Karina Milei tomó el micrófono. No es una imagen habitual en la Casa Rosada, donde la secretaria general de la Presidencia construyó buena parte de su poder lejos de las cámaras y las declaraciones públicas. Esta vez eligió hacerlo en un lugar que conoce desde mucho antes de que su hermano llegara a la Presidencia: el barrio porteño de Villa Devoto, donde vivió durante gran parte de su vida.

El motivo fue el anuncio de la finalización de la primera etapa del traslado de los presos de la histórica cárcel al nuevo complejo penitenciario de Marcos Paz. Pero la escena tuvo un componente político adicional: Karina habló por primera vez en un acto oficial, en medio de una serie de apariciones que empiezan a modificar su habitual perfil público. La exposición, de todos modos, tuvo sus límites: antes de que comenzara la conferencia, se informó a los periodistas que la hermanísima no respondería preguntas.

“Sé de los problemas que esta cárcel traía para el barrio”, afirmó la funcionaria, que estuvo acompañada por la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y la presidenta del bloque de La Libertad Avanza en la Legislatura porteña, Pilar Ramírez. Su intervención fue breve, aunque incluyó una referencia personal poco frecuente en sus discursos. “Viví acá en Devoto. Significa muchísimo para el barrio y para todos los que viven en este lugar. Es un día de celebración porque esta era una promesa de muchos años y este Gobierno pudo hacerlo realidad”, sostuvo.

La aparición no pasó inadvertida. Karina Milei lleva años evitando las exposiciones públicas que no considera estrictamente necesarias, incluso cuando se trata de anuncios importantes para la gestión de su hermano. Su influencia sobre las decisiones del Gobierno y la estructura partidaria de La Libertad Avanza contrasta con la escasez de sus intervenciones ante los medios. Sin embargo, durante las últimas semanas comenzó a mostrarse con mayor frecuencia en actividades oficiales, aunque todavía con discursos breves y cuidadosamente delimitados. El acto en Devoto fue un nuevo paso en esa dirección.

La noticia que justificó la convocatoria fue el traslado de 1.400 internos, más del 90% de la población penitenciaria de Villa Devoto, al nuevo Complejo Penitenciario Federal VIII de Marcos Paz. El Gobierno dio por terminada así la primera fase de un operativo que se desarrolló durante cinco jornadas y que, según destacaron las autoridades, se concretó sin incidentes graves, motines ni fugas. La mudanza representa un avance decisivo hacia el cierre de la única cárcel federal que todavía funciona dentro de la Ciudad de Buenos Aires, aunque la desocupación definitiva deberá esperar algunos meses.

Monteoliva se encargó de presentar los detalles técnicos y reivindicar la magnitud del despliegue. La ministra calificó la construcción del nuevo establecimiento como una “obra de infraestructura sin precedentes en Argentina y Latinoamérica” y destacó que permitió trasladar a los detenidos “en un tiempo récord”. También puso el acento en la coordinación entre las distintas jurisdicciones, un aspecto que el Gobierno buscó exhibir como parte central del resultado. “Es un hito que estamos celebrando, porque es la posibilidad de cambiar la vida de los vecinos del barrio y de la ciudad, además de modificar las condiciones de trabajo del Servicio Penitenciario Federal y las realidades sanitarias para los internos que aquí se encontraban”, señaló.

El operativo comenzó el domingo pasado, después de que la Resolución 1042/2026 habilitara formalmente el funcionamiento del complejo de Marcos Paz y dispusiera el cese de las actividades penitenciarias en Devoto. Durante la primera jornada fueron trasladados 326 detenidos. Cuatro días después, el número había ascendido a 1.193, equivalente al 79,5% de la población original. La cifra llegó finalmente a 1.400 internos, distribuidos en cuatro unidades de máxima seguridad del nuevo establecimiento, que cuenta con capacidad para alojar a 2.232 personas.

La logística estuvo a cargo de un Comando Unificado Federal creado especialmente por el Ministerio de Seguridad. Participaron alrededor de 1.000 funcionarios del Servicio Penitenciario Federal y otros 600 efectivos de la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura y la Policía de Seguridad Aeroportuaria. Cada preso recibió una pulsera identificatoria con un código QR para registrar su recorrido desde la salida de Devoto hasta el ingreso al nuevo penal. Los vehículos, por su parte, fueron monitoreados mediante sistemas de comunicación radial y seguimiento satelital.

Para el Gobierno, la velocidad de la mudanza se convirtió en uno de los principales argumentos para reivindicar la gestión. “Tantos años escuchamos que no se podía, que era imposible”, había señalado Monteoliva durante los primeros días del operativo. Santilli, por su parte, definió el resultado como “un cambio histórico, único” y destacó el trabajo conjunto con la administración porteña. El mensaje compartido por los funcionarios fue que una obra postergada durante años pudo finalmente ponerse en funcionamiento gracias a la coordinación política y operativa entre Nación y Ciudad.

Esa coordinación tiene una historia bastante más larga que el actual gobierno libertario. El cierre de la cárcel de Devoto había sido acordado el 12 de marzo de 2018, cuando Mauricio Macri ocupaba la Presidencia y Horacio Rodríguez Larreta gobernaba la Ciudad. El convenio establecía que los detenidos serían trasladados a un nuevo establecimiento en Marcos Paz, cuya construcción debía completarse para 2020. Sin embargo, las demoras en las obras y los sucesivos cambios de gestión fueron postergando el cronograma hasta convertir aquella fecha en una promesa incumplida. El proceso volvió a tomar impulso a principios de octubre, cuando Karina Milei, Santilli, Monteoliva y el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, firmaron el acta de recepción provisoria del nuevo complejo.

Pero Devoto todavía no está vacío. Según explicó Monteoliva, entre 60 y 80 presos permanecerán alojados en el establecimiento hasta la visita del papa León XIV, prevista para la segunda semana de noviembre. El pontífice tiene programada una actividad en la cárcel durante su paso por la Argentina (hoy en duda por su estado de salud), por lo que las autoridades decidieron mantener una población reducida hasta entonces. Una vez concluida la visita, continuará el traslado de los últimos internos. Recién después podrá avanzar con el cierre definitivo de un establecimiento, para abrir una discusión completamente distinta: qué hacer con las tierras que dejará libres.

El terreno ocupa más de 48.000 metros cuadrados y continúa bajo propiedad del Estado nacional. Su destino dependerá de una negociación política, administrativa e inmobiliaria que todavía no está resuelta. El convenio original contempla destinar el 65% del predio a espacio público y el 35% a viviendas, además de reservar un sector para un espacio de memoria dedicado a la masacre del Pabellón Séptimo, ocurrida en 1978, cuando decenas de detenidos murieron durante un incendio en la cárcel. La intervención sobre el terreno deberá pasar también por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), que tendrá participación en la definición del esquema económico e inmobiliario. Por ahora, los detalles de ese mecanismo permanecen abiertos.

PL / NB