El juez federal Ariel Lijo amplió el procesamiento del extitular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, por nuevas maniobras de corrupción vinculadas con la compra de insumos médicos y ortopédicos del Programa Incluir Salud, destinado a personas sin obra social que reciben pensiones no contributivas. La resolución también dispuso el procesamiento sin prisión preventiva de otras 19 personas y amplió las acusaciones contra otros cuatro imputados que ya habían sido procesados en febrero.

La decisión alcanza a contrataciones realizadas entre diciembre de 2023 y mediados de 2025, durante la gestión de Spagnuolo al frente del organismo. El magistrado le atribuyó nuevos hechos relacionados con una presunta organización que habría direccionado compras públicas para favorecer a determinados proveedores a cambio de beneficios económicos indebidos.

Además de Spagnuolo, Lijo amplió los procesamientos del ex segundo de la ANDIS Daniel Garbellini y del lobista Miguel Ángel Calvete, a quienes también atribuyó el papel de presuntos jefes de una asociación ilícita. La medida alcanzó asimismo a Andrés Arnaudo y Federico Santich, señalados como integrantes de la organización. Los cinco habían sido procesados el 9 de febrero de 2026, en una decisión posteriormente confirmada por la Sala II de la Cámara Federal.

En esta nueva etapa de la investigación se les atribuyen los delitos de asociación ilícita, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública y defraudación por administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública nacional. En el caso de Spagnuolo, el juez fijó un embargo de $47.100.829.143,44.

Según la investigación, un relevamiento técnico del Ministerio de Salud identificó diferencias de precios por al menos $1.849 millones en la adquisición de insumos correspondientes a seis rubros: amputaciones, cardiología, implantes auditivos y audífonos, neurocirugía, sillas y andadores, y traumatología.

Esa cifra se suma a los $5.984 millones que ya habían sido detectados de manera provisoria en la compra de medicamentos. De este modo, el monto total bajo investigación asciende a $7.833 millones. El juzgado aclaró que se trata de una estimación parcial, ya que solamente pudieron analizarse las contrataciones para las que existían valores de referencia comparables.

En una resolución de más de 500 páginas, Lijo sostuvo que las irregularidades no se limitaron a la existencia de sobreprecios, sino que formaron parte de una presunta estructura organizada para intervenir en los procedimientos de contratación estatal y beneficiar a determinadas empresas.

El juez dio por acreditada, con el grado de probabilidad exigido en esta etapa procesal, la existencia de una organización que habría operado tanto dentro como fuera de la ANDIS. Según la resolución, estaba integrada por funcionarios del organismo, operadores externos, empresarios vinculados con firmas proveedoras y personas encargadas de recibir y canalizar el dinero proveniente de las maniobras investigadas.

La operatoria habría incluido la selección arbitraria de proveedores, la circulación de información privilegiada, la simulación de competencia entre empresas, el direccionamiento de adjudicaciones y la gestión de pagos en beneficio de determinadas firmas.

“A través de ese mecanismo se habrían generado beneficios económicos indebidos para los proveedores favorecidos y retornos destinados a funcionarios y otros integrantes de la organización”, sostuvo el magistrado.

Para Lijo, la reiteración de estas prácticas en diferentes segmentos de compras, junto con las comunicaciones y operaciones económicas documentadas, permite descartar que se tratara de irregularidades aisladas.

Entre las pruebas mencionadas aparecen mensajes intercambiados entre Calvete y su hija Ornella, exfuncionaria del Ministerio de Economía que ya había sido procesada en la primera etapa de la causa. En esas conversaciones se hacía referencia a un supuesto pago del “3%” por parte de un proveedor, el mismo porcentaje mencionado en los audios atribuidos a Spagnuolo que dieron origen al escándalo.

El exdirector de la ANDIS había sido designado por el presidente Javier Milei en diciembre de 2023 y permaneció en el cargo hasta agosto de 2025, cuando fue desplazado tras la difusión de grabaciones en las que una voz atribuida a él describía un supuesto sistema de coimas entre laboratorios y funcionarios del organismo. En esos audios se mencionaba a Eduardo “Lule” Menem y a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Spagnuolo ya tenía un procesamiento confirmado por la Cámara Federal porteña en el primer tramo de la investigación, por los presuntos delitos de asociación ilícita, defraudación, cohecho y negociaciones incompatibles con la función pública.

La resolución también alcanzó a empresarios vinculados con distintas firmas proveedoras de la ANDIS, entre ellos Emilio César Olguín, de Expo Trauma; Evangelina Ileana García y Martín Goncalo Armella, relacionados con Artrobone Ortopedia y Cirugía y Ortopedia Imnova; Claudio Alejandro Kahn, vinculado con una firma de insumos médicos; y Osmar Mariano Caballi, de Farma Salud.

También fueron procesados Mariano, Christian y Vicente Eduardo Sagués, vinculados con empresas de insumos ortopédicos; Humberto Gabriel Maone, de Med-El Latino América; Nicolás Luna, de Meridius; Fabián César Piedimonte, de Neurosalud; Gustavo David Bernat, de Ortopedia Bernat; y Patricio Oscar Acosta, relacionado con Bymax Medical y Sistemas Médicos Globales.

Entre los acusados figuran además Fabián Parlakian, Matías Palotti Bertola y Alberto Denholm, quienes habrían desempeñado funciones relevantes dentro de la estructura administrativa de la agencia, vinculadas con las invitaciones a proveedores, el manejo de información interna, la coordinación de trámites y el seguimiento de pagos.

En otro tramo de la investigación, Lijo procesó a Alan Pocovi y Sergio Daniel Mastropietro por los presuntos delitos de asociación ilícita y lavado de activos agravado. La acusación se vincula con circuitos financieros y comerciales relacionados con el lobista Miguel Ángel Calvete y la sociedad Baires Fly S.A. También fue procesado Lautaro Valentín Brítez como presunto integrante de la asociación ilícita.

Lijo también dictó la falta de mérito para otras 11 personas que habían sido indagadas, al considerar que todavía resulta necesario profundizar la investigación para determinar su eventual participación.

La causa está delegada en la fiscalía federal de Franco Picardi, quien había solicitado los procesamientos. La primera tanda de acusaciones fue resuelta en febrero por el entonces juez a cargo del expediente, Sebastián Casanello.

Con esta nueva resolución, la investigación sobre la ex Agencia Nacional de Discapacidad se amplía desde las presuntas irregularidades en la compra de medicamentos hacia un esquema más extenso de contrataciones de insumos médicos y ortopédicos, con funcionarios, intermediarios y empresarios bajo investigación judicial.

CRM