Fernando Cerimedo no gana para disgustos. Mientras la justicia define si lo traslada al penal de máxima seguridad de Chonchocoro, en La Paz, su nombre volvió a quedar bajo la lupa después de que el vicepresidente de Bolivia, Edmand Lara, presentara una nueva denuncia penal en su contra que incluye también a María Elena Urquidi, esposa del presidente Rodrigo Paz. La presentación los acusa de presuntos delitos que incluyen tráfico de influencias agravado, uso indebido de influencias, asociación delictuosa, organización criminal, contratos lesivos al Estado y enriquecimiento ilícito.

En paralelo, la Cámara de Diputados de Chile aprobó este miércoles la creación de una Comisión Especial Investigadora para determinar los eventuales vínculos de del consultor político con asesores vinculados al gobierno de José Antonio Kast y el posible uso de bots en campañas políticas.

Cerimedo, ex asesor de Javier Milei durante su campaña electoral, se encuentra detenido en Bolivia desde el 18 de agosto, cuando fue acusado de haber instigado el intento de femicidio contra su expareja, Nadia Beller.

Estas nuevas denuncias se suman a la crisis política desatada alrededor del consultor argentino, quien había tenido un papel cercano al gobierno de Paz. El propio presidente boliviano salió días atrás a despegarse de Cerimedo y aseguró que nunca tuvo autorización para representar a la Presidencia.

Pero el frente boliviano no es el único que se abrió para el consultor.

En Chile, la oposición había fracasado el martes por falta de quórum en su intento por investigar los lazos entre el consultor argentino y el presidente ultra Kast. Finalmente, este miércoles la iniciativa volvió a ser votada y consiguió 69 votos a favor, 43 en contra y una abstención.

La comisión fue impulsada por el diputado José Montalva y tendrá como uno de sus objetivos esclarecer el eventual uso de bots, cuentas falsas, desinformación y herramientas de inteligencia artificial vinculadas a operaciones políticas.

El caso vuelve a mostrar los vínculos de Cerimedo con la ultra derecha latinoamericana. En Chile, su nombre ya había aparecido asociado a operaciones digitales y a episodios vinculados con procesos electorales. La investigación parlamentaria buscará establecer hasta dónde llegaron esos vínculos y qué papel pudo haber tenido el consultor argentino.

Kast, por su parte, negó haber trabajado con Cerimedo durante sus campañas, aunque reconoció conocerlo y haber coincidido con él en ámbitos políticos.

La apertura de la comisión chilena agrega una dimensión política a un escenario que para Cerimedo ya era particularmente complejo por las investigaciones abiertas en Bolivia.

El consultor argentino fue detenido el 18 de agosto en el aeropuerto Viru Viru de Santa Cruz de la Sierra, después del ataque armado contra su expareja Nadia Beller. La investigación boliviana lo señaló como sospechoso de haber participado en el intento de asesinato y, posteriormente, su nombre quedó involucrado en otras denuncias y acusaciones.

Este miércoles, la justicia de Bolivia tendrá que definir si traslada a Cerimedo desde el penal de Palmasola, en Santa Cruz, a Chonchocoro, en La Paz, donde es investigado por el supuesto delito de enriquecimiento ilícito con afectación al Estado. En total son cuatro procesos que enfrenta en Bolivia: tentativa de feminicidio, violencia familiar, enriquecimiento ilícito y narcotráfico.

A partir de entonces, comenzaron a aparecer nuevas aristas alrededor de sus actividades, sus relaciones políticas y sus negocios. Su figura, que durante los últimos años había adquirido peso como consultor vinculado a dirigentes de la derecha y la ultraderecha regional, quedó sometida a investigaciones que ahora exceden el episodio que derivó en su detención.

La comisión aprobada en Chile y la nueva denuncia presentada en Bolivia tienen, en ese sentido, un elemento en común: ponen bajo escrutinio las redes políticas, económicas y de influencia construidas por Cerimedo en la región.

El consultor que supo moverse entre campañas electorales, gobiernos y dirigentes de la nueva derecha latinoamericana enfrenta ahora investigaciones en distintos países que pueden terminar revelando el alcance de esas conexiones.