La Comisión Bicameral de Fiscalización y Seguimiento de los Organismos y Actividades de Inteligencia volvió a reunirse este martes por primera vez bajo la conducción del diputado libertario Sebastián Pareja y tomó una decisión que el Gobierno había logrado evitar desde el recambio de autoridades en la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE): citar a su titular, Cristian Auguadra, para que concurra al Congreso a fines de agosto y responda preguntas sobre la reforma del sistema de inteligencia impulsada por Javier Milei.

Será la primera vez que el denominado “Señor 5” comparezca ante la comisión bicameral desde que asumió al frente de la SIDE en diciembre del año pasado. Hasta ahora, Auguadra, que responde políticamente al asesor Santiago Caputo, nunca había asistido al Congreso para dar explicaciones sobre la reorganización del organismo, pese a los reiterados cuestionamientos de la oposición y al conflicto abierto que mantuvo con la comisión durante la presidencia del radical Martín Lousteau.

Según reconstruyó elDiarioAR a partir de fuentes parlamentarias, la convocatoria fue acordada durante una reunión realizada a puertas cerradas en el Congreso, la primera encabezada por Pareja, uno de los principales armadores políticos de Karina Milei, luego de asumir la presidencia de la bicameral. La intención de los legisladores es que el titular de la SIDE explique los alcances del DNU 941/2025, firmado por Milei a fines del año pasado y publicado en el Boletín Oficial el 2 de enero, mediante el cual el Gobierno reformuló aspectos centrales de la Ley de Inteligencia Nacional.

Ese decreto constituyó la segunda gran reforma del sistema de inteligencia desde el inicio de la gestión libertaria, luego del DNU 614, que disolvió la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) en julio del 2024.

La mayor controversia se concentró en el artículo que establece que los agentes de inteligencia podrán aprehender personas en casos de flagrancia o cuando medie un requerimiento judicial. Para la oposición y distintos especialistas, esa redacción amplía las facultades operativas de la SIDE y desdibuja los límites entre las tareas de inteligencia y las funciones propias de las fuerzas de seguridad. El Gobierno, en cambio, rechaza esa interpretación. En la Casa Rosada sostienen que el decreto no incorpora atribuciones nuevas ni habilita al organismo a realizar detenciones, sino que sistematiza facultades que ya surgen del ordenamiento jurídico y reorganiza el funcionamiento del sistema.

Las críticas no provinieron únicamente de Unión por la Patria. Tras la publicación del decreto, prácticamente todas las fuerzas políticas cuestionaron la iniciativa, incluido el PRO de Mauricio Macri. También se presentaron numerosas acciones judiciales para intentar frenar su aplicación, aunque la Justicia terminó rechazando esos planteos al considerar que no existía una amenaza concreta e inminente sobre derechos individuales.

La citación de Auguadra, sin embargo, excede ese decreto. Durante la conducción de Lousteau, la bicameral había rechazado el Plan de Inteligencia Nacional (PIN) elaborado por la SIDE y remitido una serie de observaciones para que fueran respondidas por el organismo. Esas respuestas nunca llegaron.

Este martes, además de acordar la convocatoria del jefe de la SIDE, la comisión recibió dos pedidos de informes impulsados por los diputados de Unión por la Patria Rodolfo Tailhade y Agustín Rossi. El primero solicita información vinculada al equipamiento de inteligencia secuestrado durante los allanamientos ordenados por la Justicia en domicilios del ex presidente de ARSAT y del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA) Facundo Leal.

Durante esos procedimientos, la Policía Federal encontró una valija con 19 dispositivos de espionaje profesional, además de 2,4 millones de dólares en efectivo y drogas sintéticas. En el escrito presentado ante la comisión, los legisladores sostienen que “un equipo de vigilancia encubierta no se acumula por casualidad ni por afición de coleccionista” y reclaman determinar quién utilizaba ese equipamiento, con qué objetivos y para quién. También solicitaron requerir al juez federal Lino Mirabelli copia de las actuaciones relacionadas con el secuestro y peritaje de ese material.

El segundo pedido de informes apunta a la presunta designación de Miguel Gómez Goldin como director de Coordinación del Subsistema de Inteligencia Criminal dentro de la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal (DNIC), en reemplazo de Marcelo Romero. Según advirtieron los diputados peronistas, esa incorporación aún no fue formalizada mediante su publicación en el Boletín Oficial, por lo que solicitaron precisiones sobre la situación administrativa del funcionario.

A esos planteos se sumó otro impulsado por el diputado del PRO Cristian Ritondo, quien también integra la bicameral. Según pudo saber elDiarioAR, el exministro de Seguridad bonaerense solicitó que se remita información detallada sobre la disolución de la Dirección de Inteligencia Militar, una de las modificaciones introducidas por el DNU de enero. Hasta entonces, ese organismo dependía directamente del Ministerio de Defensa, pero desde la entrada en vigencia del decreto de la SIDE pasó a quedar bajo la órbita del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. El pedido busca conocer cómo se instrumentó ese traspaso, cuál es la nueva estructura de funcionamiento y qué mecanismos de control civil rigen sobre la inteligencia militar luego de la reforma.

La iniciativa de Ritondo también tuvo una lectura política dentro de la comisión. El jefe del bloque del PRO en Diputados había aspirado a quedarse con la presidencia de la Bicameral, pero finalmente el cargo quedó en manos de Pareja como parte del nuevo reparto de poder entre La Libertad Avanza y sus aliados parlamentarios. Su decisión de impulsar un pedido de informes propio fue interpretada en los pasillos del Congreso como una forma de marcar agenda en un organismo cuya conducción pretendía ejercer.

PL/MC