“Es realmente una buena noticia”. La frase, pronunciada por un funcionario con despacho en Balcarce 50, resume el alivio con el que la Casa Rosada recibió este viernes el nuevo fallo de la Corte Suprema sobre la Ley de Tierras. La decisión de suspender provisoriamente el artículo 154 del DNU 70/2023, que había derogado las restricciones a la compra de campos por parte de extranjeros, le permite al Gobierno descomprimir un conflicto que amenazaba con trasladarse al Congreso el próximo jueves 15 de octubre. En el oficialismo no estaban convencidos de que la oposición consiguiera los votos para rechazar el decreto completo, pero admitían que la controversia se había convertido en un obstáculo para otras negociaciones que consideran mucho más importantes.

El problema no era solamente el DNU, sino todo lo que podía quedar atrapado en esa discusión. El ala política del Gobierno trabaja para reunir apoyos alrededor de dos de las principales prioridades legislativas de Javier Milei: la eliminación de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) y la aprobación del Presupuesto 2027. Ambas iniciativas requieren acuerdos con gobernadores y bloques dialoguistas, algunos de los cuales habían comenzado a reclamar una solución al conflicto por la extranjerización de tierras. La posibilidad de tener que defender el decreto completo en el recinto amenazaba con introducir una nueva tensión en esas conversaciones.

La resolución judicial llegó, además, cuando la oposición intentaba convertir el malestar por la Ley de Tierras en una ofensiva más amplia contra el programa de desregulación libertario. La convocatoria a una sesión especial para el jueves 15, a las 14, había empezado a sumar adhesiones entre legisladores que cuestionaban la eliminación de los límites a la propiedad extranjera, aunque no necesariamente estaban dispuestos a rechazar los demás artículos del DNU 70. Con las restricciones nuevamente vigentes, al menos de manera provisoria, ese punto de encuentro pierde parte de su fuerza.

El respiro oficial, sin embargo, no equivale a una victoria definitiva. La Corte no resolvió la constitucionalidad de la derogación de la Ley de Tierras: dictó una medida cautelar interina y remitió el expediente a la Justicia Federal de Bariloche. La decisión fue adoptada por Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y los conjueces Diego Barroetaveña y Juan Ignacio Pérez Curci, con la disidencia de Carlos Rosenkrantz. El conflicto judicial continúa abierto, aunque su impacto inmediato sobre la agenda parlamentaria podría ser muy distinto al que había provocado la sentencia anterior.

El Gobierno venía siguiendo de cerca las conversaciones opositoras para reunir los 129 diputados necesarios para abrir la sesión. Los impulsores de la convocatoria contaban con entre 122 y 124 legisladores, después de sumar el respaldo de los diputados catamarqueños que responden al gobernador Raúl Jalil. La diferencia dependía de un puñado de bloques dialoguistas que compartían las críticas a la derogación de la Ley de Tierras, pero desconfiaban de las consecuencias de hacer caer el DNU completo.

Durante los últimos días, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y el jefe del bloque libertario, Gabriel Bornoroni, habían multiplicado los contactos con aliados del PRO, la UCR y espacios provinciales. Una de las alternativas que se evaluaban consistía en incorporar restricciones a la venta de tierras a extranjeros dentro del proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, que ya cuenta con media sanción del Senado. Para avanzar con esa discusión, el oficialismo había convocado a un plenario de comisiones para el miércoles 14.

El fallo modifica las condiciones de esa negociación. Los diputados que reclamaban restablecer las restricciones a la extranjerización ya no necesitan, al menos por ahora, votar contra la totalidad del decreto para conseguir ese objetivo. Eso no garantiza que la oposición desista de la sesión, cuyo temario también incluye otros asuntos sensibles, pero le ofrece al Gobierno nuevos argumentos para convencer a los bloques intermedios de no acompañar la convocatoria.

En la Casa Rosada, la preocupación de fondo pasa por administrar los votos disponibles para las próximas discusiones legislativas. La eliminación de las PASO constituye una de las principales apuestas de la reforma política que impulsa el oficialismo de cara a 2027, mientras que el Presupuesto del año próximo ocupa un lugar central en las conversaciones con los gobernadores. Son dos negociaciones diferentes, pero atravesadas por los mismos interlocutores y por una dificultad compartida: La Libertad Avanza necesita apoyos que no puede garantizar por sí sola.

La controversia por la Ley de Tierras había comenzado a interferir en ese esquema. La actual decisión de la Corte no elimina las dificultades, pero permite sacar momentáneamente una de ellas del centro de la escena. El oficialismo gana margen para volver a concentrarse en las negociaciones que considera prioritarias, mientras la oposición deberá decidir si mantiene su convocatoria del jueves 15 o recalcula su estrategia ante un escenario judicial diferente.

PL