinar sobre las operaciones de crédito público externo del Tesoro.

Un tercer eje cierra los canales de financiamiento del Banco Central al sector público. Se deroga el artículo que habilita los “adelantos transitorios” al Gobierno nacional: de no eliminarse, señala el texto, el Tesoro podría haber solicitado adelantos por unos 36,6 billones de pesos, más del 80% de la base monetaria actual. También se prohíbe de forma absoluta prestarle a Nación, provincias, la Ciudad de Buenos Aires y municipios, y se veda por primera vez de manera explícita la compra de títulos públicos en el mercado primario. Además deroga el régimen de “reservas de libre disponibilidad”.

La transferencia de fondos al Tesoro quedará condicionada a que las reservas alcancen al menos el 50% del capital del Banco y a que el dinero se destine exclusivamente a cancelar deuda pública. Mientras subsistan las letras intransferibles y los adelantos ya otorgados, una cláusula transitoria establece que esos fondos se usarán primero para cancelar esas obligaciones heredadas.

En la misma cadena nacional, Milei había adelantado el contenido de los otros tres proyectos que integrarán el paquete: el “grillete fiscal”, una regla permanente que impedirá por ley aprobar presupuestos deficitarios y que, de no corregirse el desequilibrio en un plazo determinado, activará un “shutdown” con freno a gastos no esenciales, transferencias a provincias y hasta los sueldos de Presidente, vicepresidente, legisladores y ministros; una reforma del mercado de capitales para liberalizar la emisión de bonos corporativos y el financiamiento colectivo; y una reforma del mercado de seguros que eliminará la autorización previa del regulador para lanzar nuevos productos. Ninguna de las tres tiene todavía fecha de ingreso al Congreso.

En cuanto al ingreso formal de la reforma del BCRA, fuentes de la Cámara de Diputados precisaron que, como el proyecto llegó después del cierre de la mesa de entradas del jueves, este viernes se completarán las cuestiones administrativas de recepción y que la iniciativa recién tomará estado parlamentario el lunes, cuando será girada a las comisiones pertinentes. En despachos libertarios adelantaron que buscarán empezar a tratarlo en la primera semana de agosto, con el objetivo de llevarlo al recinto en una sesión de fines de mes.

El recorrido comenzará por Diputados y no por el Senado, en parte porque la Cámara alta ya tiene una agenda cargada con otros proyectos —entre ellos la eliminación de límites a la venta de tierras rurales a extranjeros y el llamado Súper RIGI—. El proyecto sería girado a las comisiones de Presupuesto y Hacienda, que preside el libertario Bertie Benegas Lynch, y de Finanzas, a cargo de Santiago Pauli. La Libertad Avanza deberá negociar con bloques dialoguistas para sumar firmas y luego los votos en el recinto.

Si el oficialismo logra aprobar el proyecto en Diputados, deberá superar después el filtro del Senado, donde siempre existe el riesgo de que surjan nuevas trabas no acordadas en la instancia previa. Ahí aparece otro nudo sensible: Santiago Bausili, presidente del Central, está designado por comisión ya que no tiene aún acuerdo del Senado.