Manuel Adorni y su esposa, Bettina Angeletti, tenían más de medio millón de dólares ahorrados en efectivo, guardados en su casa, debajo del colchón, cuando el ahora exjefe de Gabinete se convirtió en vocero presidencial de Javier Milei. Pero la pareja no se encandiló por la riqueza repentina tras una arriesgada inversión en criptomoneda y la llegada al poder: optaron “deliberadamente” por “vivir como si no lo tuvieran”, con la mira puesta en la educación de sus hijos y en su propia jubilación. Pero los planes se truncaron por la función pública. Primero, por seguridad: el departamento de la calle Asamblea, en Parque Chacabuco, donde vivía el matrimonio, no tenía cochera y estaba en un primer piso, y los vecinos le arrojaban objetos al patio. Entonces se mudaron a un inmueble más amplio en Miró 550, en Caballito, que refaccionaron por completo. Luego, “a raíz de un altercado” que Adorni protagonizó en la vía pública, la pareja entendió que, para preservar a sus hijos menores, lo más conveniente era tener una casa de fin de semana en el barrio Indio Cuá, que ya conocían. Así compraron el lote 380 y también lo refaccionaron. Buscaban darle a sus hijos “tranquilidad” y “aire libre” para los fines de semana.

Ese es el relato que Adorni da de su crecimiento patrimonial, según el escrito que su defensa presentó ante el fiscal Gerardo Pollicita este fin de semana para responder el requerimiento que la fiscalía le hizo el 10 de agosto, en la causa que derivó en su salida del gobierno. El eje de la defensa es que el grueso del patrimonio es anterior a que Adorni asumiera un cargo público y que atesorarlos en efectivo en su casa no afecta “la moral pública”. Para sostenerlo, el escrito describe ocho direcciones de Bitcoin con actividad entre el 21 de octubre de 2014 y el 10 de septiembre de 2018, sin saldo actual. Según su tabla, se liquidaron en total US$591.544,61.

La inversión, siempre según el escrito, fue de US$1.897,20 en 2014 y US$199.883,20 en 2017: más del 99% en un solo año. Eso deja una ganancia bruta de unos US$389.764, casi tres veces lo invertido. Adorni relata que las compras y las ventas se hicieron “en persona”, en lugares públicos, en efectivo y con contrapartes que “no se identificaban”. Los dólares billete se recibieron “de manos de cada comprador”, sin plataforma ni intermediario. El escrito reconoce que de esta etapa “no existe otro respaldo que el relato de mi asistido”.

Sobre el capital para comprar los primeros bitcoins, el escrito lo atribuye a honorarios que Adorni, contador, y Angeletti habrían cobrado “por fuera del circuito bancario y financiero formal”, más dinero de la herencia paterna de 2002. En el mismo pasaje la defensa admite que ese ahorro quedó “por fuera del sistema bancario y del radar” de ARCA.

La tabla de operaciones muestra una concentración llamativa. El 5 de agosto de 2017 se liquidaron cuatro direcciones por unos US$315.676, el 53% del total. Una sola operación, a las 14:49:23, fue de US$296.785,46. Tomando el precio que el propio escrito cita para el día siguiente (unos US$3.356), esa venta equivaldría a unos 88 bitcoins, un cálculo propio que debería poder confirmar la pericia. Ahí aparece una tensión que el escrito no resuelve. En un pasaje sostiene que la decisión de liquidar “se haya adoptado” en 2018, después del derrumbe del precio, de unos US$19.000 en diciembre de 2017 a menos de US$3.500. Pero su propia tabla muestra que más de la mitad se vendió en agosto de 2017 y que otra dirección se vendió en marzo de ese año.

Para probar la titularidad, Adorni firmó un mensaje criptográfico con cada billetera ante un escribano el 7 de septiembre y dejó las claves privadas en un sobre lacrado con su abogado. Eso prueba que hoy controla esas billeteras, no quiénes fueron las contrapartes de 2014-2018. El relato tampoco coincide del todo con lo que Adorni contó en público. En una entrevista con José Del Río en La Nación, el 11 de junio, dijo haber invertido unos US$200.000 y ganado unos US$300.000, US$500.000 en total, contra los US$389.764 que salen de las cifras del propio escrito.

La defensa de Adorni reconstruye un stock de dólares en efectivo que se fue consumiendo: US$565.000 al cierre de 2022, US$513.000 a fines de 2023, US$388.961,52 a fines de 2024 y US$209.961,52 a fines de 2025. Son US$303.038 menos en dos años. Al comienzo de 2024, el efectivo del matrimonio era de US$533.000: los 513.000 de Adorni más 20.000 en custodia de Angeletti, que después fueron al lote de Indio Cuá.

El requerimiento cuestionaba el origen de US$402.578 en divisas aplicadas, US$374.081 de ellos en efectivo, “dado que ninguno de esos ingresos fue percibido en moneda extranjera”. El escrito responde que salen de estos ahorros, que tanto Adorni como su esposa declararon en las rectificativas de sus declaraciones juradas, presentadas el 10 de junio pasado.

La historia inmobiliaria empieza en el departamento de la calle Asamblea 1132, en Parque Chacabuco, donde vivía el matrimonio antes de que Adorni llegara a la función pública. El escrito no dice cuándo lo compraron, pero es la pieza clave de todo lo que vino después: fue la garantía de la primera hipoteca.

El 15 de noviembre de 2024, Adorni compró el lote 380 del country Indio Cuá por US$120.000. Para pagarlo tomó un mutuo con garantía hipotecaria sobre el departamento de Asamblea por US$100.000 (escritura 119) y completó los otros US$20.000 con efectivo que estaba bajo custodia de su esposa. El escrito no dice quién le prestó esos US$100.000. Según lo que declararon ante el fiscal, fueron Graciela Molina, comisario inspector retirada de la Policía Federal, y su hija Victoria Cancio, subinspectora en actividad, que llegaron a Adorni vía su escribana. US$85.000 puso la madre y US$15.000 la hija, a dos años y con un interés del 11% anual. En Fiscalía declararon que Adorni todavía les debe unos US$70.000, que vencen en noviembre de 2026. Eso cuadra con los US$900 de intereses de 2024 y los US$30.000 de capital pagados en 2025 que figuran en el flujo de fondos del escrito.

El lote quedó a nombre de Angeletti y así figuró hasta la segunda rectificativa de las declaraciones juradas, del 10 de junio de 2026, que lo asentó al 50% para cada cónyuge, con el mismo criterio para la deuda hipotecaria. La defensa lo presenta como un derecho a rectificar, no como un ocultamiento.

Con el terreno comprado, vino la obra. El fiscal calculaba que Adorni le había pagado US$245.000 al contratista Matías Tabar por refaccionar la casa. La defensa dice que fueron US$175.000 y enumera once irregularidades en las planillas del contratista: ítems sin comprobante, mamparas pagadas y nunca instaladas, remitos anteriores al inicio de la obra, ausencia de arquitecto y de planos. Esa cifra coincide con la que calculó el perito arquitecto de la defensa (US$174.954,58), aunque los dos informes son de parte, contratados por los propios abogados de Adorni.

El cronograma que surge de lo que cita el escrito tiene un detalle: según un testigo, Adorni le escribió a Tabar por WhatsApp en agosto de 2024, antes de escriturar, para relevar el lote con la idea de refaccionarlo, y Tabar habría cobrado US$35.000 en efectivo el 16 de noviembre, un día después de la escritura, sin recibo. Sobre la diferencia entre las dos cifras, el propio Adorni dijo que “el número es menos y es un tema que se está dirimiendo en la justicia”.

Un año después, el 24 de noviembre de 2025, llegó la compra del departamento de la calle Miró 550, escriturada con el número 118. El escrito reconoce que se pagaron US$30.000 en efectivo “de contado” y dice que salieron de los ahorros. Pero no menciona el precio total, ni cómo se financió el resto, ni una hipoteca, ni el nombre de las vendedoras. Según lo publicado, el departamento costó US$230.000 y las propias vendedoras, Beatriz Viegas (72) y Claudia Sbabo (64), ambas jubiladas, financiaron los otros US$200.000. Ante la Justicia dijeron cobrar la jubilación mínima, y el hijo de una de ellas, Pablo Feijoo –que tiene ingresos a la Casa Rosada– declaró que Adorni acordó pagar otros US$65.000 fuera de la escritura.

En 2024 y 2025 salieron US$354.038 en efectivo y entraron US$51.000. Los egresos incluyen:

Entre las entradas de 2025 figura la venta del departamento heredado en La Plata, por US$50.000 (escritura 326, del 16/9/2025), dos meses antes de la compra de Miró. El requerimiento también sumaba “ingresos no alcanzados o exentos” por $21,7 millones en 2023, $123,7 millones en 2024 y $267,3 millones en 2025. La defensa explica que casi todo es ajuste de valuación por diferencia de cambio sobre los dólares, no fondos nuevos.

También se detallan otros gastos:

El abogado de Adorni cuestionó la pericia de la Secretaría para la Investigación Financiera y el Recupero de Activos Ilícitos (SIFRAI), que acreditó que hay irregularidades por US$269.550, la mayoría en un clúster de TRON/USDT. Pero la defensa no los reconoce como propios: dice que dos direcciones no están atribuidas a nadie, que no puede identificar a los titulares de dos cuentas de Binance, que otra dirección “no pertenece” a Adorni y que una de las que sí reconoce la usó para canalizar donaciones para la familia de un comerciante asesinado y para un menor que necesitaba una operación. Pide que sea la Fiscalía la que le solicite los datos a Binance. También cuestiona la pericia: dice que Lemon y Digifin se contaron dos veces y que la herramienta Chainalysis Reactor es una “caja negra”.

Ninguna de las cuatro mujeres que figuran como acreedoras hipotecarias, Molina y Cancio, madre e hija, y Viegas y Sbabo, aparece nombrada en el cuerpo del escrito. Tampoco los mutuos familiares están documentados.

El fiscal pidió acreditar los mutuos con Silvia Pais, la madre de Adorni, y con Norma Zuccolo: existencia, fecha cierta, entrega efectiva y aplicación de los fondos. La defensa contesta en dos páginas, todas jurídicas. Cita el artículo 1525 del Código Civil y Comercial, que no exige instrumento público para los préstamos, y jurisprudencia según la cual los préstamos entre familiares no suelen instrumentarse. Sostiene que las declaraciones juradas alcanzan como “principio de prueba instrumental”, y que en el caso de Pais, un mutuo entre madre e hijo, la falta de formalidades “no es indicio de irregularidad”.

No hay montos, fechas, comprobantes ni forma de entrega. Zuccolo aparece una sola vez en las 78 páginas, en el título del punto, y todo el desarrollo posterior habla de “ambos mutuos” pero describe solo a Pais. Las declaraciones juradas de Adorni sí muestran deudas con ambas ya en 2023, antes de la hipoteca de noviembre de 2024, y en 2024 figura “Sucesión Zuccolo”. Convertidas, equivalen a unos US$20.000 y US$22.500 (cálculo propio). Es decir, no habrían financiado ni Indio Cuá ni Miró, y el escrito no dice para qué sirvieron.

La defensa de Adorni afirma que las rectificativas de sus declaraciones juradas fueron anteriores al requerimiento y que rectificar es un derecho. Pide subsidiariamente que, si hay una discrepancia “tributaria”, el legajo pase a la Justicia Penal Económica o a ARCA.

MC