Estados Unidos revocó la visa del fiscal general de Bolivia, Roger Mariaca, quien tiene bajo su órbita la investigación contra el consultor argentino Fernando Cerimedo, detenido en ese país por el ataque contra Nadia Beller. Washington acusa al funcionario judicial de haber aceptado sobornos para facilitar el narcotráfico y ayudar a delincuentes violentos a eludir a la Justicia. Mariaca rechazó las imputaciones, reclamó respeto por la soberanía boliviana y advirtió que la decisión no modificará el curso de las causas que lleva adelante el Ministerio Público.

“No retrocederé ni un centímetro de las investigaciones que corresponden a mi gestión”, aseguró el fiscal al responder a la medida estadounidense. Entre los expedientes que mencionó se encuentra precisamente el que involucra a Cerimedo, una causa que adquirió especial relevancia en la Argentina por los vínculos del consultor y fundador de La Derecha Diario con el presidente Javier Milei y otros espacios de la derecha regional.

Mariaca fue todavía más explícito al rechazar cualquier condicionamiento externo. “Cooperación, sí; injerencia, no. Diálogo, sí; imposición, no. Respeto entre Estados, sí; interferencia en nuestras instituciones, no”, afirmó durante una conferencia de prensa transmitida a nivel nacional.

La sanción forma parte de una medida más amplia de la administración de Donald Trump contra funcionarios, exfuncionarios y sus familiares de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. En total, Estados Unidos anunció restricciones de visa contra 27 personas a las que vincula con hechos de corrupción, narcotráfico o acciones destinadas, según Washington, a socavar gobiernos elegidos democráticamente.

En el caso de Mariaca, el Departamento de Estado lo acusa de haber abusado de sus cargos públicos para “solicitar y aceptar sobornos” destinados a facilitar el narcotráfico y ayudar a criminales violentos a evadir a la Justicia. La administración Trump sostuvo además que esas acciones perjudican su ofensiva regional contra el denominado “narcoterrorismo”.

El fiscal, elegido en 2024 para un mandato de seis años, dijo haber recibido “con mucha sorpresa” la noticia y señaló que Estados Unidos no dio a conocer públicamente las pruebas que sustentan las acusaciones. El gobierno de Rodrigo Paz anunció que solicitará a Washington información y elementos probatorios para determinar si corresponde abrir investigaciones en Bolivia.

La reacción de Mariaca puso a la vez el foco sobre el momento en que se conoció la sanción. El fiscal tiene a su cargo investigaciones de fuerte impacto político en Bolivia y, al defender su actuación, sostuvo que su trabajo “no ha sido del agrado de determinados sectores políticos, tanto fuera como dentro” del país.

Una de esas investigaciones es la que alcanza a Cerimedo, actualmente detenido en el penal de Chonchocoro. El argentino está acusado en la causa por el ataque contra Nadia Beller y es investigado además por otros presuntos delitos vinculados con su actuación en Bolivia.

Cerimedo construyó durante los últimos años una red de relaciones con espacios de derecha y ultraderecha de distintos países de América Latina. En la Argentina estuvo vinculado políticamente a Milei y se convirtió en una figura relevante de su estrategia de comunicación digital. Es además fundador de La Derecha Diario.

La Fiscalía boliviana tiene en sus manos otros expedientes que generaron repercusión política. Entre ellos aparece el denominado caso de las “narcomaletas”, relacionado con equipaje llegado desde Estados Unidos y cuyo contenido es materia de investigación, además de causas vinculadas con combustibles.

El medio boliviano REDD TV señaló, a partir de la sanción, que hasta ahora no se conocen públicamente las pruebas que Estados Unidos asegura tener contra Mariaca y planteó interrogantes sobre una eventual relación entre la decisión de Washington y las investigaciones pendientes en la Fiscalía. No existen, sin embargo, elementos públicos que permitan establecer que la medida estadounidense esté vinculada con la causa Cerimedo o con alguno de esos expedientes.

El gobierno boliviano evitó por el momento sacar conclusiones en ese sentido. El ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, calificó de “muy graves” las acusaciones estadounidenses y anunció que se pedirán los elementos que las sustentan. El ministro de Gobierno, Marco Oviedo, informó además que se investigará la situación de los ciudadanos bolivianos alcanzados por las restricciones.

Mariaca, por su parte, insistió en que continuará en el cargo y que la revocación de una visa no puede condicionar las atribuciones constitucionales de la Fiscalía. Y eligió la causa que involucra al argentino para dejar en claro que, al menos de su parte, la sanción de Washington no cerrará ningún expediente: el caso Cerimedo, aseguró, seguirá adelante.