El senador de La Libertad Avanza Joaquín Benegas Lynch salió a responder las críticas en contra por tener una empresa que asesora a extranjeros para la compra y venta de tierras, y que le significó una denuncia por conflicto de intereses en medio del debate por la reforma de la Ley de Tierras. El legislador libertario no solo admitió ser dueño de Glocal Terra, una empresa dedicada a asesorar a inversores rurales, sino que insistió en modificar la norma, que ya fue quitada del proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada que se vota este jueves.

En un extenso mensaje publicado en su cuenta de X, el legislador entrerriano confirmó ser “socio fundador y mayoritario” de la firma desde hace seis años. Detalló que la compañía “se dedica a administrar campos, asesorar a dueños de campos y compradores y a valorizar campos”, con clientes “argentinos y extranjeros” en la Argentina y otros países de la región.

La senadora peronista Juliana Di Tullio denunció a Benegas Lynch porque su rol de socio gerente de Glocal Terra S.R.L. configura un “severo conflicto de intereses” que debía impedirle votar, firmar dictámenes o participar del debate sobre la norma, en los términos del artículo 66 de la Constitución Nacional y de la Ley de Ética en la Función Pública.

En su descargo, el senador defendió el proyecto que, según explicó, “vendría” a votar de lograrse el apoyo necesario: una reforma al capítulo de Tierras que, sostuvo, “viene a reformar la nefasta ley de tierras actual”. Con ese calificativo apuntó contra la Ley 26.737, vigente desde 2011, que impone un tope del 15% a la propiedad extranjera de tierras rurales. Según Benegas Lynch, esa norma “no frenó ninguna invasión” y, como ejemplo, citó que mientras se le ponía un límite “al productor italiano o español”, el gobierno kirchnerista otorgó una concesión por 50 años en la Patagonia a una empresa vinculada a un Estado extranjero. El senador remató que la ley vigente “achicó la demanda y castigó el patrimonio de los argentinos”, que hoy controlan, según sus palabras, el 95% de las tierras rurales del país, y comparó el modelo que impulsa con los de Uruguay, Australia y Estados Unidos, donde —afirmó— no existen cupos por nacionalidad para el sector privado.

La reforma que defendió prohíbe explícitamente la compra de tierras por parte de Estados extranjeros, sus empresas estatales y sus fondos soberanos, pero abre la puerta a la adquisición por privados extranjeros. Ese capítulo, sin embargo, ya no estaba en discusión al momento de su publicación: horas antes, Patricia Bullrich había debido retirarlo del proyecto por falta de votos, tras la resistencia de gobernadores y senadores aliados que rechazaban la desregulación de la venta de tierras a extranjeros.

Benegas Lynch no explicó por qué, a su criterio, su participación en el negocio de intermediación de tierras con extranjeros no debería considerarse un conflicto de intereses en los términos que marca la normativa de ética pública.

El senador cerró su descargo asegurando que “no hay en esta ley una sola línea escrita” para su empresa y que un eventual beneficio del sector agropecuario no equivale a “un privilegio particular”. También enumeró otras votaciones en las que acompañó al oficialismo —el Presupuesto, la reforma laboral con el RIMI y tratados de libre comercio— para reafirmar su alineamiento con lo que definió como “el sector privado, los argentinos laburantes, emprendedores y empresas que compitan”.