Con velocidad récord de 26 segundos, la Cámara de Diputados del Congreso federal brasileño votó el miércoles 16 a favor del tratamiento urgente de un Proyecto de Ley que de un mínimo de 3 años eleva a 20 la pena de prisión para las mujeres que hubieran interrumpido su embarazo más allá de la 22ª semana de gestación y fueran condenadas por aborto. El Código Penal brasileño tipifica la interrupción voluntaria del embarazo como delito. La conducta no es culpable en los casos de violación, de grave riesgo de salud para la gestante, y de malformación degenerativa actual o irreversible del feto.

Un Proyecto de Ley que iguala Aborto con Homicidio

La iniciativa del diputado carioca Sóstenes Cavalcante, del Partido Liberal (PL, que prestó el sello a Jair Messias Bolsonaro para su candidatura presidencial infructuosa de 2022) iguala en su texto la escala penal del homicidio y la del aborto. Pero sólo para la madre, y si el procedimiento de interrupción del embarazo era realizado a partir de la 22ª semana de gestación. A un homicida y a una mujer que abortó cabía la misma pena. Las penas de cárcel previstas en el Código Penal de 1940 no se aumentaban para el violador, en cambio, en el Proyecto de Ley 1904 de junio de 2024.

Después de una semana de atropellado entusiasmo de diversos líderes de la derecha partidaria y extrapartidaria, confesional y laica, el martes los diarios brasileños comunicaban en sus portadas con desconcertada unanimidad que las jefaturas de bancada en la Cámara de Diputados descartaban una pronta votación del PL y dudaban de la futura buena fortuna legal del texto legal. El motivo estaba en el reflujo de la opinión pública. En este reflujo habría resultado decisiva la decisión del gobierno y del presidente Luiz Inácio Lula da Silva de esperar antes de pronunciarse, y de abstenerse de militar, aquí, en todo conflicto de 'guerra cultural' entre abortistas y antiabortistas.

El presidente reiteró su conocida postura de oposición al aborto. Sin reiterar detalles sobre si se opone a la despenalización o a la legalización. Pero aseguró que esto no pesaba sobre su opinión sobre “la insania” manifiesta del texto legal propuesto. Y a la injusticia de igualar el aborto al homicidio, y de castigar con cárceles seis o siete veces más prolongadas a una madre violada que a un violador.

Una defensa muy oportunista del derecho eterno a la vida

La fecha y el momento de la presentación del diputado liberal carioca respondían sólo muy lejanamente, pero no por ello menos firmemente, a un general reverdecer de las derechas. Eran la respuesta a una decisión de Alexandre de Moraes, el juez del Supremo Tribunal Federal (STF) más aborrecido por los bolsonaristas, que dejaba sin efecto una resolución del Consejo Nacional de Medicina (CNM) que restringía el procedimiento de asistolia fetal recomendado por la OMS a las 22 primeras semanas de gestación en el caso de mujeres violadas y por tanto fijando en la semana 23 el paso de lo legal a lo ilegal.

La propuesta buscaba, ante todo, exhibir al juez de la Corte Suprema brasileña como partidario de un procedimiento juzgado ‘cruel’ por quienes se llaman pro-vida. La sentencia monocrática de Moraes no significaba apoyo ninguno para el procedimiento. U opinión sobre él. Su urgencia tenía otro origen: no corresponde al CNM decidir cuándo empieza un delito, sino a la Ley del Estado.

El gobierno brasileño cuenta con una alianza táctica con Arthur Lira, diputado del nordestino estado de Alagoas por el partido Progresistas (PP, derechista), líder del Centrão de partidos de derecha y extrema derecha con representación en las Cámaras pero sin candidaturas presidenciales,  y desde febrero de 2021 presidente de la Cámara baja del Congreso de Brasilia. Lira habría promovido la votación urgente del proyecto de la ley que endurecía el castigo para el aborto, a cambio, aparentemente, de un preacuerdo con las bancadas evangélicas del Centrón acerca de quién será su sucesor en la presidencia de la Cámara baja en 2025.

Dónde estaba alojada la crueldad

La reacción del oficialismo y del presidente Lula se hizo esperar. La dilación le fue reprochada al Ejecutivo desde el Partido de los Trabajadores (PT) y desde la izquierda a la izquierda del PT que también se sienta en Diputados. Finalmente, sin embargo, tanto la espera como el foco elegido contribuyeron una y otra a la toma de distancia del Congreso con el proyecto. Una ley que buscaba apoyos, y hostilidad contra la Justicia y el Ejecutivo, por denunciar su complicidad con un procedimiento cruel, los perdió al revelarse la crueldad y la injusticia que se derivarían de votarse en sus propios términos.  

AGB