El fiscal ante la Cámara Federal de Casación Penal, Mario Villar, reclamó hoy que se condene a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner como “jefa de asociación ilícita” y se le fije una pena de 12 años de prisión, en base a lo reclamado durante el juicio en la causa “Vialidad”.

Villar solicitó al máximo tribunal penal federal del país que “se condene a Cristina Kirchner como jefa de asociación ilícita”, delito por el cual resultó absuelta en 2022, al término del juicio por el desvío de obra pública nacional a favor del empresario Lázaro Báez en Santa Cruz durante su gobierno.

La exvicepresidenta resultó condenada a seis años de prisión por “administración fraudulenta agravada” pero el Tribunal Oral Federal 2 la absolvió en voto dividido por el cargo de asociación ilícita. El fiscal que actuó en el juicio Diego Luciani había reclamado doce años de cárcel.

Ahora, al fundamentar y mantener la apelación para agravar la condena a la ex Presidenta, Villar reclamó también que se condene como organizadores de la asociación ilícita al exministro de Planificación Federal Julio De Vido, al extitular de Vialidad Nacional Nelson Periotti, al empresario Báez y al exsecretario de Obras Públicas José López

En el caso de De Vido resultó absuelto por todos los delitos en el juicio, mientras que los restantes recibieron condenas por “administración fraudulenta”.

Villar reclamó al cerrar su exposición, que comenzó a las 11 y finalizó poco antes de las 13, que se revoquen las absoluciones a otros dos exfuncionarios, Abel Fatala y Carlos Kirchner;, que se confirme la condena a todos los demás imputados por administración fraudulenta y que quede firme el decomiso de dinero ordenado por el Tribunal Oral Federal 2.

Al inicio de su exposición, Villar afirmó que durante el gobierno de Cristina Kirchner hubo “una verdadera asociación criminal” integrada por funcionarios del Estado Nacional, quienes decidieron “desviar fondos hacia ellos mismos”.

Lo hizo al comenzar a exponer ante la Sala IV del máximo tribunal penal del país, en la primera audiencia de revisión de la condena a seis años de prisión para la expresidenta por administración fraudulenta y ratificó que pediría que también recibiera pena por “asociación ilícita”.

Además, cuestionó la absolución en el juicio por desvío de la obra pública en Santa Cruz del exministro De Vido, también apelada por la fiscalía. “Cada ministro es responsable de los actos que legaliza”, es decir “que tiene responsabilidad por las resoluciones de su competencia”, remarcó Villar.

“Ratifico el delito de asociación ilícita, integrada por Cristina Fernández de Kirchner, Julio De Vido, José López, Nelson Periotti y Lázaro Báez”, sostuvo el fiscal en relación a esta calificación por la cual los cinco resultaron absueltos al término de un juicio oral.

La expresidenta y el empresario Báez resultaron condenados a 6 años de prisión por administración fraudulenta pero la fiscalía de juicio, a cargo de Diego Luciani y Sergio Mola, había reclamado 12 años al incluir la “asociación ilícita”.

En la etapa de revisión en Casación que comenzó hoy, el fiscal Villar mantuvo la apelación de sus pares ante el Tribunal Oral Federal 2 y sostuvo que la asociación ilícita “realizó los desvíos” de dinero y “se organizó para realizar estas defraudaciones”

Ante los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, el fiscal remarcó que las empresas de Lázaro Báez se adjudicaron 51 licitaciones entre 2003 y 2015 cuando “funcionarios en las estructuras formales del Estado crearon una asociación ilícita para el desvío de los fondos del Estado” hacia el dueño de Austral Construcciones.

“Para ello la obra vial se pone bajo la órbita del Ministerio de Planificación y se designa a Julio De Vido”, el exministro que resultó absuelto en el juicio por el TOF 2 pero que la fiscalía pidió ahora condenar.

Báez “se convirtió en uno de los participantes, quien recibiría el dinero por la supuesta obra pública. Se necesitaba un empresario que estuviera dispuesto”, dijo el fiscal al exponer en la sala AMIA del edificio judicial de Comodoro Py 2002, en un trámite presencial al que asistieron los defensores de los imputados.

Subrayó que para lograr “el fin delictivo” se “construyó un esquema de corrupción para manipulación de la obra pública en Santa Cruz” y el Tribunal Oral Federal 2 incurrió en un “razonamiento arbitrario” al descartar la asociación ilícita “a los cinco miembros”

El 6 de diciembre de 2022 el Tribunal Oral 2 dio a conocer la primera condena a la expresidenta, cuyos fundamentos se difundieron al año siguiente, y se abrió así el período para las apelaciones presentadas por la fiscalía y las defensas.

Se trató de un veredicto dividido en lo relativo a la condena pedida por el delito de “asociación ilícita”: los jueces Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu absolvieron a Fernández de Kirchner, a Báez y a otros imputados por este delito, en tanto el tercer magistrado, Andrés Basso, votó a favor de la condena.

Los tres jueces coincidieron en que existió un delito de “administración fraudulenta” en la adjudicación a empresas de Báez, entre ellas “Austral Construcciones”, de 51 obras públicas viales en Santa Cruz entre 2003 y 2015, y constituyó “un hecho de corrupción estatal” que derivó en un “perjuicio descomunal” a las arcas públicas, indicaron.

Las penas también alcanzaron a los exfuncionarios de Vialidad Mauricio Collareda, Juan Carlos Villafañe, Raúl Osvaldo Daruich, Raúl Gilberto Pavesi y José Raúl Santibáñez; todos recibieron condenas de entre 3 y 6 años de prisión.

Al igual que la expresidenta, fueron condenados a seis años de prisión Báez -como partícipe necesario de la defraudación- Periotti y López.

Según la acusación, el 80% de la obra vial fue asignada a empresas del grupo Báez y se cometieron irregularidades como el pago de sobreprecios y la falta de controles.

El juicio se inició el 21 de mayo de 2019 y tanto Cristina Kirchner como Báez llegaron a ese momento procesados por presunta “asociación ilícita agravada por su calidad de jefe” y “administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de la administración pública”.

Las audiencias ante Casación continuarán el 29 de febrero con el inicio de la exposición de las defensas, en tanto los abogados de la expresidenta, Carlos Beraldi y Ary Llernovoy, expondrán el 7 de marzo desde las 10.

MM con información de la agencia Télam.