El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) pidió este martes ante la Cámara Federal porteña que se reabra la causa por el espionaje realizado sobre periodistas, académicos, activistas y organizaciones sociales durante el gobierno de Mauricio Macri y que se cite a indagatoria a los exjefes de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.

En una audiencia ante los camaristas Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola, la organización reclamó además que se revoquen los sobreseimientos de Martín Coste, exresponsable de la Dirección Operacional de Contrainteligencia, y Carlos Tonelli Banfi, exdirector de Eventos Especiales, y que el juez Marcelo Martínez de Giorgi sea apartado de la investigación.

La discusión gira alrededor de 403 fichas elaboradas por la AFI sobre periodistas, académicos y defensores de derechos humanos en el contexto de la Conferencia Ministerial de la Organización Mundial del Comercio (OMC), realizada en Buenos Aires en 2017, y la cumbre del G20 de 2018.

Los documentos fueron encontrados el 24 de enero de 2020 por la entonces interventora de la AFI, Cristina Caamaño, en tres sobres guardados en el “Área Restringida” de la Dirección Operacional de Contrainteligencia. Allí había informes, fichas y perfiles con información sobre las posiciones políticas e ideológicas de las personas relevadas.

“Manifiesta una postura cercana al gobierno”, “comparte permanentemente posteos en contra del gobierno”, “podemos inferir que es kirchnerista” y “devoción por el catolicismo” son algunas de las caracterizaciones que, según expuso el CELS ante los camaristas, aparecen en esos documentos.

Las fichas incluían datos sobre opinión política, adhesiones partidarias, militancia social, actividad sindical y creencias religiosas. Para la querella, esos elementos muestran que no se trató simplemente de obtener información para evaluar posibles riesgos de seguridad durante las dos cumbres internacionales, sino de un “fichaje ideológico”.

Martínez de Giorgi había sobreseído a principios de septiembre a Arribas, Majdalani, Coste y Tonelli Banfi sin haberlos citado previamente a declaración indagatoria. El juez consideró que las tareas realizadas por la AFI estaban justificadas por las necesidades de seguridad derivadas de la organización de la OMC y el G20.

Uno de sus argumentos fue que parte de la información había sido obtenida de fuentes abiertas, como las redes sociales. El CELS cuestionó este martes ese razonamiento y recordó que el artículo 4 de la Ley de Inteligencia Nacional prohíbe obtener o almacenar información y producir inteligencia sobre las personas en función, entre otros motivos, de sus opiniones políticas.

La prohibición, sostuvo la querella, no depende de que la información sea pública ni admite excepciones por el contexto en el que se desarrolla la actividad de inteligencia. “No dice ‘salvo que el contexto lo justifique’, ni ‘salvo que la fuente sea pública’, ni ‘salvo que la información sea utilizada para determinado fin’. Dice que está prohibido”, argumentó ante la Cámara.

La organización también cuestionó otros métodos utilizados para reunir información. Según expuso, hubo datos obtenidos mediante intercambios con organismos estatales como Migraciones y, en el caso del Hotel Bauen, Martínez de Giorgi llegó a considerar justificada la infiltración de un agente en una reunión interna de un partido político legalmente constituido.

Para el CELS, el punto central no es de dónde salió la información sino qué hizo la AFI con ella. La organización sostuvo que la recolección, el análisis y el almacenamiento de datos políticos, ideológicos o religiosos constituyen actividades prohibidas por la legislación de inteligencia independientemente de su origen.

Otro de los argumentos de Martínez de Giorgi para disponer los sobreseimientos fue que la mayoría de las fichas recibió un “color verde” durante el proceso de evaluación, por lo que la posición política de las personas relevadas no habría determinado finalmente si podían o no acreditarse para los eventos.

La querella respondió que la ley no prohíbe únicamente rechazar una acreditación por motivos políticos, sino la propia recopilación y sistematización de esa información. “Cada informe que recopila y sistematiza información sobre las categorías protegidas constituye en sí mismo inteligencia prohibida”, sostuvo.

El material permaneció almacenado en el área conducida por Coste hasta que fue encontrado en enero de 2020. El CELS cuestionó que el juez haya considerado casual o involuntaria esa conservación de los documentos sin contar, según la querella, con elementos probatorios que respaldaran esa conclusión.

Durante la audiencia apareció además otro elemento que la organización considera relevante. Personas a las que se les había negado el ingreso a los eventos presentaron en su momento hábeas data para conocer qué información tenía el Estado sobre ellas. En esos expedientes, la AFI negó reiteradamente poseer datos y haber participado del proceso de acreditación para la conferencia de la OMC.

Sin embargo, según el planteo realizado ante la Cámara, en la causa quedó documentada la participación de la agencia. El Ministerio de Seguridad y la Cancillería habían solicitado su colaboración y el entonces canciller llegó a enviar una nota a Arribas para pedir su intervención en la acreditación de una participante.

El CELS destacó el caso del académico Francisco Cantamutto: Coste firmó una respuesta a un hábeas data en la que la AFI decía no tener información sobre él, pero entre los documentos encontrados posteriormente apareció una ficha que lo describía como integrante de “un grupo de economistas de izquierda kirchnerista”.

La investigación lleva más de seis años desde el hallazgo de las fichas. Ya en 2021, la fiscal Paloma Ochoa había considerado que existía un grado de sospecha suficiente para convocar a indagatoria a los cuatro imputados, pedido al que había adherido el CELS. Sin embargo, las indagatorias nunca se concretaron y Martínez de Giorgi terminó sobreseyéndolos.

El fiscal Franco Picardi también apeló esos sobreseimientos y sostuvo que la investigación debía avanzar hacia las declaraciones indagatorias. Al igual que la querella, consideró que las características utilizadas por la AFI para seleccionar y perfilar a las personas coincidían con categorías cuya recopilación está vedada por la Ley de Inteligencia.

Ahora serán Llorens, Bertuzzi y Yadarola quienes deberán decidir si confirman el cierre dispuesto por Martínez de Giorgi o si, como reclamó el CELS, revocan los sobreseimientos y permiten que la investigación continúe. La organización pidió además que, en ese caso, la causa quede en manos de otro juez, con el argumento de que Martínez de Giorgi ya fijó una posición sobre el fondo del expediente sin haber interrogado a los imputados.