“72 personas deciden quién puede comprar la Argentina”. Con esa frase una web invita a comunicarse con los senadores nacionales a través de su mail institucional o sus redes sociales para exigirles que voten en contra de la reforma de la Ley de Tierras que propone el Gobierno para desregular la venta a extranjeros. La plataforma es parte de un ecosistema de acciones de autoconvocados que impulsan el rechazo a la norma, que se vota este jueves en el Senado.

El plato fuerte será la movilización que se está gestando para este 6 de agosto frente al Congreso y en distintos puntos del país. La resistencia está creciendo en grupos de WhatsApp y espacios virtuales, y ya tuvo acciones callejeras como volantedas y hasta un banderazo en el Obelisco el sábado pasado, como anticipó elDiarioAR.

En el medio, el Gobierno avanza con su iniciativa tras incorporar cambios de último momento. Este martes temprano el jefe de Gabinete, Diego Santilli, confirmó que se cambió el tope de 15% al 25% para la compra de tierras rurales por parte de extranjeros. “Está poniendo un límite parecido en la región, sin ir más lejos me voy a Brasil”, dijo el ministro coordinador, que buscó no anticiparse demasiado a la conferencia de prensa que agendó Patricia Bullrich para esta tarde a las 16.

“No creo que vaya a haber un desempate. Por mis conversaciones con Patricia, creo que está encaminado el tema”, dijo Santilli en diálogo con radio Rivadavia, en referencia a la jefa del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara alta, encargada de presentar oficialmente las modificaciones al texto original.

El proyecto en discusión es la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que en su versión original eliminaba por completo el límite a la propiedad extranjera de tierras rurales. Tras las negociaciones de las últimas semanas, el oficialismo resolvió no derogar el tope sino elevarlo al 25% de la superficie rural como promedio nacional y provincial, pero deja al descubierto a nivel departamental. “Hay 36 departamentos que superan el límite del 15%, creemos que ahí están los recursos que quieren vender”, denunció Julieta Caggiano, cofundadora del Observatorio de Tierras, otra de las plataformas virtuales que denuncian el avance de la extranjerización de la ltierra. “Los intereses están donde hay agua potable y minerales”, alertó la socióloga.

Mientras el oficialismo negocia los votos necesarios para destrabar una iniciativa que ya sufrió cuatro intentos fallidos de tratamiento, el rechazo social al proyecto se organiza a nivel federal. La red de asambleas "Ponete la camiseta" convocó movilizaciones para el mismo jueves 6 de agosto en al menos veinte provincias, con epicentro en el Congreso de la Nación, donde se prevén un verdurazo, una radio abierta y un festival durante toda la tarde.

Bajo la consigna “la tierra no se vende, no se quema ni se desaloja”, también habrá concentraciones en Rosario, Santa Fe, Bahía Blanca, Comodoro Rivadavia, Bariloche, Salta, San Juan, Tucumán y localidades de Córdoba, Entre Ríos, Mendoza, Neuquén, Chubut y Río Negro, entre otras.

A la movilización callejera se sumó la herramienta digital de seguimiento legislativo que reúne la posición declarada de cada uno de los 72 senadores nacionales sobre la Ley de Tierras y permite a cualquier ciudadano identificar a los representantes de su provincia y enviarles un mail con un texto pre armado para pedirles el rechazo del proyecto. La iniciativa busca capitalizar la presión ciudadana en un debate donde el oficialismo, que parte de una base de 21 senadores propios, necesita sumar al PRO, la UCR y bloques provinciales para alcanzar la mayoría de 37 para tener quórum y aprobar la ley.

La presión también llegó por escrito. La Mesa de Organismos de Derechos Humanos —que integran, entre otras, Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y la Liga Argentina por los Derechos Humanos— envió el 30 de julio una carta a los 72 senadores para pedirles que rechacen lo que calificó de “rapiña” y “desguace de la Nación”. El texto menciona el caso del exsenador Edgardo Kueider, detenido en Paraguay con dinero no declarado, como advertencia sobre las “enormes presiones de grupos económicos extranjeros” que —sostienen— pueden alcanzar “no solo tierras sino también la voluntad de quienes gobiernan nuestras provincias y la de sus representantes en el Congreso”. La carta enmarca el proyecto de tierras junto al Decreto 70/23 y las leyes de RIGI, Súper RIGI y de Glaciares, y advierte a quienes voten a favor: “No olvidaremos, no perdonaremos ni nos reconciliaremos jamás con quienes faciliten, del modo que sea, tamaña rapiña”.

MC