España vive una huelga general inédita por el derecho a la vivienda y los sueldos dignos

Este 11 de noviembre pasará a la historia como el 11N, una huelga general en España inédita por la crisis habitacional, impulsada por el Sindicato de Inquilinas y respaldada por la mayoría de los sindicatos. Un “basta ya” de la clase trabajadora que salió a las calles tras el desalojo de Maricarmen, de 87 años, hoy fallecida. “Luchad, defended lo que es vuestro”, dijo la mujer en su último video. Este miércoles, todos los trabajadores y trabajadoras están convocados a parar en reclamo del derecho a la vivienda y de salarios dignos, así como a participar en las movilizaciones convocadas en todo el país. Y, dentro de unas semanas, a votar en las urnas el futuro gobierno de España.

La huelga general del 11N, de 24 horas y a la que están convocados trabajadores del sector público y privado, es la mayor convocatoria de este tipo en 14 años, desde la realizada en noviembre de 2012, contra los recortes y las políticas de ajuste del gobierno de Mariano Rajoy. En esta década y media, se destacan las huelgas feministas de 2018 y 2019, que también surgieron del movimiento feminista en las calles y se extendieron a los lugares de trabajo, aunque entonces no contaron con el mismo respaldo de los sindicatos mayoritarios.

Ahora, el movimiento social de inquilinos y por el acceso a una vivienda digna consiguió el respaldo a una huelga laboral de 24 horas tanto de CCOO y UGT, las principales centrales sindicales a nivel estatal, como de otros sindicatos mayoritarios de distintas regiones (como la CIG gallega y ELA en el País Vasco) y organizaciones minoritarias, como CGT, CNT, la Confederación Intersindical, Solidaridad Obrera, Unión de Actores y Actrices y CO.BAS, entre otros.

Con los primeros piquetes durante la noche del martes, los sindicatos llevan semanas trabajando contra reloj para organizar la huelga y tratar de movilizar a los trabajadores para que no concurran a sus puestos este miércoles.

Otros sindicatos, como CSIF, USO, Fetico y ANPE, entre otros, no respaldan la huelga, principalmente por su cercanía con la convocatoria electoral.

Las elecciones previstas para el 29 de noviembre, dentro de unas semanas, que provocaron que el PP y Vox se volcaran contra la movilización, son uno de los elementos que hacen de esta huelga una convocatoria atípica, aunque no el único. El impulso de la medida de fuerza responde principalmente a un problema económico y social, no estrictamente laboral: la crisis habitacional.

Un monstruo de muchas caras que, con sus precios desbocados, afecta cada vez a más personas. También a trabajadores que tienen más de un sueldo en el hogar e incluso consiguen aumentos salariales, pero que resultan insuficientes frente a alquileres y precios de compra que crecen mucho más.

Esa indignación del “no me llega”, que sienten cada vez más trabajadores y trabajadoras, y que identifican de manera clara con el problema de la vivienda, también se explica por unos salarios bajos muy extendidos en España y que, aunque suben, no lo hacen “tanto como deberían”, denuncian las organizaciones de trabajadores dado el contexto actual de beneficios empresariales récord.

En la preparación de la huelga del 11N, los sindicatos y las Inquilinas trabajaron en paralelo para generar conciencia y movilización. El objetivo es ponerle nombre, apellido y contexto a la indignación por la vivienda que llenó las calles durante el último mes, con manifestaciones y acampes, y que ahora buscan trasladar al ámbito laboral para paralizar el país —al menos de manera significativa— y exigir un cambio de rumbo en las políticas habitacionales, un refuerzo de los servicios públicos y un aumento de los salarios, especialmente los más bajos.

La huelga del 11N pretende ser un llamado a la acción que involucre a distintos actores. Entre ellos, al próximo gobierno que surja de las urnas el 29N, pero también a los gobiernos de las distintas comunidades autónomas, que tienen amplias competencias en materia de vivienda y servicios públicos, y a los municipios.

“El problema de la vivienda no lo va a solucionar una boleta en unas elecciones, es necesario un poder popular fuerte para conquistar derechos”, explicó a este medio Alicia del Río, vocera del Sindicato de Inquilinas. Parte del éxito del 11N, insisten sus convocantes, consiste en haber instalado en el debate público el problema de la vivienda y el deterioro de las condiciones de vida de millones de trabajadores y trabajadoras en España.

Los organizadores de la huelga reclaman una serie de medidas, entre las que se destaca un mayor papel del Estado y del sector público en el mercado de la vivienda. También exigen medidas para frenar la especulación inmobiliaria.

“Hay que construir y movilizar viviendas vacías, y lograr que en España haya un millón y medio, dos o tres millones de viviendas a las que la gente pueda acceder a precios asequibles, lo que además empujaría a la baja los precios del mercado”, explicó Unai Sordo, secretario general de CCOO, hace unos días en una entrevista con elDiario.es.

“La vivienda afecta a todo el mundo. A unos, directamente, y a otros porque afecta a sus hijos, a sus nietos. Hay un consenso muy amplio de que este es el momento de decir 'hasta acá llegamos'”, sostuvo Pepe Álvarez, secretario general de UGT, en diálogo con este medio.

Tal como fue concebida, la huelga del 11N busca conquistar las calles, con numerosas manifestaciones convocadas para el miércoles. Los sindicatos mayoritarios prevén un paro laboral “importante”, en palabras de Unai Sordo. Más de 3.600 comités de empresa adhirieron a la huelga, lo que supone que numerosos lugares de trabajo detendrán o reducirán su actividad. Sin embargo, también advierten que ya no estamos ante la España de los años 80, cuando las huelgas generales paralizaban por completo la actividad productiva.

La previsión es que los sectores industriales registren un alto nivel de acatamiento, como en el caso de la industria automotriz, y que el comercio adhiera al paro más que en otras ocasiones, ante un problema de los alquileres que también afecta a los locales comerciales. El Sindicato de Inquilinas y CGT denunciaron este martes la imposición de “servicios mínimos” abusivos en varios territorios para “vaciar” la huelga y advirtieron que podrían presentar recursos judiciales.

Los convocantes también señalan que el acatamiento podría ser más desigual entre las distintas regiones que en otras huelgas generales —como las realizadas contra los recortes en las jubilaciones o las reformas laborales—, ya que el problema de la vivienda afecta más a las ciudades y a las zonas más presionadas por el turismo que a otras regiones.

En cualquier caso, las Inquilinas y los sindicatos ponen el foco en lograr manifestaciones “masivas” en las calles de todo el país, que envíen un mensaje claro y contundente a los responsables políticos y empresariales. Se trata de expresar una nueva conciencia social que exige que se garantice —de verdad— el derecho a la vivienda reconocido en la Constitución y que no se resigna a vivir peor en un mundo que crece, sino que reclama su parte de la riqueza. El 11N es “el principio”, advierten los sindicatos y las Inquilinas, no el final.

elDiario.es