Tras lograr la flexibilización de la Ley de Glaciares, el gobierno de Milei impulsa ahora el debilitamiento de la Ley de Manejo del Fuego y de la Ley de Bosques. Mientras los ecosistemas colapsan, se pretende eliminar las pocas herramientas legales que todavía los protegen. Es claramente grave e inconstitucional, pero la prioridad del oficialismo es facilitar negocios extractivos a costa de destruir reservas estratégicas de agua y de biodiversidad.

Todo se da en un contexto apocalíptico: más de 60.000 hectáreas de bosques andino patagónicos fueron arrasadas por incendios forestales durante la última temporada primavera-verano en Argentina, según el relevamiento satelital realizado por Greenpeace. La superficie quemada equivale al tamaño de tres ciudades de Buenos Aires.

Viviendas destruidas, bosques milenarios reducidos a cenizas y altísima biodiversidad perdida. Pero el fuego no avanza solo. Lo hace acompañado por decisiones políticas, recortes presupuestarios y una peligrosa combinación de negacionismo, negligencia y desidia.

Los incendios forestales del último verano en el Parque Nacional Los Alerces, El Turbio, Puerto Patriada, Epuyén y El Hoyo, fueron los peores de las últimas seis décadas en la Patagonia argentina. La superficie afectada duplicó la de la también severa temporada anterior y multiplicó por diez el promedio de pérdida de bosques registrado entre 2022 y 2024.

No fue un fenómeno excepcional e imprevisible. La ciencia y el movimiento ecologista vienen alertando desde hace décadas sobre el impacto del cambio climático. Sequías prolongadas, veranos con temperaturas extremas y vientos intensos, convierten a la Patagonia en un territorio cada vez más vulnerable al fuego. Sumado a esto, la expansión descontrolada de pinos exóticos, especies altamente inflamables que agravan el riesgo y dificultan la regeneración de los bosques nativos.

A esto debemos agregar la demora en reaccionar por parte del gobierno nacional. Recién después de semanas de incendios fuera de control se declaró la EmergenciaÍgnea en la región. Aún así, la medida resultó insuficiente: sin presupuesto específico y con un debilitado sistema de combate al fuego.

Mientras Argentina integra la lista de los 15 países con mayor deforestación del mundo, el financiamiento de la Ley de Bosques Nativos y del Fondo Nacional de Manejo del Fuego fueron drásticamente reducidos.

Teniendo en cuenta que el 95% de los incendios se inician por causas humanas, es fundamental un mayor trabajo en prevención y educación ambiental. Por otra parte, es importante iniciar un plan de erradicación de los pinos exóticos, principalmente en los municipios y en las áreas protegidas.

La situación de los brigadistas forestales también muestra el desinterés del gobierno en el tema; la Administración de Parques Nacionales cuenta con apenas 400 combatientes -con sueldos bajos y contratos laborales precarios-, cuando el mínimo necesario sería de 700 para poder cubrir las cinco millones de hectáreas bajo su jurisdicción y asistir a las provincias cuando la emergencia lo requiera. Y la motosierra no para: recientemente el gobierno nacional recortó más de 2.500 millones de pesos argentinos, destinados al funcionamiento de Parques Nacionales.

Los gobiernos deben dejar de negar o subestimar la crisis climática y aumentar considerablemente la cantidad de brigadistas e infraestructura para el combate temprano al fuego, tanto a nivel provincial como nacional. Pero también es evidente que el sistema de multas económicas no resulta suficiente para desalentar tanto los desmontes como los incendios, por lo que se debe prohibir y penalizar la destrucción de bosques nativos. Y si hablamos de cambio climático no podemos dejar de avanzar en una transición energética justa hacia las fuentes renovables.

Es tiempo de unirnos y resistir a este ataque contra nuestros ecosistemas y contra las leyes que los protegen. Por el planeta, por nosotros y por las futuras generaciones.

*Hernán Giardini es coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace Argentina