La Policía Federal de Brasil denunció este jueves al expresidente Jair Bolsonaro (2019-2022) y a otras 36 personas, entre ellas militares de alto rango y antiguos ministros, por intentar un golpe de Estado contra el actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva, tras las elecciones de 2022.

Después de dos años de investigaciones, la Policía concluyó que existió una trama “coordinada” que buscó “mantener en el poder” al líder ultraderechista, pese a perder los comicios de 2022 ante Lula.

Bolsonaro, sobre quien ya pesan medidas cautelares, entre ellas la retención de su pasaporte, participó en la conspiración golpista, al igual que antiguos ministros y altos cargos de las Fuerzas Armadas, según la Policía.

La Policía presentó cargos contra todos ellos por “abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, golpe de Estado y asociación ilícita”. Las penas combinadas por esos delitos rondan los 30 años de prisión.

El informe recoge que la trama “se estructuró” en diferentes núcleos dedicados a difundir noticias falsas, incitar a los militares, buscar salidas jurídicas; ejecutar acciones golpistas y realizar labores de inteligencia.

El documento, de unas 700 páginas, fue enviado a la Corte Suprema, instancia que ahora lo remitirá a la Fiscalía General, que a su vez decidirá si presenta una denuncia formal.

La Fiscalía tiene 15 días de plazo para formular una querella a partir de la fecha en que reciba la denuncia, pero los tiempos se pueden alargar si solicita más informaciones a la Policía.

Esta es la tercera vez que Bolsonaro enfrenta acusaciones policiales. Este año también fue denunciado por la supuesta apropiación indebida de valiosas joyas que debían haber sido incorporadas al acervo del Estado y por fraude en los certificados de vacunación de la covid-19.

Además, la Justicia Electoral lo inhabilitó el año pasado hasta 2030 por deslegitimar las instituciones democráticas.

Además de Bolsonaro, en la lista de acusados figura Walter Braga Netto, general de la reserva y antiguo ministro de la Presidencia y de Defensa en el Gobierno de Bolsonaro. Braga Netto también fue candidato a vicepresidente de Bolsonaro en 2022.

También están Almir Garnier Santos, excomandante de la Marina, y los generales retirados Augusto Heleno y Paulo Sérgio Nogueira, quienes formaron parte del gabinete del líder ultra derechista.

Otro actor clave es el antiguo edecán de Bolsonaro, el teniente-coronel Mauro Cid, quien firmó un acuerdo de colaboración judicial.

La Policía presentó además cargos contra los comisarios Alexandre Ramagem, exjefe de la Agencia de Inteligencia, y Anderson Torres, antiguo ministro de Justicia; y contra Valdemar Costa Neto, presidente del Partido Liberal (PL), al que pertenece Bolsonaro.

Durante las diligencias, se encontraron borradores de decretos para declarar un “estado de sitio”, anular el resultado de los comicios e intervenir la Justicia Electoral.

Uno fue encontrado en la casa de Anderson Torres y otro en un despacho de Bolsonaro en la sede del PL, en Brasilia. Diversos testimonios también acusaron al capitán retirado del Ejército de revisar y modificar el documento que consumaría el golpe.

Las sospechas también se basan en llamadas, mensajes y movimientos bancarios de los investigados.

Bolsonaro negó las acusaciones, que atribuyó a la “creatividad” del juez Alexandre de Moraes, instructor del caso.

“De Moraes conduce toda la investigación, ajusta los testimonios, arresta sin denuncia, lanza redes para pescar posibles pruebas y tiene una asesoría bastante creativa”, dijo en sus redes sociales.

En paralelo a la conspiración en los despachos, también se buscó forzar el golpe en la calle.

Esta misma semana, la Policía detuvo a cuatro militares y a un policía acusados de idear un plan para el magnicidio de Lula, el vicepresidente Geraldo Alckmin, y el propio De Moraes.

El objetivo, según la investigación, era asesinar a los tres y crear un “comité de crisis” militar. Los planes barajaban el envenenamiento como forma de segar la vida del presidente.

Uno de los arrestados en esa operación fue el general retirado Mario Fernandes, quien figura en la lista de denunciados divulgada hoy por la Policía.

En esos meses convulsos, también hubo bloqueos de carreteras, campamentos frente a cuarteles pidiendo una “intervención militar” y graves disturbios en Brasilia, incluyendo un intento de atentado con explosivos en un camión cisterna cerca del aeropuerto de la capital brasileña.

El colofón ocurrió el 8 de enero de 2023, una semana después de la investidura de Lula, cuando miles de activistas de ultraderecha asaltaron las sedes del Supremo, el Congreso y la Presidencia, con la intención de incitar a los militares a derrocar a Lula.

MM con información de la agencia EFE.